Así es una mediación entre padres separados: Vuestros hijos merecen que os sentéis a hablar

La primera de las tres parejas que hoy intentan “enterrar el hacha de guerra” ha llegado ya al edificio judicial del centro de Barcelona. Se trata de Laura (nombre ficticio) y su ex‑pareja, quienes, tras una separación conflictiva, siguen sin llegar a un acuerdo sobre la custodia de su hija de 13 años. Su divorcio forma parte del 20 % de los 40 000 procesos de divorcio que se registran anualmente en España en los que están involucrados menores.

Un juzgado de familia dictó una sentencia hace tres años, pero la parte demandante la recurrió. Con la menor ya en la adolescencia, la pareja acude a la Audiencia de Barcelona, órgano que tendrá la última palabra, no para pelear, sino para iniciar un proceso de mediación.

Mediación familiar: la última oportunidad para evitar el litigio

En una sala adaptada para el diálogo, Laura y su ex‑pareja se sientan frente a frente, acompañados de sus abogados. La magistrada Raquel Alastruey, una de los tres jueces que podrían dictar el fallo definitivo, les recuerda que el proceso es gratuito –financiado por la Generalitat catalana– y confidencial. “Supongo que no quieren dejar en manos de desconocidos la crianza de su hija”, les dice, invitándolos a aprovechar la mediación para alcanzar un acuerdo por sí mismos.

Alastruey, magistrada con máster en mediación y miembro del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME), subraya que delegar decisiones sobre la crianza a tres jueces equivale a renunciar a la responsabilidad parental. El objetivo de la mediación es que los progenitores, a través del diálogo, definan horarios, regímenes de visitas y cualquier otro aspecto que afecte a la menor.

Mientras tanto, la segunda pareja, ambos profesores universitarios, ocupa otra sala en la planta baja. Tienen dos hijos, de ocho y catorce años, y la sentencia de custodia compartida con días alternos, dictada hace seis meses, no les satisface. “Estáis litigando y, si queréis una sentencia, tendréis que cumplirla. Pero sería mejor que acordárais vosotros la forma y los horarios”, aconseja Alastruey, quien también es experta en resolución alternativa de conflictos.

La tercera mediación prevista para la jornada se cancela porque uno de los pretendientes no pudo asistir. Ante esta situación, la magistrada reitera la importancia del proceso y advierte que su futuro está amenazado por una iniciativa legislativa impulsada por un sector de la abogacía.

La Ley de Eficiencia en la Justicia, en vigor desde abril de 2025, obliga a las partes en procesos de familia, incluidos los que involucran a menores, a agotar primero los medios alternativos de solución de controversias (MASC) antes de acudir a los tribunales. “Es un cambio cultural y social que busca priorizar el diálogo sobre la judicialización directa”, explica Sofía Torras, directora del Centro para la Resolución Alternativa de Conflictos del Colegio de la Abogacía de Barcelona.

Sin embargo, la aplicación práctica de la norma ha sido cuestionada por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). Según la asociación, la obligatoriedad de la mediación retrasaría la protección de los hijos y complicaría la resolución de cuestiones urgentes como pensiones alimenticias, régimen de visitas y uso de la vivienda familiar.

El debate político ha llevado al Congreso a aprobar en noviembre, por 185 votos a favor, una enmienda impulsada por el PNV que insta al Gobierno a suprimir la obligatoriedad de la mediación en materia familiar. “El Parlamento ha escuchado las demandas de la abogacía especializada y, sobre todo, de los niños y adolescentes, quienes se quedan sin una respuesta rápida a sus necesidades vitales”, declaró Lola López‑Muelas, presidenta de AEAFA.

Por su parte, GEMME presenta datos que respaldan la efectividad de la mediación. En los dos primeros meses de aplicación del programa de la Generalitat, se registró un 56 % de acuerdos (cinco de los nueve casos que iniciaron la mediación). A nivel general, el 80 % de los conflictos familiares se resuelven de forma pacífica mediante negociación entre abogados, mientras que el 20 % restante permanece contencioso. “Incluso en fases avanzadas del conflicto, la mediación ofrece una esperanza: permite a los padres, aunque ya no se amen, comunicarse por el bien de sus hijos”, afirma Alastruey.