Alcalde en Chile bajo amenazas y protección policial por su vida

Al menos 17 alcaldes de la Región Metropolitana de Santiago, de un total de 52 comunas, han sido objeto de amenazas de muerte en los últimos años, muchas de ellas vinculadas al avance del crimen organizado en zonas urbanas. Ocho de estos ediles ya cuentan con resguardo policial permanente, un indicativo del deterioro de la seguridad ciudadana y de la creciente presión que enfrentan las autoridades locales al intentar recuperar espacios públicos y frenar el control territorial ejercido por bandas delictivas. Estas amenazas, que incluyen mensajes anónimos, apedreamientos, seguimientos, el envío de coronas fúnebres e incluso el abandono de un cadáver frente a una vivienda, han pasado de ser hechos aislados a convertirse en una práctica sistemática.

El acoso al primer nivel de gobierno local

Según José Manuel Palacios, alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipales de Chile (Amuch), las organizaciones criminales han identificado a los municipios como un obstáculo directo en sus operaciones. “Lo que antes eran hechos aislados hoy se han transformado en una estrategia deliberada. Desde hace al menos tres años, el crimen organizado está avanzando hacia el nivel local, buscando amedrentar a los equipos municipales que están en primera línea del control territorial”, asegura Palacios.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, el municipio más vulnerable de Santiago. Desde 2017, cuando colaboró con una investigación que derivó en la detención de un alcalde vecino acusado de vínculos con el narcotráfico, ha vivido bajo protección policial constante. A pesar de ello, las amenazas no han cesado: ha sido objeto de encerronas, seguimientos, apedreamientos a su vehículo e incluso ha recibido amenazas directas con armas durante labores de puerta a puerta. “Nosotros para ellos somos una molestia permanente. Todo lo que hacemos para recuperar los barrios, les molesta”, afirma Pizarro.

Ejemplos recientes de intimidación

• El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, recibió amenazas tras ordenar la demolición de una vivienda vinculada a estructuras narcotraficantes.
• La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, encontró el cadáver de una mujer dentro de una caja depositada frente a su domicilio, en un acto de evidente terror psicológico.

Estos episodios no solo ponen en riesgo la integridad física de los ediles, sino que buscan paralizar la gestión municipal. “Cuando un alcalde es amenazado, no solo está en peligro la autoridad, sino la capacidad del municipio para seguir fiscalizando, recuperando espacios y prestando servicios. Si logran amedrentarnos, las organizaciones criminales ganan terreno”, advierte Palacios.

Una respuesta institucional insuficiente

Frente a este escenario, la Fiscalía Nacional ha implementado un sistema digital que permite a los alcaldes denunciar amenazas de forma rápida y directa, con el fin de agilizar la entrega de protección y el inicio de investigaciones. Sin embargo, las autoridades locales reclaman que el Estado ha trasladado funciones de seguridad a los municipios sin entregarles los recursos ni el respaldo institucional necesarios.

“Se nos dejó como la cara visible de un problema que es del Estado en su conjunto. No podemos seguir teniendo alcaldes convertidos en blanco por hacer un trabajo que debería ser responsabilidad coordinada de Carabineros, la Fiscalía y el gobierno central”, critica Palacios.

Pizarro añade que, en ausencia del Estado, los municipios terminan asumiendo tareas que exceden sus capacidades. “Cuando el Estado no está presente, son los alcaldes los que debemos defender a los vecinos del poder del narcotráfico”. Aunque destaca que en su comuna se ha pasado de contar con solo dos vehículos de Carabineros hace una década a tener ahora 10, insiste en que la solución no es solo policial, sino social. “Necesitamos más inversión en espacios públicos, más iluminación, más cultura, más deporte. Invertir en el tiempo libre de los jóvenes es clave para recuperar los barrios”, afirma.

Iniciativas para fortalecer la protección

La Amuch impulsa un proyecto de ley que endurezca las penas para quienes amenacen a autoridades comunales, especialmente cuando detrás de estas acciones esté el crimen organizado. Pero Palacios subraya que más allá de la protección individual, se requiere un sistema preventivo y coordinado: “Necesitamos un Estado que actúe de forma anticipada en territorios críticos, con presencia policial efectiva, fortalecimiento de los equipos municipales y un enfoque integral que no deje a los alcaldes solos en la primera línea del conflicto”.