El Gobierno aprueba la subida salarial de los funcionarios de un 2,5% este año y un 1,5% en 2026

El Consejo de Ministros ha aprobado una parte de la subida salarial pactada con los sindicatos UGT y CSIF, a la que se ha sumado también este martes el CCOO. En la reunión semanal del Gobierno, el ministro de Función Pública, Óscar López, confirmó una subida del 2,5 % para 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y un 1,5 % para 2026, lo que supone un aumento acumulado del 4 % (a lo que podría añadirse otro 0,5 % en función del IPC del próximo ejercicio).

El acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos contempla además otros siete tramos de incremento hasta 2028, con el objetivo de alcanzar un 11 % acumulado en cuatro años. Asimismo, el Gabinete ha vuelto a aprobar la misma senda fiscal que la Cámara Baja rechazó la semana pasada.

Detalles de la subida salarial

El Ministerio de Función Pública ha precisado que los 540.000 empleados de la Administración del Estado recibirán el incremento del 2,5 % ya en diciembre, “abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025”. Según explicó el ministro, “para un salario medio de 3.300 euros brutos al mes, en diciembre se abonaría una nómina adicional de aproximadamente 1.140 euros”. Las administraciones autonómicas y municipales podrán aplicar esos atrasos desde diciembre o prorratearlos hasta 2028.

Para 2026, el texto aprobado establece una subida del 1,5 % “respecto a los importes vigentes al 31 de diciembre de 2025”, lo que implica un crecimiento total del 4 % entre diciembre de este año y enero del próximo. Además, se aplicará un incremento adicional del 0,5 % si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5 %.

El Consejo de Ministros ha aprobado la normativa mediante un real decreto‑ley, que entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado este miércoles y deberá ser convalidado por el Congreso para evitar su caducidad.

CCOO ha decidido sumarse al acuerdo suscrito por CSIF, UGT y el Ministerio, tras haber expresado dudas la semana pasada. El Consejo Confederal del sindicato ha anunciado que formalizará la firma junto al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Según el sindicato, liderado por Unai Sordo, “trabajará para el cumplimiento de los compromisos pendientes del acuerdo marco de 2022 y para liquidar los atrasos aún no satisfechos”.

En la misma reunión, el Gobierno aprobó la senda de estabilidad fiscal que la Cámara Baja había rechazado con los votos del PP, Vox, Junts y UPN. El Ejecutivo insiste en que estos objetivos son imprescindibles para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2026 y advierte que, si las Cortes vuelven a rechazarlos, se activará automáticamente el equilibrio presupuestario previsto en la Constitución para las comunidades autónomas. En tal caso, desaparecería cualquier margen de déficit y los gobiernos autonómicos, mayoritariamente del PP, tendrían que ajustar sus cuentas de forma inmediata.

La senda mantiene las mismas cifras que el proyecto anterior: el déficit público conjunto descendería al 2,1 % del PIB en 2026, al 1,8 % en 2027 y al 1,6 % en 2028. Para la administración central, los objetivos son del 1,8 %, 1,5 % y 1,4 % del PIB respectivamente; la Seguridad Social se mantendría en 0,2 % en 2026 y 2027 y en 0,1 % en 2028. Las comunidades autónomas podrían incurrir en un déficit del 0,1 % anual, mientras que las corporaciones locales deberían cerrar en equilibrio.

Ese 0,1 % para las autonomías representa un colchón de casi 5.500 millones de euros en tres años que los gobiernos territoriales perderían si la senda se rechaza de nuevo. Madrid y Cataluña serían las regiones más beneficiadas, con alrededor de 1.000 millones cada una; Andalucía contaría con un margen superior a los 700 millones. En total, el conjunto de comunidades dispondría de 1.755 millones en 2026, 1.828 millones en 2027 y 1.901 millones en 2028.

El Ministerio de Hacienda recuerda que, si el Congreso vuelve a bloquear la senda, ese margen extra desaparecerá por completo y las comunidades se verían obligadas a lograr el equilibrio presupuestario o déficit cero. El Ejecutivo señala directamente al PP, que controla 11 comunidades (además de estar presente en el Gobierno de Canarias), y le culpa de actuar contra los intereses de sus propios territorios al impedirles disponer de recursos adicionales. Junts, que considera mínima esa décima de margen, también se opone.

Ante el riesgo de un nuevo bloqueo, el Gobierno recuerda que la Ley de Estabilidad permite presentar una segunda senda en caso de rechazo, pero no impide que, si vuelve a ser rechazada, se aplique de forma automática el principio constitucional de estabilidad presupuestaria. Se trata de un escenario sin precedentes, y aún está por verse si el argumento del Ejecutivo cuenta con el respaldo legal necesario.