Guerra millonaria contra extranjeros que compran casas para usar solo los fines de semana

En el barrio de la Dreta de l’Eixample de Barcelona, el ritmo de transformación inmobiliaria ha alcanzado niveles que los vecinos ya no pueden ignorar. Cada mes, al menos un edificio entero cambia de manos para convertirse en viviendas de lujo, muchas de ellas destinadas a inversores extranjeros que no residen en la ciudad. Jaume Artigas, presidente de la asociación de vecinos, recuerda con preocupación cada caso: desde el paseo de Sant Joan hasta la Rambla de Catalunya y la calle Casp, los inmuebles se vacían, se reforman y se reinventan como activos financieros. En algunos casos, las reformas implican desalojos; en otros, se mantienen viviendas vacías durante gran parte del año. Según datos del Ayuntamiento, cerca del 30% de las viviendas del barrio no tienen residentes habituales. “Son segundas residencias de extranjeros que solo vienen de fin de semana”, explica Artigas. El fenómeno no solo afecta a las viviendas, sino también al comercio: en la calle Consell de Cent, más del 40% de los establecimientos entre el paseo de Gràcia y Girona ya tienen uso turístico.

Una transformación con raíces profundas

Este proceso no es nuevo. Tras los Juegos Olímpicos de 1992, Barcelona se convirtió en un imán para turistas y, progresivamente, para compradores internacionales. El paseo de Gràcia fue el primer gran foco de esta tendencia, con empresas abandonando sus sedes para dar paso a pisos de lujo. A partir de la década de 2010, la expansión se generalizó al resto del centro, impulsada por medidas como los llamados “visados de oro”, creados por el Gobierno de Mariano Rajoy, que permitían obtener la residencia en España a cambio de una inversión inmobiliaria superior a 500.000 euros. Esta política, criticada por la Comisión Europea, atraía principalmente a ciudadanos no comunitarios dispuestos a adquirir propiedades como activos financieros.

La actual crisis de vivienda ha llevado al Gobierno central y a las administraciones locales a replantearse esa política de puertas abiertas. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha sido claro: “Prohibiría que los extranjeros no comunitarios compren segundas residencias en la ciudad”. Una postura que refleja un giro nacional. El año pasado, el presidente Pedro Sánchez anunció la intención de aplicar un impuesto del 100% a las compras de vivienda por extranjeros no residentes. Aunque la medida aún no ha entrado en vigor por falta de apoyo parlamentario, el Gobierno ya eliminó los visados de oro en abril de 2023. Desde el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, señalan que la lucha contra la especulación es “un mandato constitucional y una necesidad social”, y aseguran que hay “medidas operativas, otras en trámite y más en estudio” para limitar la compra de viviendas como inversión financiera.

Medidas regionales y desafíos europeos

• Canarias ha tomado la delantera al limitar las compras de segundas residencias por extranjeros, una medida que el Gobierno central ha trasladado a Bruselas para su evaluación.
• Según Irene Escorihuela, directora del Observatorio Desca, Canarias podría justificar la medida por su condición de región ultraperiférica y por las tensiones habitacionales extremas.
• En Baleares, aunque se planteó una iniciativa similar, el cambio de gobierno ha frenado su aplicación.

En Cataluña, la estrategia ha sido distinta: mediante la declaración de zonas de mercado tensionado, se han impuesto topes al alquiler y ahora se preparan límites a las compras especulativas. Esta figura jurídica permite justificar medidas excepcionales que, de otro modo, podrían vulnerar derechos como el de propiedad. Fuentes del Ministerio de Vivienda indican que esta es la vía más viable a escala estatal. El efecto ya se nota: según un informe del Colegio de Notarios, en 2025 los extranjeros vendieron 12.010 viviendas más de las que compraron, lo que señala una tendencia creciente de desinversión en el mercado residencial español que se viene observando desde 2010.

Los nuevos frentes del conflicto

Los fondos de inversión, lejos de desaparecer, están adaptándose. “Ahora proliferan los coliving, porque ofrecen más beneficio que el alquiler tradicional”, denuncia Artigas. Estos modelos de vivienda compartida, con espacios comunes y habitaciones alquiladas por días o semanas, escapan a muchas regulaciones urbanísticas. Esta semana, la presión vecinal en Gràcia y la intervención del Sindicato de Inquilinas evitaron el desahucio de Txema Escorsa, un inquilino de una finca adquirida por un fondo que pretendía convertirla en coliving con habitaciones a 850 euros mensuales. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reaccionó en redes sociales: “En ninguna ciudad de Cataluña permitiremos actuaciones abusivas contra el derecho a vivir en el barrio”. Horas después, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una modificación urbanística para restringir aún más el alquiler turístico y las habitaciones de corta estancia.

Desde el sector inmobiliario, hay posturas mixtas. Louis Kretz y Diana Pinos, protagonistas de la serie de Netflix *Negocio familiar: viviendas de lujo*, admiten que los precios en Madrid ya superan a los de París, y aunque ellos mismos han invertido en España, no ven mal las nuevas regulaciones. “Está bien limitar las compras de quienes no viven aquí y especulan a corto plazo”, dice Pinos. “Nosotros mismos estamos de alquiler y nos cuesta encontrar una vivienda de larga duración”. Kretz prevé que, con más regulaciones, muchos propietarios optarán por vender, especialmente en Cataluña, donde el impacto sobre los grandes fondos ya es perceptible.

No obstante, los agentes inmobiliarios aseguran que, por ahora, la demanda particular no ha disminuido. “Quien viene de fuera no conoce bien estas medidas”, explica Guifré Homedes, vicepresidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios de Barcelona. “Y aunque se acabaron los visados de oro, el interés sigue alto. Los extranjeros compran porque ven a España como un entorno seguro. Y eso no ha cambiado.”