De estrellas digitales a sospechosos fiscales: Influencers, en el punto de mira de Hacienda

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha incluido a los creadores de contenido —conocidos como influencers— en la lista de colectivos prioritarios para sus actuaciones de control fiscal. El Plan de Control Tributario 2026, publicado en el BOE el 12 de marzo, identifica tres ejes de riesgo principales para este sector: la dispersión de ingresos a través de plataformas internacionales, el uso de sociedades instrumentales sin sustancia real y la deslocalización fiscal mal ejecutada.

El plan señala que los modelos de negocio surgidos en las redes sociales, como el marketing de influencia (publicaciones patrocinadas, colaboraciones con marcas o royalties), generan flujos económicos difíciles de rastrear. “La actividad de contenido digital tiene un perfil propio de riesgo, ya que algunos piensan que es más complicada de controlar por Hacienda”, explica José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Según él, esa percepción errónea ha favorecido conductas irregulares que el nuevo plan busca corregir.

Principales riesgos identificados

• Dispersión de ingresos: los influencers pueden recibir pagos de YouTube desde Irlanda, de marcas españolas y de plataformas de suscripción en un mismo ejercicio fiscal, lo que genera dudas sobre la correcta calificación y tributación de esas rentas.
• Sociedades instrumentales: muchos profesionales optan por tributar mediante el impuesto de sociedades en lugar del IRPF, cuyo tipo marginal alcanza el 47 %. El problema surge cuando la sociedad carece de actividad económica real, convirtiéndose en una pantalla para reducir la carga fiscal.
• Deslocalización fiscal: algunos influencers han intentado trasladar su residencia a Andorra. Sin embargo, desde enero de 2026 el Principado exige una inversión mínima de un millón de euros en activos locales, y la AEAT sigue vigilando a quienes mantienen su centro de intereses económicos en España.

Javier Martín, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, subraya que “el marketing de influencia es una tipología de negocio en auge y, por tanto, requiere una verificación rigurosa de su correcta tributación”. Añade que el seguimiento especializado tiene un efecto disuasorio que fomentará el cumplimiento voluntario.

Marta Espejo, abogada fiscalista de Ontier, advierte que la falta de claridad en la clasificación de ingresos digitales crea incertidumbre tanto para los contribuyentes como para la administración tributaria. “Cuando la sociedad actúa como mero instrumento para canalizar ingresos personales, la administración puede recalificar la operación y atribuir las rentas al contribuyente”, puntualiza.

En relación con la fuga a Andorra, Peláez es tajante: “El simple traslado físico durante unos días no impide que esas personas sigan siendo residentes fiscales en España si conservan su vivienda, sus relaciones familiares y su centro de intereses económicos aquí”.

El Plan de 2026 no introduce nuevas normas, sino que perfecciona la aplicación de los instrumentos de control ya existentes en la legislación tributaria. Espejo resume: “La decisión de Hacienda responde al uso de los mecanismos ordinarios de control previstos en nuestro ordenamiento. No hay un vacío normativo, pero sí una adaptación incompleta a la realidad de los ingresos digitales”.

Los expertos recomiendan que los influencers mantengan estructuras legítimas con sustancia real, acrediten su residencia fiscal y cuenten con asesoramiento especializado. “La planificación correcta se funda en el principio de autonomía de la voluntad y permite un ahorro fiscal dentro del marco legal”, afirma Martín.

Por otro lado, el sindicato Gestha, que agrupa a los técnicos de Hacienda, ha presentado al nuevo ministro, Arci España, una serie de reivindicaciones para ampliar sus competencias. El sindicato señala que la restricción de sus capacidades desde 2010 ha provocado una caída del 87 % en las denuncias por delitos fiscales y solicita reforzar los equipos de inspección, especialmente en el control de autónomos y pymes.