Contra el trumpismo educativo, más y mejor escuela pública

El populismo nacionalista y la desconfianza hacia las instituciones públicas, la emocionalización del discurso y la simplificación de los mensajes, la ridiculización de la evidencia y de las voces expertas, la crítica a los valores de igualdad y reconocimiento cultural, la sacralización de la meritocracia, del esfuerzo y del talento, y el llamado “chovinismo del bienestar” (la idea de que solo los grupos nacionales son clientes legítimos de los servicios públicos) son algunos de los rasgos que el trumpismo político aplica al diagnóstico de los problemas sociales y a la supuesta solución de sus males. No son recetas nuevas, pero hoy atraviesan un proceso de magnificación y difusión que resuena con fuerza creciente en agendas y gobiernos de numerosos países, y calan en los debates públicos y en las conversaciones cotidianas sobre múltiples ámbitos de la política.

En el debate actual sobre la educación en España se observan tres declinaciones claras con tintes trumpistas: el antiintelectualismo y el descrédito de la investigación educativa, la individualización del éxito y del fracaso escolar, y la oposición frontal a toda forma de regulación del mercado escolar. Estos posicionamientos se están aprovechando de voces que pintan un panorama apocalíptico de la educación para alimentar una “tormenta perfecta” que erosiona el sentido y el proyecto de la educación pública.

¿En qué consiste el trumpismo educativo?

En primer lugar, el trumpismo ridiculiza el razonamiento y la evidencia científica en cualquier ámbito de la política, desde la salud (antivacunas o, más recientemente, antiparacetamol) hasta la gestión climática (negacionismo del cambio climático). En el ámbito educativo, el rechazo se dirige a cualquier intento de responder a la pregunta “¿qué funciona en educación?” a partir de evaluaciones y estudios científicos. No se trata de cuestionar la capacidad del método científico para capturar la idiosincrasia del acto educativo; el problema, según la lógica trumpista, es el propio método, que se acusa de producir resultados contradictorios: unos estudios afirman que los deberes, los exámenes o las clases magistrales son positivos para el aprendizaje, mientras que otros los desestiman. La falta de distinción entre buena y mala investigación, entre ciencia y pseudociencia, y la negación de conclusiones mixtas son presentadas como ejercicios de “intelectualismo estéril”.

En segundo lugar, la meritocracia se convierte en dogma de fe y diagnóstico. Lejos de ser una aspiración a una sociedad donde cada persona consiga lo que merece en función de sus talentos y trabajo, la meritocracia trumpista se presenta como justificación del statu quo: “cada quien está donde se merece”. En educación, los logros académicos de cada estudiante se atribuyen casi exclusivamente a su esfuerzo y capacidad, minimizando el papel de los condicionantes sociales. Los datos oficiales contradicen esta visión: en las distintas ediciones de PISA, el alumno español del cuartil socioeconómico superior supera en casi tres cursos el nivel en lengua, matemáticas y ciencias de los alumnos del cuartil inferior. Asimismo, la Encuesta de Condiciones de Vida 2024 muestra que el porcentaje de jóvenes del cuartil más bajo de renta familiar que abandonan los estudios es seis veces mayor que el de los jóvenes más ricos. La solución trumpista no pasa por concentrar recursos en los estudiantes vulnerables, sino por premiar el talento y el esfuerzo individual, concediendo “apoyos adicionales” solo al “pobre esforzado”.

En tercer lugar, se promueve el libre mercado escolar. Los modelos de “school choice” y de “voucher” conceden a las familias plena libertad para escoger la escuela que deseen y a las escuelas total autonomía para definir su oferta pedagógica y seleccionar a sus alumnos mediante cuotas o expedientes académicos. El objetivo es crear una red escolar segregada, donde las escuelas “diferentes” se convierten en escuelas “desiguales”. Los defensores de esta propuesta minimizan el riesgo de segregación y centran su crítica en el control público de la educación, al que acusan de generar burocracia e ineficiencias.

Estos tres rasgos –desprecio por la evidencia, exaltación de la meritocracia como ley natural y defensa del mercado escolar– constituyen lo que llamo “trumpismo educativo”. Resulta alarmante cómo este discurso se alimenta de derivas del debate español que, por un lado, proclaman el colapso de la educación y, por otro, culpan a la “relajación interna” del sistema o a la presencia de alumnos inmigrantes.

En foros políticos y sociales se emplean como argumento los resultados de pruebas internacionales como PISA, PIRLS o TIMSS. Es cierto que los valores son mejorables, pero en los últimos veinte años España ha mostrado un panorama de estancamiento en valores medianamente cercanos a la media de la OCDE, sin una caída significativa como la registrada en Francia o Alemania. El país ha resistido mejor que sus vecinos los efectos de la crisis económica de 2008 y de la pandemia, aunque sigue concentrando a uno de cada tres alumnos en el tramo inferior de puntuaciones. El desafío no es frenar una “sangría” inexistente, sino salir del estancamiento y reducir drásticamente el segmento de peores resultados.

El mito del desplome –el “educafake” según Rogero y Turienzo– alimenta ataques a modelos pedagógicos centrados en la competencia, la dimensión socioemocional, los valores y metodologías innovadoras como el aprendizaje basado en proyectos. Se acusa al profesorado de haber perdido autoridad, al examen de haber dejado de ser útil y al alumnado de perder disciplina y constancia. Otros discursos, más explícitos, culpan al aumento de la población inmigrante en las aulas, vinculando su presencia a un supuesto descenso del nivel global, sin considerar la falta de recursos públicos para atender a todos los colectivos.

Una respuesta en cinco puntos

• Compromiso con los resultados y la reducción de la desigualdad. Impulsar una escuela pública que mejore el rendimiento global y reduzca el porcentaje de alumnos en los niveles inferiores, mediante orientación, becas, reducción de ratios, refuerzo académico, profesionales especializados, espacios dignos, material y tecnología de calidad, y actividades complementarias gratuitas. La financiación se asignará por fórmula de equidad, como en los países de referencia.
• Compromiso con la autonomía y la evidencia plural. Garantizar autonomía real a los centros para diseñar proyectos pedagógicos basados en la evidencia robusta y en la deliberación docente, sin sucumbir a modas. La investigación metodológicamente sólida –económica, sociológica o etnográfica– servirá como base para contrastar opciones educativas.
• Compromiso con una evaluación útil. Establecer un marco estatal y autonómico de pruebas competenciales y rendición de cuentas que permita a los centros medir el impacto de sus proyectos y ajustar sus acciones. Las políticas y programas también serán evaluados para identificar qué funciona, dónde y bajo qué condiciones.
• Compromiso con el profesorado. Fortalecer al docente como principal activo del sistema mediante reconocimiento, formación continua, espacios de colaboración, incentivos y rutas de desarrollo profesional. El último estudio TALIS (2024) indica que, aunque el 95 % de los docentes de primaria y el 97 % de los de secundaria se sienten satisfechos con su trabajo, el estrés ha aumentado por la falta de capacitación y recursos.
• Compromiso con el servicio público. Garantizar una escuela pública de calidad y atractiva para todas las familias, con capacidad suficiente de oferta y ajuste de plazas que asegure el derecho subjetivo de elección sin crear segregación entre escuela pública y concertada. El objetivo es ofrecer “escuelas no desiguales” accesibles desde la proximidad.

Frente a un trumpismo educativo que amenaza la cohesión social y la igualdad de oportunidades, es indispensable renovar la apuesta política por la escuela pública, dotándola de recursos, consensos y reformas estratégicas que la conviertan en una institución de excelencia para todos los estudiantes.