Cataluña, Valencia y Murcia son las comunidades que más ganan por habitante con el nuevo modelo de financiación

El Gobierno ha presentado una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente de renovación desde hace más de una década y cuyo rediseño se ha convertido en una tarea compleja por la necesidad de conciliar intereses contrapuestos entre las comunidades. La reforma parte de una medida contundente: Hacienda, mediante varias modificaciones tributarias de gran alcance, pretende canalizar una inyección adicional de recursos de 21.000 millones de euros al año, a repartir entre las comunidades de régimen común, con el objetivo de reparar la deteriorada hucha que alimenta sus finanzas.

El efecto inmediato es que prácticamente todos los territorios aumentan su financiación efectiva en términos absolutos. Sin embargo, la imagen se complica cuando se analiza con detalle la distribución de ese aumento y el cambio en la posición relativa de cada comunidad.

Principales resultados de la simulación

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha desmenuzado los entresijos de la reforma en un documento público publicado este miércoles por su director, Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos en financiación autonómica de España. La simulación, actualizada con los datos disponibles de 2023, concluye que los cambios benefician notablemente a las comunidades que partían de posiciones más débiles en el sistema actual, aunque no exclusivamente a ellas.

En términos de población ajustada (cálculo que pondera a los habitantes según insularidad, edad media, dispersión geográfica y orografía, factores que influyen directamente en el coste de los servicios públicos), los mayores beneficiarios son:

• Cataluña: +507 euros por habitante.
• Comunidad Valenciana: +496 euros por habitante.
• Región de Murcia: +468 euros por habitante.
• Islas Baleares: +450 euros por habitante.
• Comunidad de Madrid: +409 euros por habitante.
• Andalucía: +367 euros por habitante.

Si el cálculo se realiza sin ajustar la población, según los parámetros de Hacienda, los mayores incrementos absolutos corresponden, por orden, a Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia.

El aumento generalizado de recursos, consecuencia directa de la fuerte inyección financiera prevista gracias al mayor peso de las comunidades en impuestos como el IRPF y el IVA, permite elevar de manera apreciable la capacidad de gasto de la mayoría de los territorios. No obstante, no todas las autonomías participan del reparto en igualdad de condiciones. Algunas, como Cantabria, La Rioja, Extremadura y Castilla y León, que ya se beneficiaban bajo el sistema vigente, no obtienen ninguna ganancia adicional. El nuevo esquema contempla compensaciones diseñadas para evitar pérdidas nominales; según los cálculos del Gobierno, estas compensaciones se aplicarían únicamente a Cantabria y Extremadura, pues Castilla y León y La Rioja experimentarían un pequeño aumento en sus recursos.

Al pasar de los euros a la financiación relativa por habitante ajustado, medida mediante el tradicional índice con base 100 elaborado por Fedea, la clasificación cambia ligeramente. En la simulación del centro de estudios no se han incluido todos los ajustes previstos por el nuevo modelo, como la incorporación a la caja compartida del impuesto sobre el patrimonio, cuya recaudación aún no está normada.

Los resultados relativos son los siguientes:

• Comunidad Valenciana sube 4,8 puntos, hasta 97,8.
• Región de Murcia avanza 4,3 puntos, alcanzando 94,9.
• Cataluña gana 4,2 puntos, llegando a 106,6, por encima de la media.
• Islas Baleares y Comunidad de Madrid mejoran 2,0 y 1,9 puntos respectivamente.
• Andalucía registra un incremento más moderado de 1,2 puntos.

El resto de territorios pierden posiciones, aunque la brecha entre la financiación más alta y la más baja se reduce de 26,2 puntos a 18,1.

El esfuerzo fiscal de las autonomías más acomodadas –Madrid, Cataluña y Baleares–, que son aportadoras netas tanto con el modelo antiguo como con el nuevo, también se modifica: mientras que el esfuerzo de Madrid aumenta ligeramente, el de Cataluña y Baleares se reduce de forma sustancial.

Críticas al plan

De la Fuente señala que, en líneas generales, los pilares del nuevo modelo son más justos, con un reparto más equitativo y la eliminación de reordenaciones arbitrarias. Sin embargo, advierte que se han introducido parches específicamente diseñados para favorecer a la Generalitat de Cataluña, con quien el Gobierno negoció inicialmente el esquema antes de presentarlo al resto de comunidades, generando resentimientos y acusaciones de sesgo.

Fedea considera que muchas de las debilidades de la propuesta no radican en el diseño teórico del sistema, sino en su concreción política. El núcleo del modelo –basado en una nivelación horizontal más homogénea y en la población ajustada como referencia central– es razonable y representa un avance respecto al sistema vigente. No obstante, ese núcleo queda en gran medida diluido por medidas ad hoc que alteran su lógica interna y dificultan la evaluación en términos de equidad y eficiencia.

Entre los instrumentos cuestionados se encuentran el Fondo Climático y el mecanismo de compensación del IVA para pymes. Según De la Fuente, estos ajustes carecen de una base técnica sólida y no responden claramente a diferencias objetivas de necesidad de gasto ni a la capacidad fiscal de los territorios, reintroduciendo la arbitrariedad que se pretendía eliminar.

El uso de compensaciones para mantener el statu quo también es criticado. Aunque pueden ser políticamente necesarias para facilitar la transición y evitar pérdidas nominales inmediatas, congelan desequilibrios heredados y reducen los incentivos para aceptar ajustes futuros.

Otro punto de controversia es que el fuerte aumento de recursos no va acompañado de una mejora real en la gobernanza fiscal. La inyección de 21.000 millones, presentada como una aportación generosa del Gobierno central para reforzar el Estado del bienestar, implica un coste de oportunidad (dinero que deja de destinarse a otras partidas) y podría agravar la falta de incentivos para la disciplina fiscal. De la Fuente insiste en que debería hacerse visible para la ciudadanía que el cambio supone una subida de la presión fiscal autonómica, o al menos de la presión fiscal en beneficio de los gobiernos autonómicos.

Además, al provenir esos recursos de la hacienda central, podría perjudicar la consolidación fiscal de las autonomías, que actualmente presentan un déficit estructural considerable frente al cuasi‑equilibrio promedio.

Fedea también muestra escepticismo respecto al aumento de la cesión del IRPF como pieza central de la reforma. Considera que este cambio no es imprescindible para mejorar la equidad del sistema y añade complejidad innecesaria a su arquitectura. Como alternativa, propone que las comunidades puedan decidir voluntariamente si desean más recursos, ajustando sus tipos impositivos de referencia, de modo que el coste de esa decisión sea visible para los contribuyentes.