La Policía registra el gigante de hidrocarburos al que el Gobierno reclama 119 millones de euros

La Policía Nacional ha iniciado el registro de la sede de Biomar Oil S.L., empresa dedicada al sector de hidrocarburos, desde primera hora del martes bajo la acusación de un presunto fraude de 280 millones de euros. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detenido a seis personas vinculadas a la compañía en el marco de una operación de la Audiencia Nacional, según ha confirmado EL PAÍS.

Detalles de la operación y la investigación

Los agentes de la UDEF irrumpieron esta mañana en las instalaciones de Biomar Oil S.L. en una diligencia supervisada por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado Antonio Piña. La investigación, iniciada a principios de año y mantenida bajo secreto, se centra en una presunta operativa fraudulenta que habría consistido en la omisión del pago del IVA en la venta de hidrocarburos y en una supuesta trama de blanqueo de capitales mediante la adquisición de automóviles de lujo y relojes.

Los cargos que se investigan incluyen organización criminal, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. Entre los detenidos se encuentran el director financiero, el responsable de contabilidad y otras tres personas relacionadas con la empresa; sin embargo, sólo tres de los arrestos serán puestos a disposición judicial el miércoles. Además, la autoridad judicial ha autorizado ocho registros adicionales, cuyos resultados aún no se han hecho públicos.

Biomar Oil mantiene una deuda con la Agencia Tributaria de 119,1 millones de euros. En 2024, el Ministerio de Transición Ecológica decidió inhabilitar a la compañía como operadora de hidrocarburos tras detectar supuestas irregularidades en la mezcla de combustibles, concretamente el incumplimiento de la obligación de incorporar el porcentaje de biocarburantes exigido por la normativa.

La directora del área correspondiente, Sara Aagesen, señaló que la empresa no pudo demostrar que su combustible cumplía con el requisito de contenido verde, lo que habría originado la considerable deuda fiscal.

En respuesta, Biomar Oil interpuso una querella contra el subdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica, José Luis Cabo, alegando prevaricación. La entidad sostenía que sí había cumplido con la normativa y que la sanción impuesta era desproporcionada. El caso se abrió en el Juzgado de Instrucción número 26, donde Cabo tuvo que declarar, pero finalmente se archivó. Actualmente, la querella está pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial de la capital.

La empresa se encuentra bajo intervención judicial del Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona, que ha declarado su concurso de acreedores, según fuentes cercanas a la compañía.

Este caso vuelve a poner en la agenda pública los fraudes en el sector de los hidrocarburos, un tema que cobró notoriedad el año pasado cuando la Guardia Civil detuvo al empresario y comisionista Víctor de Aldama, acusado de liderar una trama de corrupción que habría defraudado al fisco en más de 182 millones de euros.