La burocracia y la inflación encarece un 50% el coste de construcción de nuevas escuelas en Cataluña

Los retrasos en la construcción de nuevos centros educativos están resultando muy costosos. La combinación de una burocracia lenta, la falta de coordinación entre administraciones y la inflación de los últimos años, que ha encarecido los materiales, obliga al Departamento de Educación a buscar más recursos para impulsar la obra de escuelas pendientes.

Este martes el Govern ha aprobado la actualización de cinco convenios firmados hace cinco años con diferentes ayuntamientos. En aquel momento el presupuesto total ascendía a 14,7 millones de euros, pero ahora se sitúa en 22,6 millones. El Departamento de Educación asumirá 17,7 millones y el resto corresponderá a los municipios. Ninguno de los proyectos ha comenzado todavía y, en la mayoría de los casos, aún falta un proyecto constructivo definitivo, por lo que los importes podrían seguir incrementándose.

Detalles de los convenios actualizados

Los cinco convenios revisados se dividen en dos grupos: nuevas construcciones y ampliaciones de edificios ya existentes.

Nuevas construcciones

• Escuela Fanals d’Aro (Castell i Platja d’Aro): prevista inicialmente en 3,5 millones, el presupuesto se ha duplicado a 6,9 millones tras la entrega del proyecto arquitectónico. Es el único caso que ya cuenta con proyecto y, por tanto, el que podría ejecutarse antes.
• Escuela Carme Guasch (Figueres): los módulos se remontan a 2006 y el convenio se ha extendido hasta finales de 2029. El importe se mantiene en 5,8 millones, aunque la Consejería de Educación no descarta una revisión futura cuando se elaboren los planos.

Ampliaciones de edificios existentes

• Mont-roig de Balaguer: el coste pasa de 2,2 millones a 3,7 millones.
• La Parella de Santa Oliva: la inversión asciende de 1,2 millones a 2,3 millones.
• Instituto‑Escuela Lluís Piquer (Parets del Vallès): el presupuesto se duplica, de 2 millones a 4 millones.

Además, el Govern ha aprobado un sexto convenio, esta vez con el Ayuntamiento de Castellar del Vallès, para rehabilitar la cubierta de la escuela Emili Carles‑Tolrà (edificio de 1934), cuya reparación tiene un coste estimado de 700 000 euros.

En la misma sesión, la consejera de Educación, Esther Niubó, compareció ante la comisión parlamentaria para tratar la asignación de plazas en la Formación Profesional (FP) y el nuevo Decreto de Orientación Educativa.

Formación Profesional

Niubó anunció que, antes de mayo, se creará una nueva bolsa de profesores destinada a cubrir la falta de perfiles altamente especializados. Entre los ejemplos citados se encuentran la mecánica, la elaboración de postres de chocolate veganos, operadores de grúa y fotografía subacuática.

La consejera resaltó el éxito del proceso de inscripción en la FP, con un calendario que permitió a los alumnos conocer su situación en julio. No obstante, admitió los problemas surgidos en la fase de repesca de septiembre, cuando el proceso pasó de ser telemático a presencial, generando colas extensas en varios institutos. “Somos conscientes de estos inconvenientes y trabajaremos para que el próximo año no se repitan”, declaró.

Decreto de Orientación Educativa

Los partidos de la oposición han criticado el retraso en la aprobación del nuevo decreto, que pretende dotar a colegios e institutos de orientadores especializados y establecer medidas clave contra el abandono escolar prematuro. Además, reprochan que la normativa aún no precise la dotación de personal ni la ratio mínima de orientadores por alumno.

Niubó negó la existencia de retrasos, indicando que el decreto está en exposición pública desde mayo y se encuentra en los procesos habituales. La intención es que el Govern lo apruebe durante el primer trimestre de 2026. Aunque la propuesta normativa no fija cifras, la memoria económica que la acompaña contempla una inversión de 232 millones de euros en siete cursos, con la incorporación prevista de 500 orientadores en la educación postobligatoria, 500 en centros concertados, 2 000 técnicos de integración social y 1 200 educores sociales para escuelas de primaria públicas y concertadas.

La consejera subrayó que la magnitud y la velocidad de implantación del decreto dependerán de la disponibilidad presupuestaria: “El decreto está listo, pero esperamos confirmar los recursos para poder desplegarlo con la rapidez necesaria”.