El Supremo de Estados Unidos se inclina por dar a Trump más poder para controlar las agencias federales

El Tribunal Supremo de Estados Unidos volvió a escuchar, este lunes, los argumentos orales en el caso que plantea si el presidente puede destituir a los miembros de agencias federales independientes. La controversia gira en torno al despido de Rebecca Kelly Slaughter, comisionada de la Comisión Federal de Comercio (FTC), cuyo mandato estaba previsto hasta 2029.

Slaughter fue nombrada por el presidente Donald Trump en 2018 para ocupar uno de los asientos demócratas en la FTC. En 2021, el presidente Joe Biden confirmó su reelección para un segundo mandato. Sin embargo, en marzo de 2023 la Oficina de Personal de la Casa Blanca le envió una carta informándole que su cargo quedaba vacante de manera inmediata, alegando que su presencia resultaba “incompatible con las prioridades de la administración”.

Implicaciones para la independencia de las agencias federales

La FTC es una agencia independiente creada por el Congreso en 1914 con el objetivo de prevenir la competencia desleal. La ley establece que la comisión, compuesta por cinco miembros, no puede contar con más de tres integrantes del mismo partido y que sus miembros sólo pueden ser removidos por “incapacidad, desidia o conducta indebida”. Slaughter presentó una demanda argumentando que su despido no se ajustaba a ninguno de esos supuestos, lo que fue respaldado por un tribunal de primera instancia que ordenó su regreso al cargo. El Gobierno apeló y, en septiembre, el Tribunal Supremo emitió una orden provisional que impidió su reincorporación hasta que la Corte emita una decisión definitiva, prevista para junio.

El abogado del Gobierno, John Sauer, advirtió que la decisión tendrá un alcance amplio, pues afecta a unas dos decenas de agencias independientes. Además, el caso podría sentar un precedente para otra disputa que la Corte está evaluando: la posible destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, a quien el expresidente Trump intentó remover en agosto bajo la acusación de un presunto fraude hipotecario que ella niega. La independencia de la Fed es considerada esencial para la estabilidad económica del país.

En el centro del debate está el precedente de Humphrey v. United States (1935), en el que la Corte determinó que el poder ejecutivo no podía remover a los funcionarios de agencias independientes. Si la Corte falla a favor de Trump, ese precedente sería anulada, lo que marcaría un cambio estructural en el equilibrio entre los tres poderes constitucionales.

Durante la audiencia, los seis magistrados conservadores mostraron una tendencia a apoyar la posición del Gobierno. El presidente de la Corte, John Roberts, señaló que la FTC actual difiere significativamente de la entidad de hace noventa años y que su estructura la hace más poderosa.

Por el contrario, las tres magistradas liberales expresaron su preocupación por la ampliación desmesurada del poder ejecutivo. La jueza Elena Kagan advirtió que la propuesta permitiría al presidente “tener un poder enorme, sin control ni límites, no sólo sobre sus funciones ejecutivas tradicionales, sino también sobre la creación de legislación”. Sonia Sotomayor, la primera latina en el máximo tribunal, añadió que “ni el rey, ni el Parlamento, ni los primeros ministros británicos tuvieron jamás la capacidad ilimitada de destituir al personal”. Ambas subrayaron la importancia de preservar la estructura de un gobierno donde el Congreso protege la independencia de ciertas agencias.

El abogado defensor de Slaughter, Amit Agarwal, recordó que las comisiones de múltiples miembros con protección contra el despido forman parte de la historia estadounidense desde 1790 y que el Congreso ha creado numerosas agencias independientes cuya estabilidad depende de esas garantías.

En decisiones anteriores, la Corte ya había permitido el despido del director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), argumentando que la entidad estaba encabezada por una sola persona. El presidente Roberts explicó que la sentencia de Humphrey se aplica a organismos con varios miembros que no ejercen funciones ejecutivas.