Organizaciones sociales reclaman ante el Congreso que se prorrogue la moratoria antidesahucios para inquilinos vulnerables

Este martes, alrededor de cuarenta representantes de distintas organizaciones sociales pro‑vivienda se congregaron frente al Congreso de los Diputados para exigir la prórroga de la moratoria antidesahucios que fue aprobada durante la pandemia y que expirará el próximo 31 de diciembre.

Los manifestantes solicitan no solo que se extienda la suspensión de los desahucios por impago de alquiler a hogares vulnerables más allá del plazo actual, sino que dicha medida quede establecida “sine die”. Según sus estimaciones, la moratoria protege a unas 60.000 familias que podrían quedar sin techo si se levantara.

Exigencias de los colectivos

El conglomerado de asociaciones, que incluye a la Plataforma de Afectos por la Hipoteca (PAH), varios sindicatos de inquilinos, Amnistía Internacional y otras entidades, anunció que entregará un manifiesto a los portavoces de vivienda de los principales partidos políticos, con el objetivo de reunirse a lo largo de la semana.

En el Ministerio de Vivienda, el secretario de Estado, David Lucas, señaló que el “escudo social” se ha mantenido desde 2020 mediante sucesivas prórrogas motivadas por la COVID‑19, la guerra en Ucrania y la inflación. Sin embargo, advirtió que la diversidad del arco parlamentario dificulta la aprobación de nuevas medidas y que, en materia de vivienda, el Gobierno ha preferido recurrir a mecanismos que eviten el trámite parlamentario por su complejidad.

La moratoria para desahucios vinculados al impago de alquiler se aprobó en 2020 y ha sido prorrogada varias veces. La última extensión se realizó mediante el Real Decreto‑ley 9/2024, de 23 de diciembre, que mantiene la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025. En mayo del año pasado, el Consejo de Ministros propuso una prórroga hasta el 15 de mayo de 2028 para los desahucios hipotecarios de deudores vulnerables, medida que ya lleva vigente (con prórrogas sucesivas) desde 2013 bajo gobiernos del PP.

La PAH había pedido entonces que la medida se hiciera permanente, y ahora repite la solicitud en relación con los desahucios de inquilinos vulnerables. “Queremos que esta moratoria deje de ser una medida coyuntural y que no tengamos que esperar cada año para ver si se aprueba”, denunció Paco Morote, portavoz de la plataforma. “Exigimos que se convierta en una norma estructural mientras dure la emergencia habitacional y mientras los poderes públicos no garanticen una vivienda alternativa digna”.

Marta Mendiola, responsable del área de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medioambientales de Amnistía Internacional, recordó que España ha ratificado tratados internacionales que obligan al Estado a adoptar todas las medidas posibles para evitar desalojos. “Si finalmente se produce un desahucio, siempre debe existir una alternativa habitacional digna”, añadió.

Según datos del Observatori DESCA, plataforma y centro de derechos humanos fundado en 1998 con sede en Barcelona, sólo el 2 % de las familias desalojadas reciben una solución de alojamiento temporal y apenas el 3 % acceden a una vivienda social, a pesar de la obligación de las administraciones públicas de ofrecer una alternativa.

Frente a esta situación, los colectivos exigen que la moratoria se prorrogue el tiempo necesario para diseñar e implementar un plan de actuación urgente que garantice el mantenimiento en la vivienda. Proponen, entre otras medidas, la creación de fondos vinculados al Plan Estatal de Vivienda, la activación de los instrumentos de tanteo y retracto para movilizar viviendas privadas en manos de grandes tenedores, y la puesta a disposición de los inmuebles de la Sareb, sobre todo ante la inminente venta de grandes carteras de viviendas por parte de fondos de inversión.

El manifiesto está firmado por la Plataforma de Afectos por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Catalunya, Amnistía Internacional España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN‑ES), FACUA‑Consumidores en Acción, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, RED ACOGE, UGT, CC OO, la Confederación Intersindical, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), la Taula del Tercer Sector de Catalunya, el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), el Observatori DESCA, El Rogle Cooperativa Valenciana, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), Entrebarris, el Irídia – Centre per la defensa dels drets humans, La Garbancita Ecológica, la Asociación Multicultural de Mazagón (Huelva) y la Senda de Cuidos (Madrid).