La Audiencia corrige al juez Peinado y desimputa al delegado del Gobierno en Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la querella presentada por el magistrado Juan Carlos Peinado contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, y ha ordenado su desimputación. Martín Aguirre, que fue secretario general de la Presidencia entre 2021 y 2023, quedó libre de los cargos que le vinculaban con un presunto delito de malversación derivado de la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno.

Resolución de la Audiencia

El tribunal concluyó que no se había aportado “el más mínimo indicio” de que, mientras ocupaba un puesto en La Moncloa, el entonces secretario general de la Presidencia haya participado en ninguna irregularidad relacionada con la citada contratación. Según la Audiencia, no existen pruebas de que Martín Aguirre haya ejercido una supuesta “función de control” sobre la actividad de Álvarez, ni de que tuviera conocimiento de posibles excedencias en sus funciones.

Esta decisión deja sin efecto los intentos del magistrado Peinado de encaminar una investigación contra el Ejecutivo. El Tribunal Supremo ya había descartado la posibilidad de investigar al ministro Félix Bolaños, quien también había sido secretario general de la Presidencia antes de Martín Aguirre, y el propio Peinado había archivado la causa contra su sucesora, la magistrada Judit Alexandra González.

La Audiencia señaló que la querella de Vox contra Martín Aguirre, presentada en mayo, nunca debió haber sido admitida a trámite. La acusación, que surgió cuando el delegado del Gobierno ya se había convertido en una de las voces críticas más destacadas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, carecía de fundamentos probatorios. El tribunal describió las imputaciones como “meras suposiciones”.

En la comparecencia del 14 de mayo, Martín Aguirre negó su implicación en cualquier delito de malversación y explicó que no participó en la contratación de Cristina Álvarez, que había llegado al cargo de secretario general de la Presidencia tres años después de que la asesora fuera designada, y que nunca recibió alerta alguna sobre irregularidades en su desempeño.

Con la orden de archivo, la Audiencia recordó que la investigación pretendía determinar si Álvarez había “sobrepasado” sus funciones al ayudar a la esposa del presidente en actividades privadas, lo que supuestamente podría haber favorecido un “plan delictivo” relacionado con un delito de tráfico de influencias. No obstante, el tribunal precisó que no se había presentado ningún indicio que justifique la imputación por esa razón.

El magistrado Peinado recibió la advertencia de que no existía razón para abrir una nueva querella contra Martín Aguirre por su etapa como secretario general de la Presidencia, ya que “no se proporciona el más mínimo indicio de que el citado cargo tuviera la supuesta función de control sobre la asesora”.