Europa allana el camino a la creación de centros de deportación de migrantes fuera de la UE

En medio del auge de los discursos de extrema derecha y de la normalización de posturas anti‑inmigración por parte de varios partidos conservadores tradicionales, la Unión Europea ha aprobado este lunes en Bruselas un paquete de medidas que sienta las bases para la creación de centros de deportación fuera del territorio comunitario.

Los ministros de Interior de los Estados miembros, con la excepción de unos pocos como España, acordaron reducir de forma sustancial la cuota anual de reubicación solidaria de solicitantes de asilo y modificar el mecanismo de compensación económica, permitiendo que los países que prefieran pagar en lugar de acoger a los migrantes asignados lo hagan sin mayores restricciones.

Nuevo marco legal para la devolución de migrantes

En una sesión de carácter maratoniano, los responsables de la política interior de la UE dieron su visto bueno a la revisión del Reglamento de Retorno, que habilita a los Estados miembros a firmar convenios con terceros países para trasladar a centros extracomunitarios a los solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas. Asimismo, se aprobó la reforma del concepto de “tercer país seguro”, lo que facilitará la deportación a naciones distintas del país de origen del demandante.

Estos cambios crearán la base jurídica para que, en el futuro, algunos Estados miembros negocien con países como Uganda o Albania la instalación de centros de internamiento más allá de las fronteras europeas. Según el comunicado final de la votación, dichos centros podrán servir tanto como instalaciones de retorno definitivo como de acogida temporal.

Dinamarca, que está a punto de concluir su presidencia del Consejo de la UE y ha sido una de las principales impulsoras de políticas migratorias restrictivas, celebró la decisión calificándola como un paso para “eliminar los incentivos que animan a los migrantes a embarcarse en viajes peligrosos hacia la UE”. El ministro de Inmigración, Rasmus Stoklund, declaró que se está más cerca de cerrar acuerdos con terceros países seguros para crear centros de retorno.

Los defensores de lo que denominan “soluciones innovadoras” aseguran que los centros estarán sujetos a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. “Si enviamos a alguien a un centro de retorno, seremos responsables de respetar sus derechos”, afirmó Stoklund.

España, uno de los países que más se ha opuesto a estas políticas, expresó serias reservas. El ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, advirtió que los centros de retorno generan “dudas jurídicas” e “interrogantes” sobre la protección efectiva de los derechos de los migrantes. Portugal y Francia también manifestaron su rechazo, citando riesgos políticos, sociales y constitucionales, mientras que Grecia se abstuvo.

Organizaciones de derechos humanos y defensoras de migrantes han denunciado el plan, calificándolo de “legitimación de prisiones extraterritoriales” y de una medida que “discrimina racialmente y detiene a menores de forma nunca vista”. Sarah Chander, directora de la Iniciativa Equinox para la Justicia Racial, advirtió que la UE está creando un régimen punitivo que no contribuirá a la seguridad ni a la protección de las personas.

Paralelamente, la UE aprobó con mayoría la creación de una lista europea de “países de origen seguros”, propuesta impulsada por el gobierno italiano de Giorgia Meloni, que incluye a Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Marruecos, Túnez y Kosovo. Esta lista permitirá agilizar la denegación de solicitudes de asilo provenientes de dichos países.

En el mismo marco, los ministros acordaron reducir la cuota de reubicación solidaria para 2026, pasando de 30.000 a 21.000 solicitantes y disminuyendo la asistencia financiera de 600 a 420 millones de euros. El Consejo justificó la rebaja señalando que el primer año del nuevo Pacto de Migración y Asilo, que entrará en vigor el 12 de junio, requerirá menos recursos.

El mecanismo de solidaridad, que contempla la reubicación o la compensación financiera, seguirá en vigor, pero con cuotas más bajas. Grande‑Marlaska, que votó en contra de la reducción, recordó que “sin responsabilidad no habrá solidaridad, y sin solidaridad tampoco habrá responsabilidad”.