El PP agranda su poder en Galicia a base de pactos con tránsfugas

Desde las elecciones municipales de 2023, los ayuntamientos del noroeste de la península han registrado un número inusual de mociones de censura. En el periodo de dos años y medio se han presentado trece iniciativas, nueve de ellas en los últimos cinco meses, y el Partido Popular de Galicia (PPdeG) ha sido el impulsor en la mayor parte de los casos.

La causa que ha facilitado este movimiento es la sentencia del Tribunal Constitucional de junio, que anuló la prohibición de pactar con concejales que abandonan su formación (los denominados “tránsfugas”) para presentar mociones de censura. A partir de esa decisión, el PPdeG ha expulsado a ocho concejales que cambiaron de partido, cuatro de ellos provenientes del PSOE, y ha conseguido el control de seis alcaldías con sus votos.

Principales casos y reacciones

En la mayoría de los municipios –Forcarei (Pontevedra), Touro, Outes, Fisterra y, más recientemente, Manzaneda (Ourense)– la moción ha sido liderada por el PP. La única excepción fue Noia (A Coruña), donde el PSOE desalojó al alcalde popular con el apoyo de un edil que abandonó la formación de Alfonso Rueda. En los plenos de los ayuntamientos citados los manifestantes han coreado “traidor” y “traidora”, reflejando la tensión política que se vive en los concejos.

Los portavoces del PP defienden estas alianzas como una necesidad para garantizar la gobernabilidad. “Nuestro objetivo es conseguir mayorías estables que permitan gestionar los municipios que se encuentran paralizados”, explican fuentes del partido.

En Carral, a veinte kilómetros de A Coruña, el cambio de gobierno a favor del PP se celebró en el pabellón municipal el 10 de septiembre. Allí Ángel García Seoane, conocido como “Gelo” y fundador del partido independiente Alternativa dos Veciños, calificó la operación de “compra de cerdos para las cocheras del PP” y la describió como una campaña planificada para tomar el control de la Diputación de A Coruña.

El exregidor del BNG en Vigo, Lois Pérez Castrillo, asegura que el PP ha convertido las mociones de censura en una herramienta “clásica” de la formación fundada por Manuel Fraga. Según él, la sentencia del Constitucional “eliminó un obstáculo” y permite al PP conspirar para tumbar gobiernos locales sin mayoría al inicio de los mandatos.

El mismo Pérez Castrillo destaca que, tras la toma del poder, los municipios conquistados reciben apoyo de la Xunta, dirigida por los populares, para impulsar proyectos de infraestructura y servicios públicos. En Ribeira, por ejemplo, la conselleira de Política Social, Fabiola García (PP), anunció la construcción de una residencia pública de ancianos cinco días después de que una moción de censura sin tránsfugas derrocara al alcalde del BNG.

El PSOE de Galicia acusa al PP de “agrandar su poder por la puerta de atrás”. La secretaria de Organización, Lara Méndez, afirma que el PP “compra voluntades” y utiliza recursos públicos para premiar a los tránsfugas con incentivos como obras de infraestructura y planes urbanísticos, describiendo la práctica como un uso partidista de los fondos públicos.

El PP, por su parte, ha evitado responder a las preguntas sobre el contenido de los acuerdos con los tránsfugas y sobre la posible presentación de nuevas mociones en otros municipios. El propio Alfonso Rueda recuerda que, en 2023, su partido fue el más votado en 191 de los 313 ayuntamientos gallegos, pero que la falta de socios le impide gobernar en muchos de ellos.

La sentencia del Tribunal Constitucional ha dejado “muerto de muerte” el consenso antitransfuguista que se estableció en España en 1998. “Está más muerto que mi difunta abuela”, comenta Pérez Castrillo, quien interpreta la estrategia del PP como un “intento desesperado” por asegurar la continuidad del poder hasta las municipales de 2027.

En Galicia, el PP gobierna con mayoría absoluta la Xunta, pero solo controla la alcaldía de Ferrol y dos de las cuatro diputaciones (A Coruña y Lugo) están en manos de coaliciones entre socialistas y nacionalistas. Según el dirigente del BNG, “el PP está abandonando las ciudades y lo único que puede ofrecer Rueda como victoria es conseguir alguna diputación, pero no lo tiene fácil”.

El PSOE recuerda que la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 2010 prohibía las mociones de censura que dependieran del voto de un edil que hubiera abandonado su partido. Esa norma fue anulada por el Tribunal Constitucional bajo el argumento de que vulneraba el derecho constitucional a la participación política.