La comisión que evalúa la eutanasia en Cataluña estalla contra la ofensiva ultracatólica: Quieren meternos miedo

La asociación ultracatólica Abogos Cristianos ha conseguido, tras varios años de actuación judicial, paralizar el caso de Noelia, la joven de 24 años con paraplejia que solicita la ayuda para morir. La jueza del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó en marzo de 2024 que la eutanasia solicitada por Noelia era legal, al considerar que la paciente está en pleno uso de sus facultades mentales y que su sufrimiento es “grave, crónico e imposibilitante”. No obstante, el recurso de casación interpuesto por la asociación ha impedido que la intervención se lleve a cabo, y la joven sigue recibiendo atención en el centro sociosanitario de Sant Pere de Ribes (Barcelona).

En paralelo, Abogos Cristianos ha cruzado un nuevo “rubicón”: ha logrado que el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona abra una investigación penal contra dos miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), el órgano independiente encargado de velar por la correcta aplicación de la normativa de eutanasia caso a caso.

Investigación penal contra miembros de la CGAC

La denuncia, presentada inicialmente contra seis personas y finalmente depurada a dos, acusa a los profesionales –un médico y una jurista– de falsedad en documento público y prevaricación administrativa. La magistrada Eva Moltó ha admitido la querella a trámite, por lo que en breve se escucharán a los investigados. Los acusados fueron los vocales sustitutos que, en el proceso de evaluación de la solicitud de Noelia, firmaron un informe discrepante para que el pleno de la CGAC pudiera pronunciarse con mayor garantía.

Según el presidente de la CGAC, Albert Tuca, el informe preliminar de la dupla médico‑jurista puede ser “favorable o desfavorable, pero no ambiguo”. En casos complejos, como el de Noelia, la normativa permite que un informe discrepante sea elevado al pleno, donde los 19 miembros discuten y emiten un dictamen definitivo. El pleno aprobó, por unanimidad, el informe favorable el 15 de julio de 2024 y programó la eutanasia para el 2 de agosto, aunque el recurso presentado por Abogos Cristianos suspendió la intervención.

La presidenta de Abogos Cristianos, Polonia Castellanos, ha calificado la firma de los vocales como una “falsificación de informe” y ha prometido “hacer todo lo posible para que la eutanasia no se lleve a cabo”. La asociación sostiene que la actuación de la CGAC vulnera la legalidad y que la persecución penal es necesaria para proteger la vida.

Los miembros de la CGAC y diversos profesionales de la salud han condenado la querella. Núria Terribas, vocal de la comisión, la ha calificado de “maniobra sucia” que busca “hacer ruido mediático” y retrasar la decisión del Tribunal Supremo. Albert Planes, oncólogo y experto en cuidados paliativos, ha recordado que la compasión es un valor central del cristianismo y ha denunciado que la ofensiva de Abogos Cristianos “no tiene en cuenta el dolor de la paciente ni de su familia”.

Planes ha comparado la actual campaña contra la eutanasia con las antiguas batallas contra el divorcio y el aborto, señalando que el uso de la vía penal contra profesionales que aplican la ley genera un clima de inseguridad que puede disuadir a futuros miembros de la CGAC de participar en el proceso de valoración.

En 2023, 766 personas solicitaron la ayuda para morir en toda España, de las cuales 358 lo hicieron en Cataluña, según los datos de la propia Comisión de Garantía y Evaluación.