Yolanda Díaz acelera la ley para proteger a los denunciantes de corrupción en las empresas

La corrupción política vuelve a ser el centro del debate público. En los últimos meses, los casos que más preocupan a la ciudadanía son los que involucran al PSOE, con la imputación de corrupción a sus dos últimos exsecretarios de Organización. También aparecen en la conversación los nombres de empresas presuntamente implicadas, como la constructora Acciona. En este contexto, el Ministerio de Trabajo avanza con una normativa que pretende abordar estas situaciones.

El Departamento encabezado por Yolanda Díaz ha puesto a consulta pública un anteproyecto de ley que busca proteger a los empleados de empresas que denuncien prácticas corruptas, garantizando que no puedan ser despedidos por ejercer su derecho a la denuncia. Según la iniciativa, los despidos motivados por esta causa serían declarados nulos.

Principales cambios propuestos al Estatuto de los Trabajadores

La reforma de Díaz modificaría varios artículos del Estatuto de los Trabajadores, la norma principal que regula las relaciones laborales en España. En los apartados que establecen mecanismos de protección para el trabajador, se especifica que dicho escudo debe extenderse a “las personas trabajadoras que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”.

Entre las modificaciones más relevantes destaca la propuesta de alterar el artículo 4, que regula los derechos del trabajador. Si la reforma prospera, el Estatuto reconocerá el derecho del empleado a no ser discriminado no solo por motivos ya contemplados (discapacidad, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, etc.), sino también “con ocasión de una revelación o presentación de información o comunicación conforme a lo previsto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”.

La referencia a la Ley 2/2023, aprobada en 2023, es constante en el anteproyecto. Esa norma trasplanta al ordenamiento español la directiva comunitaria sobre la materia y ya impone una serie de obligaciones a las empresas para proteger a los informantes, como la obligatoriedad de habilitar canales de denuncia anónimos. El anteproyecto ampliaría esas obligaciones, que actualmente se aplican a compañías con más de 50 empleados, a todas las empresas, sin importar su tamaño.

El punto clave de la iniciativa del Ministerio de Trabajo es que la extinción del contrato o el despido del empleado se declare nulo si está relacionado con la revelación de infracciones corporativas. La medida también abarcaría los periodos de prueba: la resolución del contrato durante este lapso sería “nula” si se produce “con ocasión de una revelación o presentación de información o comunicación” que exponga prácticas corruptas en la empresa.

Asimismo, se prohibirían las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable o represalia contra los trabajadores como reacción a una denuncia o a una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación, o a la revelación de información sobre corrupción.

El preámbulo del anteproyecto sostiene que “resulta necesario reforzar las garantías de indemnización de la persona informante en el ámbito laboral, mediante la modificación de los preceptos correspondientes contenidos en el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, pues el sistema quedaría enormemente debilitado si su respuesta se circunscribe a garantizar únicamente la percepción de la indemnización prevista para el despido improcedente”. En otras palabras, el Ministerio considera que la normativa permitirá proteger de forma más eficaz a los empleados denunciantes y evitará que la única respuesta ante una acusación de corrupción sea el despido con la indemnización máxima.

Yolanda Díaz ya había anunciado en octubre su intención de acelerar esta reforma. “Vamos a hacer una reforma integral del despido para evitar lo que ha practicado el Partido Popular, para evitar las represalias ante denuncias de corrupción. Espero contar con el voto del PP, que está tan preocupado por la corrupción”, declaró en el Senado al responder a una pregunta del principal grupo de la oposición durante una sesión de control al Gobierno.

Al tratarse de un anteproyecto de ley, su aprobación depende del respaldo de la mayoría parlamentaria. La última iniciativa del Ministerio de Trabajo que buscaba reducir la jornada laboral ordinaria de 40 a 37,5 horas se estrelló por el rechazo del PP, Vox y Junts. Este grupo catalán, que apoyó la investidura de Pedro Sánchez, rompió el acuerdo hace un mes tras una consulta a sus bases por una serie de “incumplimientos”. El presidente del Gobierno intentó este martes acercarse a Junts impulsando algunas de esas medidas comprometidas, pero el bloque catalán sigue mostrando desconfianza.