Fiscales progresistas piden a la ONU que analice las graves anomalías del juicio contra García Ortiz

La asociación Unión Progresista de Fiscales (UPF) envió este viernes una comunicación formal a la relatora especial de la ONU para la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, para poner en su conocimiento una serie de presuntas irregularidades institucionales en el proceso judicial contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, recientemente condenado por revelación de secretos.

En la carta, el colectivo solicita a la relatora que evalúe si la independencia judicial ha quedado comprometida y que, en caso necesario, inste al Estado español a revisar aquellas prácticas que pudieran vulnerar los estándares internacionales. La UPF también plantea la posibilidad de que se organice una visita de la experta a España para “evaluar el impacto institucional de este caso”.

Principales alegaciones de la UPF

Según la asociación, el caso presenta varios problemas estructurales que van más allá de un simple desacuerdo jurídico:

• Acumulación de funciones decisivas en un reducido círculo de magistrados, quienes habrían intervenido en distintas fases del procedimiento (presentación de querellas, valoración inicial de indicios, control de la instrucción, revisión de decisiones clave y enjuiciamiento).
• Uso de medidas “extremadamente invasivas”, como una orden de entrada y registro en la Fiscalía General que supuso el volcado masivo de datos personales del investigado durante ocho meses, pese a que la investigación se limitó a hechos ocurridos en 48 horas.
• Comportamientos públicos impropios de varios magistrados, incluyendo intervenciones en la sala incompatibles con la neutralidad y la participación, durante el período de deliberación, en un curso impartido por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, que también ejercía la acusación popular.
• Anuncio del sentido del fallo condenatorio por parte del Tribunal Supremo sin publicar la motivación durante varias semanas, vulnerando el derecho de defensa, la transparencia y la confianza social.

La asociación subraya que “estos hechos no son meros desacuerdos jurídicos, sino anomalías que comprometen la independencia judicial, generan una aparente falta de imparcialidad y afectan al equilibrio institucional del Estado de Derecho”.

“Nuestra intención no es desacreditar la justicia española, sino protegerla. Un Poder Judicial fuerte es aquel capaz de recibir críticas institucionales, corregir desviaciones y reforzar su legitimidad”, declaró la UPF en un comunicado. La asociación recuerda que García Ortiz era miembro de la UPF antes de asumir el cargo de fiscal general y que Teresa Peramato, propuesta como su sustituta, también pertenece a la entidad y ha presidido sus actos.

En cuanto a la sentencia, el Tribunal Supremo acordó levantar el 20 de noviembre el sentido del fallo, declarando a García Ortiz culpable de un delito de revelación de datos reservados, aunque la redacción de la sentencia sigue pendiente y no ha sido publicada. La decisión se adoptó por cinco votos a dos. Las penas impuestas incluyen una multa de 7.200 euros, una inhabilitación especial de dos años para el cargo de fiscal general del Estado, el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amor (pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid) y la asunción de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular ejercida por la pareja de la política del Partido Popular.