Morena revela el secreto: la incertidumbre, su única certeza

Al estilo de la Universidad de Oxford al designar la palabra del año, en México el término que más resonó en 2025 fue “incertidumbre”. Al mismo tiempo, se escuchó un clamor creciente de voces que exigen al Gobierno “certidumbre”. La economía del país se encuentra en punto muerto y el Banco de México redujo recientemente su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025, pasando de un 0.6 % a solo un 0.3 %.

El impacto de las políticas exteriores de Estados Unidos, en particular los aranceles y la amenaza de cancelar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) bajo la administración de Donald Trump, ha mermado las finanzas nacionales. Sin embargo, las decisiones internas del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum también han contribuido a este estancamiento.

Contexto económico y político

El nuevo sexenio de la presidente Sheinbaum ha heredado un déficit fiscal que el gobierno anterior había intentado reducir. Recortar algunos puntos del déficit supone una presión sobre las finanzas públicas, pues la disminución del gasto público repercute directamente en la demanda interna: menos inversión del Estado implica menos ventas para el sector privado.

Desde septiembre de 2024, el Ejecutivo ha impulsado una serie de reformas bajo el llamado “Plan C”, orientadas a acelerar lo que describen como “desmontaje institucional de la transición”. Estas medidas buscan transformar la certidumbre que, según el gobierno, se había convertido en un obstáculo para la agenda de transformación.

Una de las iniciativas más controvertidas es la reforma del sector hídrico. Sheinbaum propone una especie de renacionalización del agua, con la creación de un órgano regulador centralizado que tendría facultades discrecionales para conceder o revocar derechos de uso y explotación de recursos hídricos. La redacción original de las leyes, modificada tras movilizaciones campesinas, otorga al Estado un control prácticamente absoluto sobre pozos y concesiones históricas, sin que el organismo regulador haya funcionado de manera eficaz en años recientes.

El objetivo, según la narrativa oficial, es “recuperar la rectoría” de un bien público, en una lógica que recuerda a la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas o a la nacionalización eléctrica de Adolfo López Mateos, pero aplicada al agua. La medida se presenta como parte de una “transformación” que busca una mayor justicia social y un modelo económico más equitativo.

Paralelamente, el gobierno ha planteado metas ambiciosas en materia de seguridad: reducir los índices de violencia, mejorar la infraestructura vial y combatir la extorsión a los negocios. De lograrse, estas acciones podrían reforzar la percepción de un Estado fuerte y capaz de garantizar un entorno propicio para la inversión.

No obstante, la combinación de un entorno regulatorio incierto y la presión fiscal crea un escenario complejo para los inversionistas. La incertidumbre persiste, y la administración parece estar dispuesta a seguir modificando reglas y estructuras institucionales aun cuando la economía necesite estabilidad para respirar.

En la esfera internacional, el desempeño de la izquierda en otras elecciones latinoamericanas influye en la estrategia de Morena, que tiende a adoptar posturas más radicales para evitar la percepción de “rendirse” ante el votante. Internamente, el acaparamiento de poder y la posible resistencia de grupos con intereses establecidos (por ejemplo, en el sector energético) podrían generar conflictos que afecten la recaudación fiscal y la capacidad del Estado para financiar sus políticas.

Algunos empresarios, acostumbrados a la volatilidad del modelo anterior, han optado por mantener su actividad a pesar de la incertidumbre, reconociendo que el anterior marco también estaba marcado por discrecionalidades, corrupción y castigos selectivos. Sin embargo, no todos podrán adaptarse rápidamente a la nueva dinámica, lo que podría traducirse en una ralentización adicional de la inversión.