La asociación de fiscales progresistas ve en la sentencia del Supremo un giro constitucionalmente letal

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha emitido un enérgico comunicado en el que cuestiona la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exfiscal general, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amor. Según la asociación, la resolución representa un “desplazamiento radical del estándar penal” al condenar sin que la prueba sea irrefutable y al basarse en la ausencia de una alternativa razonable.

Críticas de la UPF al fallo del Tribunal Supremo

La UPF sostiene que la sentencia vulnera la presunción de inocencia, al invertir la carga de la prueba y exigir que sea el acusado quien demuestre su inocencia en lugar de que la acusación pruebe su culpabilidad, como establece la Constitución. “Cuando una sentencia afirma que ‘no existe una explicación alternativa razonable, por tanto la hipótesis condenatoria es válida’, está imponiendo una carga probatoria encubierta que contraviene el principio de inocencia hasta que se pruebe lo contrario”, explican los representantes de la asociación.

En el comunicado, la asociación también señala que la condena trasciende el caso concreto y se convierte en un hecho de “indudable relevancia histórica, jurídica y democrática”. Aseguran que la confianza en la justicia se ve erosionada cuando un proceso de máxima trascendencia constitucional deja una sensación de rigidez, precipitación o de veredicto predeterminado, aun cuando la sentencia sea formalmente válida.

La UPF denuncia, además, que el Tribunal Supremo haya considerado como prueba la “borradura del teléfono de García Ortiz”, interpretándola como una constatación de culpabilidad, y que haya unificado en una sola acción delictiva dos conductas de naturaleza, autoría y contexto “radicalmente distintos”: la filtración del correo y la publicación de una nota de prensa que desmentía información vinculada al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El comunicado también remarca la división interna del máximo órgano jurisdiccional. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo emitieron un voto particular en el que opinan que García Ortiz debió ser absuelto por falta de indicios suficientes para atribuirle la filtración, y sostienen que la nota de prensa de la Fiscalía no constituía delito. Según la UPF, esta discrepancia dentro del propio Tribunal Supremo constituye “una fractura jurídica de máxima relevancia constitucional”.

En los últimos días, la asociación ha dirigido otras críticas al tribunal y ha solicitado a la Organización de las Naciones Unidas que analice las “graves anomalías” del proceso, argumentando que la sentencia genera una duda interna que debilita la percepción de imparcialidad y justicia en el sistema penal.