Privatizar la sanidad: cuando el negocio entra por la puerta, la salud sale por la ventana

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, afirmó hace unas semanas que “no se puede decir que haya privatización sanitaria en Andalucía”. Desde el Partido Popular se mantuvo la postura de que su gobierno había sido “el freno” a cualquier proceso de privatización. Sin embargo, los datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública (FSP) sitúan a la comunidad autónoma en una clara aceleración de la privatización, mientras que expertos como Manuel Torres, José Antonio Brieva y Antonio Vergara describen un deterioro continuo del sistema sanitario público.

Iniciativa Legislativa Popular de Mareas Blancas

Ante este panorama, la Coordinadora de Mareas Blancas ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 57 000 firmas, que ya ha sido presentada en el Parlamento andaluz. El objetivo es detener la “sangría” del modelo sanitario público y recuperar un sistema basado en la justicia social, la universalidad y la prevención.

El deterioro del sistema público no es accidental. Según los analistas, primero se desfinancia la sanidad, lo que genera una percepción de ineficacia entre la ciudadanía; después, la privatización —total o parcial— se presenta como la única solución “realista”; por último, los recursos públicos son transferidos a empresas privadas cuyo fin es el lucro, no la mejora de la salud poblacional.

Los datos respaldan esta visión. En los territorios donde aumenta la externalización, se observan recortes de personal, selección de pacientes “rentables” y reducción de tiempos de consulta. Un estudio en Inglaterra mostró que un aumento del 1 % en la externalización privada se correlacionó con un incremento de la mortalidad evitable, evidenciando el coste humano de estas políticas.

Además, la supuesta “eficiencia” del modelo privado se limita a la optimización de beneficios y a la gestión de casos simples. En realidad, resulta ineficiente para garantizar la equidad, la continuidad asistencial y la cobertura universal, valores que solo pueden asegurarse a través de un sistema público sólido.

El debate también ha tomado un giro judicial. Un juez que investiga los contratos de emergencia sanitaria en Andalucía ha citado a una consejera del gobierno de Moreno, lo que podría aportar evidencias sobre la gestión de los recursos durante la pandemia.

El Partido Popular ha manifestado su apoyo a la iniciativa de Mareas Blancas, aunque advierten que su impulso podría decaer si no se tramita con urgencia, subrayando la necesidad de una respuesta legislativa rápida.

En este contexto, profesionales como Joan Carles March, exdirector de la Escuela Andaluza de Salud Pública (2015‑2017) y actualmente profesor, reiteran la importancia de defender un modelo sanitario público fuerte, que sea capaz de responder a crisis sanitarias y garantice la salud como un derecho fundamental, no como una mercancía.