El déficit fiscal de Colombia se acerca a un récord mientras Petro advierte del riesgo de default

Colombia se enfrenta a un desequilibrio fiscal sin precedentes. El gasto público supera a la recaudación tributaria y esta tendencia se ha convertido en una práctica constante del Gobierno. En 2023 el déficit fiscal representó el 4,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) y se proyecta que alcance el 6,7 % en 2024.

El Ejecutivo de Gustavo Petro ha incrementado el gasto de forma acelerada, pasando del 18,7 % del PIB en 2019 al 24 % en 2024. El presidente ha advertido que, si no se aprueba la reforma tributaria y la ley de financiación que se discuten intensamente en el Congreso, el país podría incumplir sus obligaciones y caer en un default.

Las proyecciones oficiales son pesimistas: el propio Gobierno estima una refinanciación de 16 billones de pesos (aproximadamente 4.200 millones de dólares) para el presupuesto de 2026. Sin ingresos adicionales provenientes del proyecto de ley en trámite, el desajuste fiscal podría elevarse hasta el 8 % del PIB.

El Ministerio de Hacienda busca cerrar 2025 con un déficit del 7,1 % del PIB, pero la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha indicado que este año la recaudación estará 11 billones de pesos por debajo de la meta, un vacío que, según Germán Cristancho, jefe de investigaciones económicas de Davivienda Corredores, “se cubrirá con más deuda”.

Perspectivas y propuestas de ajuste

Marcela Eslava, economista y profesora de la Universidad de los Andes, califica la situación como “la bomba fiscal y el problema económico más grave de Colombia en la actualidad”. Para ella, el desequilibrio es una enfermedad crónica que requiere una “cirugía profunda al gasto”. Propone revisar derechos constitucionales, limitar el paquete de salud garantizado y ajustar parámetros pensionales, como la edad de jubilación y las cotizaciones.

El analista de inversiones Carlos de Sousa, de la firma suiza Vontobel, señala que, a diferencia de otras economías emergentes que han realizado ajustes tras la pandemia, Colombia mantiene un déficit elevado y un gasto público en aumento, lo que erosiona la credibilidad fiscal y encarece el costo del endeudamiento.

Los intereses de la deuda pública han alcanzado su nivel más alto en los últimos cuatro años, con una tasa promedio del 11,2 %. En términos de dólares, el costo de la deuda supera al de Brasil y México. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estima que tres pesos de cada diez de impuestos se destinan al pago de intereses.

Actualmente la deuda total equivale al 65 % del PIB, el nivel más alto de la historia contemporánea de Colombia, y se prevé que alcance el 70 % para 2028, un punto que el CARF considera “una trayectoria insostenible”.

El salto más significativo en la relación deuda‑PIB se dio durante el gobierno de Iván Duque, que llevó el indicador del 49 % en 2017 al 60 % en 2022. Con la crisis generada por la pandemia, el gobierno se endeudó rápidamente y una reforma tributaria fallida en 2021 provocó un paro nacional sin precedentes. Bajo la administración de Petro, el ascenso ha continuado: los ingresos tributarios se han estancado alrededor del 16 % del PIB, mientras que el gasto ha aumentado de forma sostenida.

Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda (2010‑2012), critica la gestión del Ejecutivo, señalando que se sobreestimaron los ingresos de 2024, se apostó por litigios y se esperó un aumento de 30 billones de pesos en la recaudación de la DIAN que nunca se materializó, mientras el gasto siguió creciendo.

José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda de Petro, defiende su gestión argumentando que la invasión rusa de Ucrania disparó los precios del petróleo y que el gobierno subsidiaba la gasolina y el ACPM para contener la inflación, lo que incrementó la deuda. También reconoce que el desmontaje parcial del subsidio a la gasolina, sin aplicarlo al diésel, ha mantenido la presión sobre las finanzas públicas.

Para mitigar la carga financiera, Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, ha puesto en marcha una operación destinada a reducir los pagos de intereses del 5 % al 3 % del PIB. Echeverry, sin embargo, la califica como una “visión financiera terrible” que sustituye deuda a largo plazo por otra a corto plazo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instado a Colombia a implementar un “ajuste fiscal decisivo y creíble”. En el corto plazo, recomienda recortar el gasto en 0,5 % del PIB para alcanzar la meta del 7,1 % de déficit, y en el mediano plazo propone reducir la brecha fiscal en más de 3 puntos del PIB entre 2026 y 2028 mediante reformas que eliminen los gastos rígidos y obligatorios, que hoy representan hasta el 90 % de las salidas.

Fedesarrollo sugiere tres líneas de acción: ampliar la base de contribuyentes reduciendo el límite de declaración, lo que incorporaría a 2,3 millones de nuevos contribuyentes con tarifas progresivas; recortar subsidios ineficientes, como al diésel, y eliminar ayudas mal focalizadas; y cumplir la regla fiscal para restaurar la credibilidad del Estado y atraer inversión.

Echeverry concluye que “esto no se arregla en un año; se requieren entre cuatro y seis años de cirugía profunda, incluso si se actúa correctamente”. Ocampo coincide en que “al próximo gobierno le tocará implementar una reforma tributaria”. No existen atajos; el tiempo ganado a corto plazo se paga con intereses, y Colombia ya está pagando ese costo.