Bogotá suma aliados privados en su esfuerzo por frenar la violencia contra las mujeres

En Suba, la localidad más poblada de Bogotá, que concentra el 15 % de los casi ocho millones de habitantes de la capital, 45 minimercados que operan las 24 horas han pasado de ofrecer solo la oferta del día a convertirse en puntos de información y apoyo frente a la violencia contra las mujeres. Además de orientar a sus clientes sobre los productos, estos comercios pueden orientar a las víctimas sobre los pasos a seguir, indicar qué entidades deben protegerlas y activar la ruta de atención, avisando a las autoridades para prevenir feminicidios y agresiones.

Redes seguras se amplía al sector privado de la zona norte

Los establecimientos de Suba son los últimos en sumarse a Redes seguras, la estrategia de la Secretaría Distrital de la Mujer que incorpora al sector privado en la urgente tarea de proteger a la población femenina, la cual representa más de la mitad del total de la ciudad. Según datos oficiales, hasta septiembre de este año se registraron 13 casos de feminicidio, siete más que en el mismo periodo del año anterior. El Observatorio Feminicidios Colombia, sin embargo, indica una cifra mucho mayor: 53 víctimas entre enero y septiembre.

Marcela Ramírez, subgerente de asuntos corporativos y sostenibilidad de Oxxo en Colombia, explicó que sus colaboradores han recibido capacitaciones para identificar la violencia física, psicológica, sexual y económica que afecta a sus trabajadoras. El 72 % de la fuerza laboral de la cadena son mujeres y más de la mitad son cabeza de familia. “Aún se normaliza la violencia contra las mujeres, lo que dificulta reconocerla y actuar al respecto”, señaló. En los próximos meses, 26 tiendas de la cadena se incorporarán al programa en la localidad de Teusaquillo.

La iniciativa nació como “Espacios seguros” durante la gestión de la exalcaldesa Claudia López, como respuesta al elevado riesgo de violencia de género en los confinamientos por la pandemia de COVID‑19. En aquel entonces, tiendas, supermercados y farmacias se habilitaron como puntos de referencia hacia los servicios del Distrito. Bajo la actual alcaldía de Carlos Fernando Galán, el programa ha incorporado nuevas cadenas comerciales, asociaciones residenciales, constructoras y gremios como la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), con el objetivo de romper la indiferencia ante el maltrato en los hogares y el acoso callejero.

En Bogotá, el 64 % de las mujeres reporta sentirse acosada en la vía pública, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Natalia Monroy, directora de asuntos corporativos de Camacol, subrayó: “La violencia de género es un problema social. Nuestro compromiso es garantizar entornos laborales y comunitarios seguros, promoviendo la prevención y una cultura de cero tolerancia. El sector público lidera los mecanismos de atención y protección, mientras que el sector privado, particularmente el de la construcción, tiene una amplia capacidad de relacionamiento con trabajadores y comunidades”.

Experiencias similares se han desarrollado en otras ciudades. En Puerto Vallarta, México, restaurantes y salones de belleza forman parte de una estrategia de corresponsabilidad en la prevención del acoso callejero. En Madrid, España, operan los “Puntos Violeta”, espacios de información instalados por el Ayuntamiento en eventos públicos que brindan asesoría a víctimas de agresiones sexuales.

Además de los feminicidios, en Bogotá han aumentado las denuncias de violencia machista, que frecuentemente preceden el asesinato de mujeres. Hasta septiembre se acumularon 37 744 denuncias, de las cuales 27 114 involucraron a mujeres, un 20 % más que en el mismo periodo de 2024.

El aparato institucional de la capital cuenta con alrededor de 80 puntos que deben garantizar una atención integral a las mujeres: atención en salud, acceso a la justicia y medidas de protección. Entre ellos se encuentran:

Lugares clave de atención

• Casas de Justicia
• Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía
• Comisarías de Familia
• Casas Refugio, que ofrecen alojamiento, atención psicosocial y acompañamiento a mujeres en riesgo y a sus familias
• Línea Púrpura, un servicio telefónico gratuito disponible las 24 horas, los 365 días del año, atendido por psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras; no es una línea de emergencias ni de denuncias formales.

El desafío no radica solo en activar la ruta de atención, sino en que funcione efectivamente. En 2023, durante el Día de la Mujer, Erika Aponte, de 26 años y madre de un niño de ocho, fue asesinada por su expareja en el centro comercial Unicentro, el más visitado de la ciudad. La agresión ocurrió en la pizzería donde trabajaba la víctima, quien había buscado ayuda de las autoridades días antes. La secretaria de la Mujer, Laura Tami, reconoce que el reto es ofrecer una protección real: “Debemos hacer que todo este aparato funcione cuando una mujer levanta la mano para pedir ayuda. Promover la activación de la ruta es una obligación principal”.

La abogada y defensora de derechos humanos Yamile Roncancio advierte que Redes seguras podría no ser suficiente: “Me preocupa que al próximo feminicidio se culpe a un tercero por fallar. Para atender a las víctimas se requiere personal especializado y un seguimiento efectivo a las denuncias, algo que actualmente no hacen las Comisarías de Familia”. Añade que el enfoque de derechos humanos debe incluir criterios de seguridad humana.

Laura Tami insiste en la importancia de que la ciudadanía forme parte de redes de apoyo para rodear a las mujeres que enfrentan círculos de violencia, buscar orientación o ayuda especializada y romper el silencio. “En varios casos ha sido un vecino, un vigilante, quien activó la ruta llamando al 123. Se puede salvar una vida”.