Juristas gallegos piden la suspensión del traslado forzoso de dos magistrados del TSJ que paralizaron proyectos eólicos

La asociación progresista de juristas gallegos Xustiza e Sociede de Galiza ha denunciado públicamente este lunes los “gravísimos hechos” derivados de la decisión de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia que implica el traslado forzoso de dos magistrados, entre ellos Luís Villares, exlíder de En Marea. Villares y la magistrada María Dolores López formaban parte de la Sección Tercera, órgano que había paralizado decenas de proyectos eólicos y que había sido objeto de duras críticas por parte de la Xunta del Partido Popular (PP) y de la patronal del sector.

Los juristas han solicitado al Consejo General del Poder Judicial la apertura de un expediente informativo, la suspensión de los traslados, la elaboración de un informe sobre la legalidad del procedimiento y la adopción de medidas correctoras o disciplinarias.

Motivos de la denuncia

Según la asociación, la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso‑Administrativo, María Azucena Recio, habría tomado estas decisiones “sin la existencia de criterios objetivos”, lo que podría constituir una “desviación de poder” y vulnerar la independencia e inamovilidad judicial.

Los dictámenes que habían ordenado el paro provisional de parques eólicos respondían a un amplio número de denuncias presentadas por colectivos vecinales y ecologistas por presuntos daños ambientales. Dichas resoluciones fueron rechazadas tanto por la patronal y las empresas del sector como por la Xunta y el PP gallego, tanto bajo la gestión de Alberto Núñez Feijóo como bajo la de Alfonso Rueda. Los populares han vinculado las resoluciones de la Sección Tercera al paso político de Villares, quien fue candidato a la presidencia de la Xunta en 2016.

Xustiza e Sociede de Galiza sostiene que la Sección Tercera ha soportado durante meses “presiones políticas, empresariales y mediáticas” derivadas de sus resoluciones sobre proyectos eólicos y contratación pública. La asociación advierte que la coincidencia temporal entre dichas presiones y los traslados forzosos, sumada a la falta de motivación, genera la apariencia de que la reestructuración podría responder a intereses ajenos al interés público.

En los acuerdos firmados por Recio, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, la presidenta explica que “por razones organizativas, se hacen precisos ciertos cambios en la composición personal de las secciones”, debido al “número de procedimientos que se tramitan en cada una de ellas” y a la convicción de que la reestructuración “reforzará el buen funcionamiento de la sala”.