Choque frontal entre Díaz y Garamendi: no pactan desde hace 18 meses y multiplican los reproches personales

Durante la primera legislatura del Gobierno de coalición, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz contaba con el respaldo de los principales sindicatos y de la patronal. En medio de la crisis sanitaria del coronavirus, logró consensos con CC OO, UGT, CEOE y Cepyme para impulsar reformas laborales. Sin embargo, ese impulso pactista se fue erosionando en la segunda mitad de la legislatura anterior y, al iniciar la actual (2023), la patronal dejó de participar en los acuerdos.

Esta semana se confirmó la ruptura definitiva: el Ministerio y los sindicatos ampliaron el permiso por fallecimiento de dos a diez días, sin la participación de la CEOE ni de Cepyme. Hace un año y medio la patronal no firmaba ningún convenio con Trabajo, la mayor ausencia desde que Díaz dirige la cartera, y los recriminaciones se han convertido en un intercambio de acusaciones sobre electoralismo y populismo.

Los pactos alcanzados y la falta de apoyo empresarial

En la actual legislatura el Ministerio ha conseguido seis acuerdos con los sindicatos:

• Incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2024 y 2025.
• Ampliación del permiso por fallecimiento a diez días.
• Reforma del subsidio de desempleo.
• Reducción de la jornada laboral.
• Medidas contra la discriminación laboral del colectivo LGTBI+.
• Un acuerdo adicional sobre la regulación de la jornada y el registro horario.

De esos pactos, sólo la medida contra la discriminación contó con el respaldo formal de la patronal; sin embargo, CEOE y Cepyme diluyeron su impacto al impedir la firma de los empresarios en junio de 2024. Desde entonces, la patronal ha calificado el acuerdo como “un desarrollo reglamentario de menor importancia”.

El último desencuentro se anunció hace diez días, cuando el Ministerio decidió continuar el diálogo sobre los permisos por fallecimiento sin la CEOE y Cepyme, tras el rechazo empresarial a la ampliación. En lugar de prolongar las negociaciones, como ocurrió sin éxito en la reducción de la jornada, Trabajo optó por romper el contacto con la patronal y buscar un acuerdo exclusivamente con los sindicatos.

Al presentar su intención de modificar la normativa, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, respondió pidiendo “un permiso para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo”. Definió la iniciativa como “agobio” y “una ocurrencia nueva”, y la acusó de medidas populistas destinadas a “sacar cuatro votos”. Tras oficializar la ruptura, el Ministerio acusó a Garamendi de rechazar la propuesta con la esperanza de que el Gobierno “caiga” y de reforzar su posición de cara a las elecciones patronales del próximo año.

Yolanda Díaz respondió en su informe del SMI, lamentando que “el señor Garamendi anteponga su reelección a CEOE a hacer el bien para su país”. Ambos lados insisten en que sus acciones responden más a cálculos políticos que a una visión ideológica de las relaciones laborales.

Según el Ministerio, Garamendi busca mostrarse más duro para ganar puntos electorales tras el estrecho resultado de las elecciones de Cepyme en mayo, cuando Gerardo Cuerva estuvo a punto de vencer a la candidata apoyada por la presidenta del Gobierno, Ángela de Miguel. La narrativa empresarial es que el presidente de la CEOE no ha enfrentado al Gobierno con la suficiente intensidad, mientras que la patronal critica la supuesta “rabieta” de Díaz al intentar reforzar el control del tiempo de trabajo.

Otras voces patronales sostienen que gran parte de las decisiones de Díaz están influenciadas por la presión de la izquierda del PSOE, en particular por Podemos y la plataforma Sumar, lo que dificulta alcanzar acuerdos conciliadores con los empresarios.

La ruptura sobre los permisos de fallecimiento se produce una semana después de la que la patronal y el Ministerio mantuvieron una larga negociación (casi dos años) en materia de prevención de riesgos laborales, que tampoco logró un consenso. En esa ocasión, el Ministerio acusó a la CEOE de “jugar con la vida y la integridad física y psíquica de muchas personas”, mientras la patronal reprochó a la vicepresidenta segunda del Gobierno usar el fallecimiento de trabajadores con fines electorales.

En otras áreas, el Ministerio tampoco espera lograr acuerdos con la patronal. La reforma de la indemnización por despido se ha estancado tras la negativa empresarial a volver a participar después de una primera reunión. En cuanto al salario mínimo, se contemplan dos líneas de acción: por un lado, un decreto que impida compensar la subida del SMI mediante la absorción de pluses, que la patronal ha anunciado que impugnará; por otro, la negociación del aumento del suelo salarial para 2026, donde la CEOE propone un incremento del 1,5 % (por debajo de la inflación), lejos del 7,5 % demandado por los sindicatos y del 3,1 %‑4,7 % sugerido por la comisión de expertos del Ministerio.

El último acuerdo con amplio respaldo empresarial se remonta a 2020, cuando el Ministerio, los sindicatos y la patronal aprobaron la subida del SMI, la prórroga de los ERTE y la ley de teletrabajo. En 2021 se firmó la reforma laboral que puso fin a la temporalidad de los contratos, con el apoyo de la CEOE, aunque los empresarios alegan que la norma ha sido desdibujada por posteriores modificaciones.

Con una composición parlamentaria menos favorable, la agenda legislativa de Díaz se ha visto obstaculizada: la reducción de la jornada fracasó en el Congreso, el Estatuto del Becario apenas ha avanzado y la reforma del subsidio de desempleo ha tenido que ser modificada tras el rechazo inicial de Podemos.

Ante la falta de apoyo patronal, el Ministerio ha intensificado el uso de decretos para avanzar en cambios que no requieren la aprobación parlamentaria, como la regulación del SMI y la posible incorporación de normas sobre la absorción de pluses, el reglamento de los servicios de prevención y el registro horario.