El oro brilla donde muere el río

En el siglo XX el mundo empezó a comprender la magnitud de los desastres provocados por la contaminación con mercurio, a raíz del vertido indiscriminado de residuos industriales en la bahía de Minamata, Japón. Ese episodio dio origen a una de las tragedias más graves de la historia reciente: casi 3 000 personas han padecido síntomas de intoxicación y malformaciones congénitas, la mayoría vinculadas al consumo de pescado contaminado con este metal.

Recientemente, en la COP 6 del Convenio de Minamata celebrada en Ginebra, los representantes de comunidades y gobiernos indígenas de la Amazonía reiteraron que la contaminación con mercurio representa una amenaza no solo para sus pueblos, sino también para los ecosistemas y la biodiversidad de la región. El uso del mercurio en la extracción de oro artesanal ha desencadenado una emergencia ambiental que no puede seguir siendo ignorada.

Datos alarmantes de la Amazonía

En la COP 30 de Cambio Climático, realizada en Belém do Pará, se subrayó que los impactos del mercurio van mucho más allá de casos aislados. En Colombia, mediciones recientes de la Universidad de Cartagena revelaron niveles de mercurio en ríos amazónicos hasta 15 veces superiores al límite seguro establecido por la Organización Mundial de la Salud. En Brasil, el Instituto Escolhas informó que el 92 % de los miembros de la comunidad Yanomami, en el alto Tapajós, presentan concentraciones de mercurio extremadamente altas en sus cuerpos.

Desde 2018, la minería ilegal de oro ha alterado más de 13 000 km de cauces fluviales en la Amazonía, liberando miles de toneladas de mercurio al medio ambiente. La selva es una sola y sus ríos no conocen fronteras, por lo que la contaminación se propaga rápidamente a lo largo y ancho del territorio.

Las consecuencias no se limitan al daño físico. En numerosas comunidades se han emitido alertas sobre especies de pescado que deben evitarse, ya que el metal se bioacumula en sus tejidos y el cuerpo humano no puede metabolizarlo. Además, la actividad minera ha incrementado la violencia contra defensores del medio ambiente y ha generado disputas por el control del oro ilegal, afectando a poblaciones en Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil.

A pesar de los avances alcanzados bajo el Convenio de Minamata, la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sigue siendo insuficiente. Es imprescindible que estas comunidades reciban financiamiento directo para desarrollar sus propias iniciativas de conservación y que se establezca un monitoreo permanente de la salud en sus territorios. Asimismo, la representación de los pueblos amazónicos debe ser más visible y sustancial en los organismos internacionales que abordan la regulación del mercurio.

Gonzalo Macuna, secretario general del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, una de las áreas mejor conservadas del bioma amazónico, enfatiza que “no hay riqueza más sagrada que la del territorio”. El oro que brilla donde muere el río no puede ser la señal de progreso, pues cada nueva extracción aumenta el riesgo de una tragedia ambiental comparable a Minamata.