¡630.000 contratos de alquiler en 2026 amenazan al PSOE

Sumar advierte que el Gobierno de coalición no podrá superar el próximo ciclo electoral sin presentar medidas urgentes que atenúen el problema que ha pasado a ser la principal preocupación de los españoles: el elevado precio de la vivienda. Hace más de un mes, el socio minoritario del Ejecutivo presentó un Real Decreto con propuestas para intervenir el mercado inmobiliario, que hasta la fecha el PSOE no ha aceptado.

En un nuevo intento por aumentar la presión, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha anunciado este jueves que, en 2026, 630 000 contratos de alquiler dejarán de estar en vigor. El dato proviene de un informe elaborado por el Ministerio de Consumo a partir de la información del panel de hogares de Hacienda y el análisis de la cadena SER.

Vencimientos y costes de los contratos de alquiler

Según el informe, en 2021 se firmaron más contratos de alquiler que en 2020 y 2022, por lo que, transcurridos cinco años, se prevé que el volumen de vencimientos en los próximos doce meses sea el mayor registrado. Sumar lleva semanas reclamando la prórroga de los 300 000 contratos que, según sus cálculos, vencerán en 2025.

Durante la pandemia, muchos de estos contratos se pactaron a precios reducidos, pero en los últimos años el mercado ha experimentado un fuerte repunte de los alquileres. Su renovación podría suponer un aumento del 30 % al 50 % según ha señalado Bustinduy. “Hay que pinchar la burbuja del alquiler y no entendería que no intervengamos para proteger a los 1,6 millones de personas que se verían afectados por esos 630 000 contratos que expiran”, afirmó el ministro.

Bustinduy ha urgido a los socialistas a abordar la “profundísima crisis de la vivienda”, que afecta de forma desproporcionada a las familias trabajadoras y vulnerables. “Para la familia mediana, esta situación tiene un coste de 1.735 euros anuales, lo que supone un gasto acumulado de 1.000 millones de euros para las familias españolas”, explicó.

Para el ministro, la solución pasa por aprobar el Real Decreto que el Gobierno presentó al PSOE, autoridad que tiene competencias en materia de vivienda y con la que históricamente se han producido choques por este tema. “Se trata de una medida sencilla, que se puede aplicar de inmediato y que esperamos vea la luz lo antes posible”, añadió.

Al ser cuestionado sobre la compatibilidad de su agenda con la de Junts en vivienda —el presidente Pedro Sánchez había anunciado otro decreto que incluye ayudas a propietarios frente a impagos— Bustinduy reiteró que su objetivo es “defender el interés general”, una “obligación del Gobierno”. “Esto es compatible con el pleno respeto al posicionamiento de los grupos”, subrayó. “Estamos ante un conflicto de intereses: o se protege a la clase trabajadora o se blindan los beneficios de los rentistas. Ninguna persona entendería que el Gobierno no actúe para proteger a los trabajadores”.

Los partidos de izquierda en el Congreso, como Podemos, también han reclamado esta semana la ampliación de la moratoria de desahucios, una medida que formó parte del escudo social durante la pandemia y que vence el 31 de diciembre.

Desde hace tiempo, la vivienda se ha convertido en la primera preocupación de los españoles, según los sucesivos estudios del CIS. En la encuesta de noviembre, el 20 % de la población la sitúa como principal problema y hasta un 40 % la incluye entre sus tres principales inquietudes.