Sheinbaum atrapa a sus aliados con este pacto secreto para la reforma electoral

En el último día de una intensa negociación que se extendió por cuatro jornadas, los dirigentes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), aliados de Morena, aceptaron firmar un acuerdo clave para respaldar el llamado “plan b” de la reforma electoral promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum. El documento, fechado el 13 de marzo, busca recomponer la unidad dentro de la coalición gobernante tras el fracaso de la propuesta inicial, que naufragó en la Cámara de Diputados. El acuerdo fue sellado con la intervención directa de las dos funcionarias de mayor confianza de la mandataria: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, quienes también firmaron como testigos políticos del compromiso.

El texto, al que tuvo acceso EL PAÍS, establece seis compromisos claros por escrito entre los líderes y coordinadores parlamentarios de Morena, PVEM y PT. Entre ellos, se destaca el apoyo unánime de todos sus legisladores en ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como en los congresos locales necesarios para aprobar las reformas constitucionales. Este respaldo no se limita al ámbito legislativo, sino que incluye una campaña de promoción en medios de comunicación y entre las bases militantes, así como el impulso a reformas secundarias que fortalezcan el sistema electoral. El documento también obliga a los partidos a votar a favor de las iniciativas derivadas del plan b, una exigencia inusual en la política mexicana, que refleja la urgencia con la que la administración busca recuperar impulso tras el revés inicial.

Los pilares del plan b

El contenido central del acuerdo gira en torno a cuatro ejes que luego fueron plasmados en la iniciativa enviada por Sheinbaum al Senado el 17 de marzo. Primero, la eliminación de privilegios y gastos excesivos en congresos locales y ayuntamientos. Segundo, la reasignación de los recursos ahorrados hacia obra pública y programas sociales en las entidades federativas. Tercero, la ampliación y fortalecimiento de mecanismos de democracia directa, como la consulta popular y la revocación de mandato. Cuarto, la consolidación de una democracia más participativa y austera, en línea con el discurso de austeridad que ha caracterizado al gobierno de la Cuarta Transformación.

Además, los partidos acordaron una reducción progresiva del gasto del Senado hasta alcanzar el 15% del presupuesto autorizado para 2026. Con un gasto actual estimado en 5.103 millones de pesos, esto implicaría un recorte de alrededor de 765 millones. Asimismo, se estableció que ningún dirigente de Morena, PVEM o PT, en niveles nacional, estatal o municipal, podrá recibir un salario superior al de la presidenta, que es de 138.000 pesos mensuales netos. Esta medida busca homologar los ingresos al más alto nivel del poder y proyectar una imagen de coherencia con el modelo de gobierno austero.

Compromisos y salvaguardas

• Apoyo expreso de todos los legisladores de los tres partidos a la propuesta legislativa conocida como “plan b”.
• Defensa y votación favorable en el Congreso de la Unión y en los congresos locales necesarios.
• Promoción activa de la iniciativa en medios y entre las bases partidistas.
• Impulso a reformas secundarias que mejoren el sistema electoral.
• Mantenimiento de un diálogo permanente entre las partes.
• El acuerdo no sustituye, sino que complementa, los compromisos previos de la coalición.
• Entrada en vigor inmediata desde la firma, vigente hasta la aprobación definitiva o hasta que las partes decidan terminarlo.

Entre las firmas que avalan el documento se encuentran las de Luisa María Alcalde, Ignacio Mier y Ricardo Monreal por Morena; Karen Castrejón, Manuel Velasco y Carlos Puente por el PVEM; y Reginaldo Sandoval y Alberto Anaya, quien firma doblemente como presidente del PT y como coordinador de los senadores de dicho partido.

La semana decisiva

Pese al acuerdo, tensiones internas persisten dentro de la coalición. Legisladores del PT y del PVEM han manifestado reservas sobre la propuesta, especialmente en torno a la modificación del mecanismo de revocación de mandato. La iniciativa de Sheinbaum plantea que este ejercicio pueda convocarse al final del segundo o tercer año de gobierno y que se realice el primer domingo de junio, lo que permitiría alinearla con las elecciones federales y locales de 2027. Para muchos aliados, esta coincidencia podría desvirtuar el sentido del mecanismo y convertirlo en una herramienta electoral más que en un instrumento de rendición de cuentas.

El PT ha condicionado su apoyo a que la revocación se posponga al mes de agosto, fuera de la jornada electoral. Por su parte, al menos un senador del PVEM, Luis Armando Melgar, ha mostrado su rechazo a la simultaneidad del proceso. Dado que la reforma requiere una mayoría calificada de dos terceras partes en el Senado (86 votos), y Morena cuenta con 67 senadores, los 20 votos de los aliados (14 del PVEM y 6 del PT) son indispensables. Basta con que dos legisladores del oficialismo se abstengan o voten en contra para que el plan b fracase.

La iniciativa será discutida este lunes en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, la última instancia en la que puede ajustarse el dictamen para garantizar el respaldo de los seis senadores del PT y del senador del Verde con reservas. Ignacio Mier, nuevo encargado de las negociaciones en el Senado tras el fracaso de Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, ha programado que el debate llegue al pleno el miércoles 25 de marzo. De esa votación dependerá no solo el futuro de la reforma electoral, sino también la cohesión y la viabilidad a largo plazo de la alianza entre Morena, PVEM y PT, que aspira a competir unida en las elecciones intermedias de 2027 y en la presidencial de 2030.