La crisis de los desaparecidos escala el pulso de México contra la ONU

El Gobierno de México ha entrado en un enfrentamiento con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) después de que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) decidiera escalar la crisis de desapariciones en el país a la Asamblea General del organismo multilateral. El conflicto tiene raíces tanto semánticas como políticas.

Tras la publicación del informe del CED la semana pasada, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que las desapariciones en México puedan calificarse como “desapariciones forzadas” o “crímenes de lesa humanidad”. El argumento oficial se basa en que no existe una política de exterminio patrocinada por el Estado, como ocurrió durante la llamada “Guerra Sucia”. Además, el gobierno criticó las conclusiones del comité al señalar que se fundamentan en una revisión parcial de casos y periodos que, según la autoridad mexicana, no corresponden a los gobiernos de Morena.

Reacciones oficiales y postura del Comité

Las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores emitieron un comunicado calificando la resolución del CED de “tendenciosa”, “carente de rigor jurídico”, “parcial” y “sesgada”. Aseguraron que el informe no reconoce las medidas adoptadas por la administración de Sheinbaum para enfrentar la problemática, en contraste con la supuesta inacción de gobiernos anteriores del PRI y el PAN. “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, hemos iniciado una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”, se lee en el comunicado.

En defensa del trabajo del comité, Enrique Ochoa, subsecretario de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos, describió la cooperación de México con el CED como “ejemplar e inmensa”, pero acusó al organismo de “exceder su mandato” al ampliar indebidamente la definición de desaparición forzada y presentar un informe con supuesta falta de rigor jurídico.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) adoptó una postura aún más dura, descalificando a las ONG que aportaron información al comité y acusándolas de “manipular demandas en materia de derechos humanos” y de buscar lucro. La CNDH sostuvo que la desaparición forzada por parte de funcionarios federales ha disminuido desde 2018 y que el CED ignora los efectos de la guerra contra el narcotráfico iniciada bajo el expresidente Felipe Calderón, minimizando los “proyectos de transformación política” de los últimos años.

Luisa María Alcalde, delegada de Morena en la Ciudad de México, también criticó la resolución del comité, afirmando que clasifica indebidamente como desapariciones forzadas los casos en los que el Estado no interviene. “Un informe que no diferencia con precisión la responsabilidad estatal de otras formas de violencia, como desapariciones vinculadas al crimen organizado, debilita el instrumento internacional y dificulta respuestas efectivas”, declaró. Además, destacó que el nuevo recuento oficial reduce a poco más de 43,000 los casos que están directamente vinculados al delito, lo que representaría un tercio del total.

Juan Pablo Albán, presidente del CED, respondió a las críticas oficiales asegurando que el informe no está limitado a un periodo concreto y que la creciente cantidad de desaparecidos en los registros oficiales es un indicio de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin evidenciar una tendencia a la baja. También advirtió sobre el agravamiento de la crisis forense: a inicios de 2026 se estimaban alrededor de 72,000 restos humanos sin identificar, frente a los 52,000 registrados en 2021, año en que el comité realizó su visita de campo.

El abogado especializado en derecho internacional, Moisés Montiel, explicó que el análisis del CED indica claramente una “crisis endémica” de desapariciones en México y que el Estado ha sido omiso en abordar el problema, tanto en la localización de víctimas vivas como en la identificación de restos y en la dotación de recursos para revertir el patrón de impunidad. Montiel señaló que escalar el asunto a la Asamblea General genera un “costo reputacional” para el gobierno de Sheinbaum, pero que la obligación internacional de México, derivada de la ratificación en 2008 de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, lo obliga a comparecer ante la asamblea y justificar que no se practican desapariciones de manera generalizada con aquiescencia estatal.

El jurista añadió que el daño a la reputación del país puede ser un incentivo para que las autoridades actúen con mayor vigor, sobre todo en un año crucial que incluye la organización del Mundial de Fútbol y la expectativa de inversión extranjera. “¿Se otorgarán esas inversiones si persisten las condiciones de inseguridad física en el territorio?”, cuestionó.