El Tren de Aragua, el gran problema de Chile

Desde la llegada de bandas extranjeras de crimen organizado, especialmente el Tren de Aragua (TDA), las calles de Chile han experimentado un cambio drástico. La red del TDA se ha expandido a 14 de las 16 regiones del país, desde Arica en el norte hasta Los Lagos en el sur, operando bajo su nombre original en Tarapacá y bajo diferentes franquicias que tributan a la organización: La Compañía, Los Gallegos, Los Piratas de Aragua, La Hermand, Los Mapaches y Los Hermanos Cartier, entre otras.

Esta presencia ha intensificado la violencia homicida –incluidos dos casos de homicidios múltiples– y ha introducido nuevos delitos, como sicariatos y extorsiones. Los secuestros aumentaron un 68 % en 2022 respecto a 2021; las víctimas de trata de personas para explotación sexual y el tráfico de migrantes se triplicaron a partir de 2023; y se han descubierto casas de tortura. En la mayoría de estos crímenes, las víctimas son extranjeras, en su mayor parte venezolanas, el mismo origen del TDA.

Detenciones y golpes a la organización

Hasta la fecha, Chile ha logrado detener a más de 330 integrantes del grupo. El último arrestado es Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Ale”, vinculado al asesinato del disidente Nicolás Muro, Ronald Ojeda, quien quedó bajo prisión preventiva el lunes pasado.

Desde 2022, las autoridades han asestado varios golpes a la estructura del TDA, aunque la banda sigue rearticulándose. El golpe más reciente, a finales de junio, se centró en su maquinaria financiera: una red de lavado de activos que operaba en Santiago, Valparaíso y Los Lagos logró extraer del país 13,5 millones de dólares.

El Tren de Aragua nació en la cárcel de Tocorón, Venezuela, fundado por Héctor Rusthenford Guerrero Flores (alias “El Niño Guerrero”), Yohan José Romero (conocido como “Johan Petrica”) y Giovanny San Vicente, todos ellos prófugos. La organización ha extendido sus operaciones a Perú, Ecuador, Estados Unidos y Colombia. En 2023, Estados Unidos y Colombia anunciaron un programa de recompensas de 12 millones de dólares por la captura de los tres líderes del TDA, y el 14 de julio el expresidente Donald Trump impuso sanciones económicas contra sus cabecillas.

En enero de 2024, Ecuador declaró al Tren de Aragua como “grupo terrorista de crimen organizado”. En junio, Estados Unidos, Perú y Argentina solicitaron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que catalogara al grupo de la misma forma.

Las fiscalías de Chile y Colombia, donde hace un año fue detenido Salomón Fernández Torres, líder del TDA en Bogotá, han trabajado de manera colaborativa, lo que ha permitido capturar a varios miembros que huían del país sudamericano.

Entre los detenidos en Chile, al menos tres tienen vínculos directos con “El Niño Guerrero”, lo que subraya el interés estratégico que la banda ha depositado en el país. Según Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Chile ofrecía “una proyección favorable para sus operaciones, una economía estable a nivel continental y poca competencia de grupos criminales de la magnitud de los que operan en Colombia, México o Brasil”. Además, la baja tasa de homicidios y secuestros facilitó la infiltración.

El TDA también aprovechó la primera ola de migración venezolana a Chile, compuesta mayoritariamente por profesionales y personas de ingresos medios que llegaron para emprender. En ciudades como Iquique, los primeros extorsiones y secuestros tuvieron como víctimas a estos migrantes. Fenómenos similares se observaron con la facción conocida como “Los Pulpos”, que, al llegar desde Perú, extorsionó a ciudadanos peruanos.

Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó la extradición a Chile de cinco miembros del TDA, entre ellos Edgar Javier Benítez Rubio, alias “El Fresa”, imputado por el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda en Santiago, en febrero de 2024. Benítez, exteniente venezolano y refugiado político en Chile, era un activo disidente del régimen chavista; el fiscal chileno Héctor Barros señaló que el móvil del asesinato era político.

Tras el crimen de Ojeda, varios de sus autores huyeron, pero 12 fueron detenidos. Maickel Villegas Rodríguez fue extraditado en noviembre de 2024 desde Costa Rica; un mes después, Carlos Gómez “Bobby” fue capturado en Colombia; y Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias “Gocho”, detenido en febrero de 2024 en Colombia, es sospechoso de haber enterrado a Ojeda bajo cemento y dentro de una maleta. Rafael Gámez Finol, alias “El Turco”, líder de la operación, permanece bajo custodia en Estados Unidos, donde también se le investiga por el secuestro de una mujer chilena en Estación Central y el de un ciudadano dominicano.

El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada Antisecuestros Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), explicó al diario EL PAÍS que en el segundo semestre de 2021 detectaron el primer indicio de un cambio brusco en la criminalidad, con un aumento de secuestros extorsivos cometidos por individuos extranjeros que ingresaban al país de manera irregular. “Fue un fenómeno totalmente distinto, que no habíamos visto”, señaló.

Según el mismo oficial, “el nuevo fenómeno nos obligó a crear nuevas estrategias investigativas junto al Ministerio Público, lo que ha permitido desarticular facciones del Tren de Aragua”.

Las víctimas extranjeras, en muchos casos, estaban vinculadas a actividades delictivas. “El TDA ejercía su poder delictivo sobre ellas, obligándolas a tributar recursos a la organización; quien no lo hacía era secuestrado, extorsionado o asesinado”, afirmó Barrientos, añadiendo que los miembros del grupo, al ser detenidos, suelen preguntar: “¿Por qué nos detienen si entre nosotros resolvemos los problemas de esta forma?”.

Existen dos excepciones notables: el secuestro en noviembre de 2023 del empresario chileno Rudy Basualto, quien fue liberado tras el pago del rescate (ocho miembros de Los Piratas fueron condenados hace dos semanas), y el asesinato de Ronald Ojeda, considerado el caso más emblemático porque una facción del TDA, acostumbrada a secuestros extorsivos, planificó una operación con policías uniformados y sin motivación lucrativa.

Chile está reforzando su respuesta ante la creciente y reconfigurada criminalidad organizada. En noviembre de 2023 la Fiscalía Nacional impulsó la creación de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), con un enfoque interdisciplinario para abordar la crisis de seguridad. A diferencia de otros países de la región, la persecución del TDA en Chile se ha basado no en detenciones aisladas, sino en “investigaciones de largo aliento y el uso de técnicas especiales”, según la fiscal Tania Gajardo.

Las primeras señales públicas de la presencia del Tren de Aragua en Chile surgieron entre 2020 y 2021, primero en la región de Valparaíso y luego en el extremo norte, con indagatorias en Tarapacá y Arica bajo la figura de “Los Gallegos”. El primer fiscal que investigó al grupo, Raúl Arancibia, tuvo que buscar información sobre el TDA en Google, dada su desconocimiento inicial.

Entre los detenidos se encuentra Larry Amaury Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, cofundador del TDA en Tocorón. Huyó de Santiago en 2022 y, tras una solicitud de la Fiscalía de Tarapacá, la Corte Suprema de Colombia aprobó su extradición a Chile hace tres semanas. Changa llegó a Chile en 2018 de forma regular, vivió discretamente y gestionó dos restaurantes, incluido el “Arepa Express” en el centro de Santiago, mientras traficaba ketamina a través de la frontera norte, en Colchane.

En 2024‑2025 la justicia chilena ha dictado varias condenas contra la megabanda:

• Julio 2024: en Puerto Montt (Los Lagos) cuatro miembros fueron sentenciados a 99 años por trata de personas, lavado de activos y asociación criminal.
• Finales de julio 2024: la Corte Suprema confirmó penas acumuladas de más de 650 años para 34 integrantes de la facción “Los Gallegos”, operantes en Arica.
• Agosto 2024: la cúpula del TDA en Chile (12 personas del primer grupo que llegó al país, incluido Larry Changa) recibió una condena total de 300 años.
• Octubre 2024: ocho miembros de la célula que operaba en Concepción (Biobío) fueron declarados culpables de explotación sexual de mujeres venezolanas y colombianas bajo amenazas.

La investigación que llevó a la condena de la cúpula chilena incluyó a figuras como Carlos González Vaca, alias “Estrella”, Harol Rangel, alias “Harold Petare”, y Hernán Landaeta Garlotti, alias “Satanás”. Landaeta, quien hace un año lideró una revuelta inédita en la cárcel de alta seguridad de Santiago, había creado una red de explotación sexual de migrantes en Iquique, junto a su pareja Karialiex González y su tía Luisa Moreno.

Según la fiscal Gajardo, el TDA ha transformado la trata de personas con fines de explotación sexual en Chile, tanto por la forma en que obliga a sus víctimas a pagar “multas” como por la sofisticación de sus operaciones de lavado de dinero.

En 2021, mientras la investigación del TDA se centraba en el norte, la policía de Puerto Montt observó un incremento inusual de mujeres extranjeras dedicadas a la prostitución, mayoritariamente venezolanas con ingreso irregular. Este fenómeno condujo a la desarticulación en 2022 de una “franquicia” del TDA, que en 2024 obtuvo la primera condena en Chile por trata de personas con fines de explotación sexual.

En julio 2024, la Brigada de Investigaciones de Robos de la PDI de Puerto Montt desmanteló la facción “Los Hermanos Cartier”, compuesta por alrededor de veinte integrantes, entre ellos un exmiembro de la Guardia Nacional Bolivariana y un excarabinero chileno. Su líder, Gabriel Arturo Acosta Escalante, alias “Pure Cartier”, fue capturado en mayo de 2024 en Antioquia, Colombia, y se le exige extradición a Chile por homicidios, extorsiones, lavado de activos, robos con intimidación y secuestros entre 2022 y 2025.

El operativo contra “Los Hermanos Cartier” sirvió de base para el último gran golpe al TDA, el 24 de junio, cuando se desarticuló una red de lavado de activos que había sacado del país 13,5 millones de dólares mediante “vacunas” (pagos por tráfico de migrantes, drogas, explotación sexual, extorsiones y secuestros). La operación resultó en la detención de 52 personas en Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, 45 de ellas extranjeras en situación regular que prestaron sus cuentas bancarias.

El método empleado por la organización era sofisticado: uso de sociedades pantalla, testaferros y criptomonedas, lo que permitió evadir los sistemas de control financieros tanto públicos como privados.