Hacienda inicia una oleada de regularizaciones en las estructuras que venden créditos fiscales a empresas e inversores

En los últimos meses la Dirección General de Tributos ha intensificado el control sobre las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), una forma jurídica poco conocida para el público general pero muy utilizada en sectores como la investigación científica, la producción audiovisual y los espectáculos culturales en vivo. El objetivo de la Agencia Tributaria es frenar la proliferación de esquemas que emplean estas entidades para trasladar créditos fiscales –pérdidas que pueden compensarse en la liquidación del impuesto– a empresas e inversores de manera abusiva, inflando deducciones y generando rentabilidades desproporcionadas.

En el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2025, publicado en marzo, la propia Agencia ya señalaba que la vigilancia del uso indebido de las AIE sería una prioridad. Ante el aumento de irregularidades detectadas, ha elevado el número de intervenciones para intentar contener la práctica.

¿Cómo funcionan las AIE y por qué se convierten en vehículos de fraude?

Las AIE surgieron como instrumentos de colaboración entre varias compañías con el fin de facilitar el desarrollo conjunto de determinadas actividades, especialmente la investigación, el desarrollo e innovación (I+D+i), la producción cinematográfica y las artes escénicas. La normativa preveía ventajas fiscales para estimular estos sectores, aunque en la práctica la mayoría de los beneficios fiscales solo se pueden aplicar cuando la entidad genera beneficios, algo que puede tardar años.

Este retraso ha abierto la puerta a que muchas AIE, en la actualidad, se utilicen como “vehículos” para vender o trasladar créditos fiscales desde los contribuyentes que los generan (pero que no pueden aprovecharlos) a aquellos que sí pueden hacerlo, a cambio de una remuneración. Los inversores aportan capital a los proyectos, lo que les otorga el derecho a recibir una parte de los créditos fiscales generados, que pueden descontar de su cuota tributaria.

El mecanismo, aunque en principio legal, se vuelve fraudulento cuando se inflan los costos de los proyectos para obtener deducciones mayores de lo que corresponde. De esta forma, la AIE reparte entre sus inversores créditos fiscales sobredimensionados, que luego se convierten en ahorro fiscal superior al dinero invertido.

La Agencia Tributaria ha constatado un fuerte crecimiento del número de AIE en los últimos años. Si bien muchas operan dentro del marco legal, también se observa un “uso abusivo del esquema”, impulsado por la competencia entre los intermediarios que comercializan estas estructuras para ofrecer a sus clientes la mayor rentabilidad posible.

El fraude supone una merma en la recaudación pública, ya que los beneficios fiscales reducen los ingresos de Hacienda mientras generan elevadas rentabilidades financieras para sujetos con gran capacidad económica y comisiones millonarias para intermediarios ajenos al ámbito que se pretende incentivar. Por ello, la Agencia ha intensificado las regularizaciones con el objetivo de limitar las deducciones y las bases imponibles negativas que no se corresponden con la actividad real. Estas actuaciones han sido confirmadas por el Tribunal Económico‑Administrativo Central.

Según los propios inspectores, el uso abusivo de las AIE permite multiplicar por varias veces, incluso hasta diez, el importe de los créditos fiscales realmente generados, garantizando comisiones altas para los estructuradores y rentabilidades desproporcionadas para los inversores. En algunos casos, los beneficios superan el 100 % de la aportación inicial, logrados mediante la simulación de gastos o la inclusión de márgenes exagerados en actividades sin sentido económico.

También se han identificado casos menos frecuentes en los que las actividades previstas nunca se llevan a cabo o no se realizan a través de la AIE correspondiente.

La Agencia Tributaria ha descubierto una especie de “mercado” de AIE constituido por estructuradores, los intermediarios que las promueven. Estos buscan proyectos para financiar con el fin de cobrar comisiones por poner en contacto a inversores con investigadores, productores o promotores de cine y espectáculos escénicos.