Los hondureños de Nueva Orleans se debaten entre votar o esconderse ante la amenaza del ICE

Edwin, un migrante hondureño indocumentado que lleva seis años viviendo en la zona metropolitana de Nueva Orleans, cuenta los días que le quedan antes del 1 de diciembre, fecha en la que, según los rumores, una nueva oleada de agentes migratorios comenzará a patrullar la ciudad. Ante la perspectiva de una intensificación de los operativos de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Edwin ha avisado a su jefe que dejará de trabajar ese día, se esconderá y dependerá de los ahorros que ha acumulado trabajando turnos extra como jornalero en la construcción.

El temor de Edwin no es aislado. Miles de migrantes indocumentados, en su mayoría hondureños, comparten la inquietud de que cientos de agentes federales, bajo la dirección del controvertido jefe de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino, se desplacen desde Charlotte, Carolina del Norte, al sur del país, concretamente a la zona metropolitana de Nueva Orleans, una región que, a pesar de su tendencia republicana, concentra la mayor parte de la población migrante latina de Luisiana.

Una comunidad histórica bajo presión

Los hondureños son el grupo migrante más numeroso de Luisiana, con cerca de 50 000 residentes, lo que representa aproximadamente el 20 % del total de la población latina del estado. Su presencia se remonta a principios del siglo XX, cuando los lazos comerciales del puerto de Nueva Orleans con Centroamérica atrajeron a trabajadores para las grandes plantaciones y empresas agrícolas estadounidenses. Las décadas de los sesenta y setenta vieron aumentos significativos de la migración, impulsados por la inestabilidad política y económica de Honduras y, más tarde, por desastres naturales como el huracán Mitch (1998) y el huracán Katrina (2005). Este último dejó al 80 % de la ciudad bajo el agua y requirió la participación de miles de hondureños en la reconstrucción, lo que consolidó aún más su arraigo en la región.

Hoy, Edwin y su familia —esposa y dos hijas, de 17 y 3 años, esta última nacida en Estados Unidos— viven en Metairie, una localidad aledaña a Nueva Orleans donde se sienten “en casa”. Sin embargo, el anuncio de la llegada de los agentes migratorios ha alterado su rutina. “Ahora evitamos cargar gasolina en la mañana y lo hacemos por la tarde, después del trabajo. Cuando debemos descansar, buscamos lugares discretos detrás de las casas, en lugar de hacerlo frente a la calle como antes”, comenta.

Los cambios de hábito se han intensificado desde que se supo que el ICE y la Patrulla Fronteriza planifican operar en Luisiana. Edwin relata que antes solían compartir transporte en una furgoneta de la empresa, pero ahora cada quien utiliza su propio automóvil para evitar desplazarse en grupo. Además, han decidido mudarse a una zona con menor concentración de latinos dentro del mismo edificio de departamentos, donde el 99,9 % de los residentes son hispanos.

El temor no se limita a la presencia policial. La comunidad también enfrenta incertidumbre respecto a la participación en las elecciones presidenciales de Honduras, donde Edwin está inscrito como observador. La posibilidad de ser detenido mientras viaja a su país de origen lo mantiene en una encrucijada: desea ejercer su derecho al voto, pero el riesgo de ser capturado por los agentes lo asusta.

En la ciudad, los negocios con clientela predominantemente latina ya sienten la ausencia de clientes que prefieren permanecer en casa por miedo a los operativos. La comunidad ha comenzado a distribuir silbatos para alertar sobre la presencia del ICE y folletos con los derechos de los inmigrantes, con el objetivo de que las personas puedan ejercer sus garantías en caso de detención.

El único centro de votación que se instalará en Luisiana para los hondureños podría quedar vacío por dos motivos. Primero, el temor a la represión migratoria, acentuado por la ubicación del puesto en el consulado hondureño, el mismo edificio que alberga oficinas del ICE. Segundo, la Fundación 15 de Septiembre denuncia que, pese a que el registro de personas y la cancillería informaron que en los últimos cuatro años se inscribieron 400 000 hondureños habilitados para votar, el Consejo Nacional Electoral solo ha enviado 18 000 papeletas, lo que limitaría la distribución a unas 1 500 boletas por cada una de los diez centros de votación previstos.

El presidente Donald Trump, quien ha manifestado su apoyo al candidato conservador tibio Tifo Asfura y ha insinuado la posible concesión de un indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, también ha señalado que la comunidad hondureña en EE. UU. debe “vigilar” el proceso electoral de su país. Estas declaraciones refuerzan la percepción de que el gobierno estadounidense, incluido el ICE, está al tanto de la situación y podría actuar en consecuencia.

Para Edwin, votar sigue siendo “la última oportunidad para que el pueblo vea un cambio”, aunque el miedo a regresar a un Honduras que todavía no le ofrece un futuro claro le impide tomar una decisión definitiva. El domingo, día de la votación, será crucial para definir no solo su participación política, sino también el rumbo de su vida en Estados Unidos.