Yolanda Díaz sacude al PSOE con una bomba inmobiliaria

Sumar ha agotado la paciencia con el PSOE en lo que respecta a la política de vivienda. La intervención del mercado inmobiliario, la lucha contra la pobreza infantil y la reforma de la dependencia son prioridades de la legislatura para la coalición liderada por Yolanda Díaz. Desde hace casi dos meses, los ministros del grupo presentaron un proyecto de decreto‑ley que, entre otras medidas, contempla la prórroga automática de 300 000 contratos de alquiler que vencen en 2025. El tema volvió a ocupar la agenda del Congreso este sábado, con motivo del Día de la Constitución, y Sumar lo ha calificado como una “emergencia habitacional”.

Los contratos en cuestión se firmaron en 2020, cuando la pandemia de COVID‑19 provocó una caída de los precios de alquiler. El repunte de los últimos años ha dejado a miles de familias en una situación muy delicada: el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha advertido que los aumentos pueden situarse entre el 30 % y el 50 %. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha intensificado el pulso con el PSOE al anunciar que remitirá a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (paso previo al Consejo de Ministros) el decreto destinado a intervenir el mercado de la vivienda. El objetivo es presionar a los socialistas para que definan su posición y, en caso de desacuerdo, que sea el Ministerio de Economía quien asuma la responsabilidad y revierta las medidas impulsadas por Sumar el 13 de octubre.

Desacuerdos y estrategias dentro de la coalición

El planteamiento de Sumar es claro. En una conversación informal con periodistas en el Congreso, Díaz señaló “fuertes discrepancias” con el PSOE en materia de fiscalidad de las SOCIMI y describió la postura del ministro de Vivienda, Carlos Cuerpo, como “neoliberal”. Asimismo, anunció que la próxima semana se presentará públicamente la propuesta de Presupuestos para el próximo año, elaborada en conjunto con los partidos que forman la coalición. Según varios ministros, la coordinación interna ha mejorado respecto a meses anteriores.

En cuanto a la reciente reforma de la “multirreincidencia”, el portavoz de Movimiento Sumar y titular de Cultura, Ernest Urtasun, calificó el acuerdo entre PP, PSOE y Junts —aprobado con el beneplácito de Vox, PNV y UPN— como “un sapo que nos tocó tragar, pero que estaba pactado en la investidura”. Aseguró que, pese a su descontento, no renunciará a presentar unas cuentas que también cuenten con el apoyo del partido de Carles Puigdemont.

El Congreso deberá votar, la próxima semana, varias leyes clave. Entre ellas, la normativa de economía social en materia laboral, que Junts logró salvar del bloqueo, y la ley de dependencia, que podría quedar pendiente el jueves 11 si se aprueban dos enmiendas impulsadas por PNV y Junts. Bustinduy confía en superar la votación, pese a la incertidumbre sobre el apoyo del PP al artículo propuesto por Junts.

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones dentro de Sumar, el ministro de Derechos Sociales reiteró que “queda mucho por hacer: la reforma de la dependencia, la intervención del mercado de la vivienda y la puesta en marcha de una prestación universal por crianza. Esas tres cosas van a salir”.