La reforma de la financiación echa a andar con el único apoyo de Cataluña y la presión de Montero al PP por el dinero adicional

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el miércoles su propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La iniciativa, que incluye un acuerdo con Esquerra Republicana que generaría 21.000 millones de euros adicionales para todas las comunidades autónomas si se aprueba en el Congreso, se inscribe en un contexto de presión política para actualizar un marco que lleva sin cambios desde 2014.

Contexto y contenido de la reforma

Hasta ahora, solo Cataluña había manifestado su conformidad con la propuesta impulsada por el gobierno socialista; el resto de las comunidades, lideradas por el Partido Popular y otros partidos regionales, la han rechazado o criticado. La vicepresidenta primera de la Generalitat, permaneció firme en su postura, recordando que, de aprobarse la reforma, cada comunidad decidirá de forma voluntaria si se adhiere al nuevo esquema.

El proyecto, anunciado tras la reunión del 8 de enero entre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plantea una evolución del sistema actual con un aumento de recursos de hasta 21.000 millones de euros en el primer año de funcionamiento. De esa cifra, 16.000 millones provendrían de la elevación del porcentaje de cesión de la recaudación del IRPF del 50 % al 55 % y del IVA del 50 % al 56,5 %. El resto se financiaría con una mayor aportación de la “Caja Común” del sistema.

Si las comunidades no adoptan voluntariamente el nuevo modelo, perderían los recursos adicionales que la reforma contempla.

Según datos del Ministerio, la mayor parte del aumento de fondos (más de 15.000 millones, equivalentes al 70 % de los recursos extra) iría a las comunidades gobernadas por el PP, que controlan 11 de los 15 territorios de régimen común. Cataluña sería la segunda comunidad con mayor incremento absoluto, con aproximadamente 4.700 millones de euros, solo superada por Andalucía.

Entre los componentes nuevos de la reforma se encuentran:

• Un fondo climático destinado prioritariamente a los territorios mediterráneos.
• Un mecanismo de incremento del porcentaje de cesión del IVA para pymes.

El centro de estudios Fedea, a través de su director Ángel de la Fuente, calificó la propuesta como positiva por su simplificación y mayor equidad, aunque criticó la inclusión del fondo climático y el mecanismo del IVA por considerarlos “arbitrarios”.

La ministra Montero defendió la reforma como un “hito” que no había tenido precedentes en 17 años y refutó las acusaciones de que el modelo favorece exclusivamente a Cataluña. “Estamos hablando de una reforma del modelo común. Las insinuaciones de que se trata de un cupo separatista son falsas”, afirmó.

En cuanto a la solidaridad financiera, Montero sostuvo que los territorios con mayor capacidad tributaria seguirán aportando más, mientras que los que tienen menos capacidad continuarán siendo netamente receptores. Según la propuesta, la brecha de financiación per cápita se reduciría de 1 500 euros a 700 euros.

Otro punto polémico es la “ordinalidad”, es decir, la posición de cada comunidad en el ranking de aportes y recibos. La ministra argumentó que la ordinalidad del nuevo modelo es la misma que la del actual, pero con mayor transparencia y sin perjuicio para Cataluña.

Tras la sesión del CPFF, el Ministerio iniciará conversaciones bilaterales con cada comunidad autónoma para afinar los detalles antes de redactar la ley orgánica que regulará el nuevo marco. El objetivo del Gobierno es disponer del texto listo este año para que entre en vigor en 2027, aunque reconoce la dificultad de conseguir los apoyos parlamentarios necesarios.

Montero concluyó la rueda de prensa instando al PP a señalar concretamente los aspectos del modelo con los que no está de acuerdo, y advirtió que “no vamos a volver a archivar la reforma”.