Los socios del Gobierno mantienen su apoyo pero crece la preocupación

Los socios parlamentarios del Gobierno han adoptado una postura cautelosa tras la entrada en prisión del exministro y antiguo número tres del PSOE, José Luis Ábalos. La línea común es que, mientras no se demuestre la existencia de una trama de financiación ilícita del partido, el apoyo institucional al Ejecutivo se mantiene intacto. No obstante, la prudencia en los discursos públicos delude la preocupación de que la prensa pueda generar una oleada de noticias desfavorables que debiliten aún más la ya reducida mayoría parlamentaria, como evidenció la derrota del primer trámite del proyecto de Presupuestos.

Reacciones de los socios de coalición

El PNV, principal aliado del Gobierno desde la moción de censura de 2018, ha comenzado a mostrar signos de incomodidad. Aitor Esteban declaró en una entrevista que, de estar en el lugar de Pedro Sánchez, comenzaría a contemplar una fecha para la convocatoria de elecciones. En la rueda de prensa de este viernes, reiteró que la "inestabilidad parlamentaria" hace prácticamente imposible alcanzar una mayoría estable y que "las costuras se están tensando y, en algunos casos, rompiendo", en referencia a los encarcelamientos de Ábalos y del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

ERC, por su parte, ha reiterado su posición de exigir pruebas de una posible corrupción institucional del PSOE. Gabriel Rufián, portavoz del partido en el Congreso, criticó con sarcasmo las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la necesidad de que la patronal catalana convenza a Junts y a ERC para apoyar una moción de censura contra Sánchez.

EH Bildu no ha emitido pronunciamientos oficiales, limitándose a afirmar que "la legislatura continúa". Sin embargo, la formación abertzale ha sido citada en rumores sobre una supuesta entrevista secreta en 2018 entre Pedro Sánchez y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, para conseguir apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy. Otegi ha desmentido esa versión y ha ofrecido su dimisión si se demostrara lo contrario.

En la votación del jueves sobre los objetivos de déficit para 2026, el Gobierno sufrió una derrota decisiva gracias al voto en contra de Junts, que según el diputado Oskar Matute (EH Bildu) supuso una "exhibición de fuerza". La abstención de Podemos también contribuyó a la caída de la propuesta, y la formación de IULV‑CA ha reiterado la necesidad de esclarecer si el caso supera a los implicados directos (Ábalos, Cerdán y Koldo García).

Sumar, aliado minoritario del Ejecutivo, ha mantenido la cautela sin pronunciarse de forma directa sobre las repercusiones políticas del caso. El líder de IU, Antonio Maíllo, ha subrayado que "habrá que dilucidar" si la investigación apunta a una financiación ilegal más amplia.

Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz, en visita a la Ciudad de México, condenó la petición de Feijóo a los empresarios catalanes para presionar a Junts y a ERC con miras a presentar una moción de censura contra el Gobierno, calificándola de "gravísima" y de una pérdida de credibilidad democrática.

El secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha cuestionado la medida de prisión preventiva dictada por el Tribunal Supremo, señalando que "es la primera vez que un juez toma una decisión así con un diputado" y que ello "altera las mayorías parlamentarias". Un día antes, el diputado de Compromís en Sumar, Alberto Ibáñez, mostró escepticismo ante la necesidad de la medida preventiva.

A pesar de la fragilidad parlamentaria, el Ejecutivo confía en que todavía dispone de margen para aprobar determinadas normas mediante decretos y para impulsar reformas clave, como la regulación del precio de los alquileres, sin depender exclusivamente del Congreso.