El Constitucional le da un giro inesperado a la vida de F D B tras dejar las drogas

En 2017, dos individuos encapuchados irrumpieron en la vivienda de F. D. B., en las inmediaciones del centro comercial La Vaguaza, en Madrid, amenazando con una pistola y un cuchillo. El violento asalto desató una avalancha de gritos y golpes que alertó a los vecinos, quienes llamaron a la Policía. Al llegar, los agentes encontraron a la víctima, con heridas en la cabeza y múltiples contusiones, pero también descubrieron en el domicilio una “gran cantidad” de marihuana y hachís. A pesar de haber sido víctima de un delito, F. D. B. fue condenado a dos años de prisión por un delito contra la salud pública.

Una pena suspendida y una segunda oportunidad

La sentencia, sin embargo, contempló una condición: la pena quedó suspendida siempre que F. D. B. se sometiera a un tratamiento de desintoxicación, acudiera regularmente a controles médicos y no volviera a delinquir. Durante los años siguientes, cumplió con las visitas a un centro de atención integral a drogodependientes, manteniéndose en contacto con su médico, psicóloga y trabajadora social. Además, logró encontrar empleo, lo que complicó en algunos momentos su asistencia a los test antidrugs, aunque la empresa finalmente le facilitó el tiempo necesario para cumplir con los controles.

En febrero de 2025, la Fiscalía solicitó la revocación de la suspensión de la pena argumentando un incumplimiento grave: F. D. B. había faltado a varios test y, en los realizados, había dado positivo en sustancias como cocaína, alcohol y THC. Sin embargo, dos fuentes cercanas al caso aseguran que hubo un error inicial clave: uno de los informes médicos presentados atribuía los resultados positivos a F. D. B., cuando en realidad correspondían a uno de los asaltantes que había entrado en su casa. Aunque este error fue detectado y no fue el fundamento final de la decisión, sí habría desencadenado el proceso de revisión.

El error que desencadenó un conflicto judicial

• El informe forense inicial confundió los resultados de F. D. B. con los de uno de sus agresores.
• Este equívoco fue subsanado, pero ya había activado el procedimiento de revisión de la suspensión.
• Posteriormente, F. D. B. comenzó a presentar test negativos consecutivos, lo que acreditaba su reinserción y abandono del consumo.
• La Audiencia Provincial de Madrid, sin embargo, decidió en junio de 2025 que debía ingresar en prisión, argumentando incumplimientos.

El Tribunal Constitucional intervino meses después, concediendo amparo a F. D. B. en diciembre y anulando las resoluciones que ordenaban su ingreso en prisión. En su sentencia, publicada recientemente en el BOE, el alto tribunal consideró que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a la libertad personal. Criticó especialmente el “automatismo” con el que la Audiencia Provincial había actuado, sin valorar las circunstancias personales, sociales y laborales del afectado, ni su evolución positiva en el tratamiento.

El Constitucional exige una nueva valoración

El fallo del Constitucional subraya que el órgano judicial no explicó suficientemente por qué se había roto la expectativa de no reincidencia que sustentó la suspensión de la pena. “No expone las razones por las que considera frustrada la prevención de la reincidencia”, señala el tribunal, lo que evidencia una “falta de motivación” en la decisión de encarcelarlo. Por ello, ordenó devolver el caso a la Audiencia Provincial de Madrid para que emita una nueva resolución ajustada a derecho.

F. D. B. hoy se encuentra en un proceso de reinserción avanzado: con empleo estable, sin consumos detectados en controles recientes y con un historial clínico favorable. Fuentes jurídicas destacan que, al momento de la revocación, ya cumplía con todos los requisitos y mostraba una evolución “prácticamente perfecta”. El caso, que se ha prolongado durante más de cinco años, vuelve ahora a la casilla de partida, pero con una advertencia clara del tribunal de garantías: la justicia debe ser efectiva, individualizada y respetuosa con los derechos fundamentales.