Niñas forzadas a ser madres: el drama que la campaña electoral peruana prefiere ignorar

Cerca de cuatro niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres cada día en Perú. En lo que va de 2025, 993 menores de 15 años dieron a luz, según datos de Promsex, organización que defiende los derechos sexuales y reproductivos y que basa sus cifras en información del Ministerio de Salud.

En el país, cualquier embarazo en niñas menores de 14 años se considera resultado de una violación sexual. Sin embargo, a menos de una semana de las elecciones generales del 12 de abril, el tema –junto a la prevención, el aborto terapéutico y la violencia sexual en general– ocupa poco espacio en el debate público.

Contexto electoral y retroceso de derechos

De los 36 planes de gobierno analizados por organizaciones feministas y de derechos humanos como Promsex, Amnistía Internacional y el Movimiento Manuela Ramos, el 58 % no menciona el embarazo infantil y el 64 % omite o se opone a la Educación Sexual Integral (ESI), una herramienta clave para prevenir la violencia. El informe se centró en tres ejes interrelacionados: violencia sexual contra niñas y adolescentes, embarazo infantil y ESI.

Perú atraviesa un periodo de retroceso en los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, marcado por una serie de leyes que revierten los avances feministas de la última década. “Estamos hablando de derechos fundamentales como la salud, la integridad, la educación y el proyecto de vida de niñas, adolescentes y mujeres”, declara Angie Muñoz, asesora del Consejo Directivo de Promsex y especialista en derechos humanos y género.

El país tiene una gran deuda en la prevención de la violencia contra las mujeres: se estima que ocurre una violación cada 40 minutos. En 2023 se registraron 13 069 denuncias por violencia sexual, de las cuales el 63 % fueron contra niñas y adolescentes. A pesar de esta magnitud, el 44 % de los partidos políticos no plantean medidas para enfrentar la violencia sexual, ocho adoptan posturas abiertamente regresivas y otros ocho ni siquiera mencionan el problema. Solo una de las 36 propuestas incluye medidas concretas dirigidas a este grupo vulnerable.

Entre las propuestas más controvertidas están la eliminación del Ministerio de la Mujer, la retirada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Pacto de San José, y la idea de abordar el embarazo infantil mediante bonos económicos o acompañamiento, incluso cuando la menor no desea continuar con la gestación. “Es un momento de fuerte avance de candidaturas muy conservadoras, con posturas fundamentalistas respecto a los derechos de las mujeres”, señala Rocío Gutiérrez, directora del Movimiento Manuela Ramos.

La Educación Sexual Integral, considerada una de las principales herramientas de prevención, es rechazada o ignorada por la mayoría de los planes (64 %). Solo tres partidos (Alianza Electoral Venceremos, Juntos por el Perú y Partido Moro) presentan medidas concretas para su implementación, mientras que otros tres (Libert Popular, Partido del Buen Gobierno y Primero la Gente) la mencionan sin detallar un plan de acción.

El Congreso, impulsado por la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui (partido de Rafael López Aliaga), aprobó el año pasado una ley que elimina el enfoque de género de las políticas públicas. Jáuregui también reabrió el debate sobre el aborto, acusada en febrero de presionar a menores víctimas de violación para que continúen sus embarazos en un refugio bajo su responsabilidad.

En Perú el único aborto permitido por ley es el terapéutico, autorizado cuando la vida de la mujer está en riesgo. Sin embargo, este criterio rara vez se aplica a menores; por ejemplo, si una junta médica determina que una niña de 11 años no corre riesgo vital, se le obliga a seguir gestando, incluso en casos de violación. Solo tres planes de gobierno mencionan el aborto terapéutico como una salida en casos de violación a niñas, mientras que el 58 % ignora las consecuencias del embarazo infantil.

Expertas subrayan la necesidad de una evaluación integral que considere la salud física y mental de la menor. Bajo este enfoque, el aborto terapéutico podría convertirse en una vía legal para que niñas y adolescentes embarazadas no sean obligadas a continuar con la gestación.

El panorama de violencia y vulnerabilidad es alarmante: el suicidio figura entre las causas indirectas de muerte de niñas y adolescentes gestantes; en comunidades indígenas se registran casos de VIH vinculados a violencia sexual; más de 800 casos de abuso sexual infantil están en riesgo por la reducción de fiscalías especializadas en la Amazonía; y las escuelas dejaron de ser espacios seguros, con 3 490 denuncias de violencia sexual en el último año. En conjunto, estos datos reflejan la gravedad de una situación que, a pesar de su magnitud, sigue siendo marginada en la agenda política nacional.