Bruselas recibe la petición española para renunciar al 75% de los créditos del fondo europeo de recuperación

La Comisión Europea ha recibido el primer borrador de la nueva enmienda que España pretende presentar al Plan de Recuperación y Resiliencia que está negociando con el Gobierno español, según explican los portavoces oficiales del Ejecutivo comunitario. “Mantenemos un contacto constructivo con España sobre este asunto”, afirman.

En el marco de estas negociaciones, el Ejecutivo ha informado a Bruselas de su intención de renunciar a solicitar alrededor del 75 % de los créditos que le corresponden en el programa español del fondo de recuperación. Esta medida reduciría la parte crediticia, que superaba los 83 000 millones de euros, a una cifra cercana a los 22 000 millones, según ha indicado EL PAÍS. Las subvenciones, que no deben devolverse, se mantendrán íntegramente.

Contexto de la negociación y antecedentes

La solicitud oficial con los cambios propuestos debe ser aprobada por el Consejo de Ministros, pero el Gobierno ya está negociando dichos ajustes con la Comisión. Se trata de la séptima modificación del plan desde que se presentó la versión original en 2021. En aquella primera versión solo se incluían las subvenciones, que ascendían a cerca de 80 000 millones de euros, sin obligación de devolución. Hasta la fecha, España ha recibido aproximadamente 55 000 millones de esa partida y no ha renunciado a ningún euro.

Posteriormente se aprobó la primera gran enmienda, que introdujo la petición de préstamos y vinculó el importe definitivo de las subvenciones. Desde entonces, se han producido otras modificaciones, algunas motivadas por cambios en los criterios de gestión de la propia Comisión Europea para facilitar la ejecución del fondo, y otras por exigencias del Tribunal de Cuentas de la UE. En algunos casos, circunstancias imprevistas, como la gestión de la catástrofe de la DANA, también han impulsado ajustes.

La última enmienda que propone España llega tras la revisión de criterios aprobada por Bruselas en junio y después de tramitar las modificaciones vinculadas a la reconstrucción de Valencia tras la inundación. Aprovechando estos cambios, el Gobierno ha decidido renunciar a tres cuartas partes de los créditos asignados.

Según fuentes gubernamentales, “España mantiene un buen acceso a los mercados financieros, lo que elimina prácticamente la ventaja de coste de la financiación de los préstamos de la Comisión Europea. Por ejemplo, en los bonos a 20 años, el diferencial es negativo: el rendimiento es del 3,84 % para los bonos europeos y del 3,77 % para los españoles, lo que implica que nos financiamos a costes inferiores”.

Renunciar a unos 60 000 millones de euros en préstamos implica una reducción del endeudamiento. Si todo el importe se solicitara en un solo año, el salto de la deuda pública equivaldría a unos cuatro puntos del PIB, aunque esa cifra podría ser menor si la economía crece de forma sostenida.

El contexto económico español ha cambiado notablemente en los últimos cinco años, y la falta de tiempo para gastar la totalidad de los recursos es otro factor clave. El Fondo de Recuperación y Resiliencia se aprobó con la condición de que el dinero recibido por los Estados miembros debía estar desembolsado entre finales de agosto de 2026 y el 31 de diciembre de 2026, lo que supone prácticamente la totalidad de los recursos. Este plazo se considera un reto muy difícil de cumplir.

Por ello, en la negociación actual España busca mecanismos que le permitan aplazar la ejecución de algunos recursos, respetando el Reglamento europeo que regula el fondo. “La enmienda que se está trabajando permitirá seguir invirtiendo más allá de agosto de 2026, fecha en que finaliza el plazo de ejecución del plan de recuperación”, explican fuentes gubernamentales. Esta opción ya figuraba entre los planes del Gobierno, que contemplaba el uso de empresas públicas para canalizar la inversión, y ahora recibe el apoyo del Ejecutivo.