La ofensiva silenciosa contra tus derechos y los de millones

El gobierno de José Antonio Kast ha comenzado a marcar una clara inflexión en la política exterior e interna de Chile respecto a los derechos de género y de las personas LGBTQ+, generando preocupación entre expertos y organizaciones de derechos humanos. Tras meses de expectativas sobre una posible retirada de compromisos en materia de derechos humanos ligados a la diversidad y la igualdad, el Ejecutivo ha adoptado una serie de decisiones en foros internacionales que revelan una estrategia coherente con su visión conservadora de estos temas.

Viraje en la política exterior sobre derechos de género

Desde su participación en Bruselas en febrero, donde Kast criticó el denominado “feminismo ideológico” y afirmó que “mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad”, el gobierno chileno ha ido articulando una postura que busca redefinir el enfoque de género en instancias multilaterales. En marzo, durante la primera sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Chile decidió no respaldar un documento presentado por el Core Group LGBTIQ+ que promovía la protección de derechos de las personas LGBTQ+ en la región. La justificación oficial fue de orden procedimental, pero la decisión generó críticas entre actores de la sociedad civil y especialistas en derechos humanos.

Este posicionamiento se profundizó en el marco de la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, donde Chile se alineó con Estados Unidos, Pakistán y la República Democrática del Congo, entre otros países, para apoyar una iniciativa que busca restringir la definición de género únicamente a “hombre” y “mujer”. Esta propuesta, heredada de la administración Trump, busca descartar cualquier interpretación que incluya identidades de género diversas, como las personas trans. Aunque el gobierno argumentó que la decisión respondía a razones procedimentales, su impacto concreto implicaría un retroceso respecto al avance del reconocimiento de los derechos de las personas trans, volviendo a un marco similar al de la Conferencia de Beijing de 1995, que no contemplaba estas identidades.

Retiro del apoyo a la candidatura de Bachelet a la ONU

• El 23 de marzo, el gobierno de Kast anunció que no respaldaría la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas, una postulación que inicialmente contaba con el apoyo de Chile bajo la administración de Gabriel Boric, así como de México y Brasil.
• En un comunicado, el gobierno señaló que la existencia de múltiples candidaturas latinoamericanas hacía inviable el éxito de Bachelet, y anunció que, en caso de que ella continúe en la carrera, Chile se abstendrá de apoyar a cualquier otro candidato.
• Bachelet respondió horas después confirmando que su postulación proseguirá con el respaldo de México y Brasil, calificándola como un proyecto “de naturaleza colectiva”.

La decisión generó una rápida reacción crítica. Exministros de Relaciones Exteriores, analistas y figuras políticas destacaron el daño a la imagen internacional de Chile, especialmente considerando el histórico rol de Bachelet como defensora de los derechos humanos y exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Además, su candidatura era vista como un paso simbólico importante en la lucha por la paridad de género en liderazgos globales, dado que ningún secretario general de la ONU ha sido mujer hasta la fecha.

Este viraje no es aislado. Kast ya había manifestado en el pasado su desacuerdo con la participación de Chile en organismos multilaterales que incluyan a países como Cuba o Venezuela. Como presidente de la red conservadora Political Network for Values, ha promovido la idea de que las cumbres internacionales deben centrarse en los “derechos universales” y rechazar lo que denomina “falsos derechos”, entre los que incluye los derechos reproductivos y los derechos de las personas LGBTQ+.

Una estrategia en curso

Si bien aún no se han implementado cambios estructurales en instituciones como el Ministerio de la Mujer o en las unidades de género de organismos públicos, las señales son claras. La actual ministra de la Mujer, conocida por su postura contraria a los derechos sexuales y reproductivos, no ha aclarado si se mantendrán los indicadores de género que permiten medir la equidad en las políticas públicas. Tampoco se han revelado detalles sobre posibles recortes presupuestarios en estas áreas, lo que mantiene en incertidumbre el futuro de las políticas de género en Chile.

El precedente de otros países, como Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri o Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, muestra que este tipo de virajes suelen ir acompañados de un aumento en la vulnerabilidad de las mujeres y las personas LGBTQ+, así como de un repunte en discursos de odio y violencia hacia estos grupos. En ese contexto, las decisiones del gobierno chileno no solo afectan su posicionamiento internacional, sino que también tienen implicaciones profundas para la cohesión social y el respeto a los derechos humanos en el país.