Ayuso salva a las universidades con un pacto bomba

El pasado 3 de marzo, tras conocerse un primer anuncio sobre el acuerdo entre los rectores de las universidades públicas madrileñas y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ya se vislumbraban ciertas reservas respecto a su alcance real. Ahora, con la publicación del texto completo, esas dudas se han confirmado y profundizado. Lo que se presenta como un avance histórico en la financiación universitaria resulta, en la práctica, un marco técnico sin contenido jurídico ni presupuestario concreto. No se trata de un modelo financiero propiamente dicho, sino de “bases orientadoras” para la futura elaboración de uno, lo que deja en el aire su efectiva implementación.

Un acuerdo con escaso impacto financiero

Uno de los aspectos más preocupantes es la insuficiencia del monto comprometido. Aunque se habla de una financiación plurianual, el presupuesto aportado directamente por la Comunidad de Madrid —8.900 millones de euros distribuidos a lo largo de varios años— apenas alcanzaría el 0,5% del PIB regional, una cifra inferior incluso a la de comunidades autónomas con menores recursos, como Andalucía. Además, se da por sentado que las propias universidades deberán generar 2.000 millones mediante ingresos propios y que las familias aportarán alrededor de 3.000 millones en concepto de tasas académicas. En este contexto, las instituciones madrileñas seguirán siendo las peor financiadas de España, incluso en el escenario más optimista.

Un análisis realizado por Antonio Sánchez durante la comisión de Educación de la Asamblea de Madrid revela que, desde 2005, la financiación pública a las universidades en la región ha caído de manera drástica: pasó del 0,67% del PIB al actual 0,4%. Para recuperar el poder adquisitivo que tenían en 2005, el gobierno regional debería invertir 1.960 millones anuales. Sin embargo, el acuerdo establece un tope máximo de 1.650 millones, lo que significa que, pese al anuncio, seguiremos lejos de revertir dos décadas de recortes acumulados.

Financiación diferida y ajustes por venir

• La solución planteada es de carácter “en diferido”, lo que prolongará los déficits estructurales hasta 2028 o 2029.
• Para saldar las deudas, será inevitable aplicar recortes severos en personal y gasto corriente, especialmente en la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Complutense.
• Se compromete a las universidades a rigurosos planes de ajuste, con exigencias de planificación y rendición de cuentas que no se aplican a otros entes públicos cercanos al gobierno, como hospitales gestionados por Quirónsalud o la empresa pública Planifica Madrid.

Este enfoque selectivo genera desconfianza: mientras se exige transparencia y eficiencia a las universidades, otros organismos opacos o con rendimientos cuestionables permanecen fuera del radar.

Objetivos desproporcionados respecto a los medios

Resulta paradójico que, con una inversión media anual de 1.500 millones —lejos de lo necesario—, se aspire a convertir a las universidades madrileñas en referentes europeos en tecnologías disruptivas, centros de excelencia en humanidades, el principal hub universitario en lengua española o el polo de atracción de talento del sur de Europa. Ambiciones tan grandilocuentes chocan con una realidad financiera ajustada, que más que impulsar el desarrollo universitario, parece diseñada para mantenerlo en mínimos vitales.

Como acertadamente señaló el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, ante su Consejo de Gobierno: “Tenemos una bombona pequeña de oxígeno para seguir respirando”. Esa metáfora resume con crudeza el estado actual del sistema universitario público madrileño: no se trata de un impulso, sino de un simple soporte para evitar el colapso inmediato.

Ayuso no está haciendo un gesto generoso ni histórico, sino cumpliendo con una obligación mínima para evitar el derrumbe de un sistema que sus propias políticas llevaron al borde del abismo. Este acuerdo, tardío y limitado, responde más a una estrategia de contención social que a un verdadero compromiso con la educación pública. Busca desactivar las protestas estudiantiles y colocar a los rectores como escudo frente al descontento, sin abordar las causas estructurales del deterioro universitario. El alivio, si acaso, será temporal. La universidad madrileña seguirá en la UCI, y la sociedad madrileña seguirá pagando las consecuencias de una década y media de desinversión deliberada.