España, Alemania, Italia, Austria y Portugal piden a Bruselas un impuesto a los beneficios de las energéticas

Los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal han solicitado formalmente a la Comisión Europea la creación de un nuevo tributo coordinado sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. La iniciativa, presentada en una carta fechada el 3 de abril, busca atenuar el impacto económico derivado del encarecimiento del petróleo tras la escalada bélica en Oriente Próximo y el conflicto con Irán.

En la misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS/Cinco Días, los responsables de las carteras de Finanzas de las cinco potencias europeas instan al comisario de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, a desarrollar un marco legal sólido para gravar esas rentas inesperadas del sector energético. El objetivo declarado es evitar que el coste de la crisis recaiga exclusivamente sobre los consumidores y los presupuestos públicos.

Una propuesta basada en precedentes de la UE

Los firmantes –Carlos Cuerpo (España), Giancarlo Giorgetti (Italia), Joaquim Miranda Sarmento (Portugal), Lars Klingbeil (Alemania) y Markus Marterbauer (Austria)– fundamentan su petición en el Reglamento (UE) 2022/1854, la contribución temporal de solidaridad adoptada en 2022 para hacer frente a la crisis de precios provocada por la invasión rusa a Ucrania. Dicha normativa estableció una carga del 33 % sobre los beneficios de las petroleras y gasistas que superaran en más de un 20 % la media de los cuatro años anteriores.

Los ministros sostienen que la actual volatilidad del mercado, impulsada por las tensiones geopolíticas, genera distorsiones que requieren una intervención comunitaria inmediata. Proponen, además, que la Comisión estudie la inclusión de los beneficios obtenidos en el extranjero por las multinacionales del sector, con el fin de captar de manera más eficaz el excedente de capital generado por sus operaciones globales durante el conflicto.

La solicitud se produce tras la reunión del Eurogrupo del 27 de marzo, donde se debatió la necesidad de proteger la estabilidad fiscal ante las restricciones presupuestarias. Según el documento, los ingresos que se pudieran recaudar con este nuevo impuesto servirían para financiar medidas de alivio a los consumidores y contener la inflación sin aumentar el déficit de los presupuestos nacionales.

La Comisión Europea ha manifestado su disposición a examinar la propuesta de forma acelerada, en un contexto en que el precio del barril de crudo mantiene una tendencia alcista debido a la inestabilidad de las rutas de suministro globales. Se espera que los servicios técnicos de Bruselas evalúen la base jurídica del instrumento en las próximas semanas.

En España, la intervención del Gobierno ha permitido reducir los precios de los carburantes tras la escalada provocada por el conflicto con Irán. Según el último Boletín Petrolero de la UE, el precio medio del litro de gasolina se sitúa en 1,557 €, lo que supone una bajada de 17 céntimos respecto a la semana anterior, mientras que el gasóleo cotiza a 1,777 €, con una disminución de 11 céntimos. Estas rebajas responden al paquete de choque que incluye la reducción del IVA de los combustibles del 21 % al 10 % y la disminución del impuesto especial sobre hidrocarburos, medidas cuyo coste total se estima en 5.000 millones de euros.

Los analistas coinciden en que la bonificación tributaria ha contribuido a moderar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que se situó en el 3,3 %, una cifra que habría sido considerablemente más alta sin la intervención directa sobre la fiscalidad energética.