De un centro de detención financiado por la UE en Turquía a morir en las cárceles de El Asad

Abdulah al Akhras, un hombre de 32 años que un año antes de su muerte era un joven sano y trabajador en una fábrica textil de Bursa, Turquía, había soñado con encontrar refugio en Alemania. Según su hermana Mariam, “no había maldad en su corazón; era simpático y le gustaba hacer bromas, incapaz de hacer daño a nadie”. Su cuerpo, encontrado en la cárcel de Saidnaya, Siria, mostraba un rostro pálido, brazos delgados y un esqueleto extremadamente frágil, reflejo de los ocho meses que pasó bajo la custodia de las fuerzas de seguridad sirias tras ser deportado desde Turquía.

Investigación y revelaciones

El expediente número 852/Sh, gestionado por la Policía Militar siria, forma parte de decenas de miles de documentos internos y fotografías de detenidos que un alto cargo de la seguridad siria sacó del país después de la caída del régimen en 2023. Estos materiales fueron publicados esta semana por la investigación “Damascus Dossier”, en la que colaboran 25 medios coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), entre ellos EL PAÍS. El caso de al Akhras se ha convertido en un símbolo de la historia reciente de Siria y del fracaso de la comunidad internacional para proteger a la población civil.

Los Akhras proceden de Ghabaghib, una localidad de la provincia de Deraa, cuna de la revuelta contra Bashar al‑Asad en marzo de 2011. Abdulah, entonces de 19 años y en servicio militar, desertó junto a su padre, Huseín, cuando las fuerzas del régimen empezaron a reprimir las protestas con francotiradores, tanques y bombardeos. Se unió al Ejército Libre Sirio (ELS) y, en 2013, la familia buscó asilo en Jordania. Allí contrajo matrimonio con Marwa, tuvieron dos hijos y, sin papeles, fueron deportados por las autoridades jordanas.

De regreso a Deraa, Abdulah volvió al ELS y participó en la defensa de la provincia contra una ofensiva siria apoyada por Rusia e Irán. En 2018, tras la recuperación del control por parte del régimen y un supuesto acuerdo de reconciliación mediado por Moscú, la familia regresó de Jordania, pero el régimen no cumplió sus promesas. Ante la presión y el temor al arresto, la familia vendió parte de una propiedad y envió a Abdulah a Turquía en 2019.

En Turquía, Abdulah intentó obtener el estatus de protección temporal, pero las autoridades turcas, bajo el acuerdo antimigratorio de 2016 con la UE, fueron cada vez más restrictivas con los refugiados sirios. Sin documentos, se incorporó a una red que planeaba su fuga a la Unión Europea. En verano de 2023, mientras intentaba contactar a un traficante en Estambul, fue detenido, probablemente en uno de los numerosos piquetes móviles instalados en ciudades turcas para capturar a personas indocumentadas.

La policía turca utilizó el software GöçNet, financiado con al menos 9,3 millones de euros de fondos europeos, para identificar a Abdulah y enviarlo al centro de internamiento de Tuzla, un recinto de alta seguridad conocido por su hacinamiento y condiciones insalubres. A pesar de cumplir con los requisitos de asilo por ser desertor del ejército sirio, fue deportado a Siria, contraviniendo tanto la legislación turca como la europea que prohíbe la devolución a un país donde la vida del solicitante esté en riesgo.

Una vez en Siria, Abdulah fue trasladado a la prisión de Saidnaya, apodada “el matadero humano” por Amnistía Internacional, que estima que unas 13 000 personas fueron ejecutadas allí en los primeros cinco años del conflicto. Testimonios de otros presos, como Chaker Musa Alhboes, describen palizas, comida escasa (media taza de arroz o bulgur y piezas diminutas de verduras) y enfermedades como la tuberculosis, que acabaron por debilitar a Abdulah. A pesar de los sobornos pagados por la familia –según su padre Huseín, alrededor de 65 millones de libras sirias–, las visitas fueron breves y vigiladas. La última, el 16 de julio de 2024, duró siete minutos; los guardias impidieron que se le administraran los antibióticos que la familia había llevado.

El 5 de agosto, Huseín recibió la noticia de que el cuerpo de Abdulah había sido trasladado al Hospital Militar de Harasta. La fecha de fallecimiento, según los metadatos de la fotografía, es el 26 de julio de 2024. La familia exige justicia y que los responsables de su muerte sean llevados ante los tribunales.

El caso pone de manifiesto la responsabilidad indirecta pero significativa de la Unión Europea, que ha financiado con cerca de 1 000 millones de euros las instalaciones de detención y los sistemas de devolución de migrantes a través de Turquía. La Comisión Europea ha respondido que se toma en serio cualquier denuncia y que los fondos deben usarse conforme a las normas internacionales, pero también ha recordado a Turquía su obligación de evaluar caso por caso la seguridad de los retornados y de investigar exhaustivamente las irregularidades.