Un juez pide al autor de los protocolos para residencias pruebas de que se opuso a su contenido discriminatorio, según la acusación

Un juez ha solicitado al principal redactor de los protocolos de triaje para residencias, el médico Javier Martínez Peromingo, que aporte por escrito las pruebas de su oposición al contenido que consideró discriminatorio. La petición fue comunicada este miércoles por uno de los abogados que representan a las asociaciones de familiares de las víctimas.

La medida judicial se produce después de que Peromingo reiterara, en la audiencia del juzgado de Collado Villalba, lo que había manifestado el día anterior en la vista judicial de Plaza de Castilla: que había presentado una queja sobre dichos documentos al alto cargo sanitario que los encargó.

El contexto del caso y la posición de los implicados

Peromingo, que no ha concedido declaraciones a la prensa, está imputado en siete juzgados de la Comunidad de Madrid por muertes sin hospitalización que se produjeron durante la primera ola de la pandemia. Su versión resulta clave para determinar si existió un delito de discriminación en la prestación de un servicio público de asistencia sanitaria.

Según el relato de los abogados de las familias, Peromingo habría desviado la responsabilidad hacia el entonces director sanitario, Carlos Mur, quien también está imputado en varios procesos pero no se ha personado en ninguno. Mur, citado por El País, ha asegurado que no ha sido notificado y que está dispuesto a colaborar porque “las familias merecen conocer toda la verdad”. Otro investigado, Pablo Busca, exgerente de las ambulancias del Summa 112, tampoco ha comparecido.

El abogado de las familias, Carlos Castillo, explicó que Peromingo calificó de “excluyentes y discriminatorios” los criterios de acceso al hospital incluidos en las tres primeras versiones de los protocolos (18, 20 y 24 de marzo de 2020), pero no en la versión final del 25 de marzo.

Todos los protocolos recomendaban descartar la hospitalización de pacientes con dependencia mental o física. Las tres primeras versiones utilizaban la escala de Barthel (de 1 a 100) para medir la autonomía del paciente, mientras que la última introdujo un baremo de fragilidad del 1 al 9.

El origen de los protocolos se remonta a una reunión celebrada el 13 de marzo en el edificio Sollube, en el complejo financiero de Azca, sede de varios departamentos del Servicio Madrileño de Salud. En medio del temor a un colapso hospitalario, un grupo de geriatras hospitalarios, entre los que se encontraba Peromingo, fue convocado por Mur para definir cómo filtrar las solicitudes de hospitalización procedentes de las residencias. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunció que la medida buscaba que los mayores enfermos fueran atendidos directamente en sus residencias, como parte de una serie de medidas extraordinarias frente al coronavirus. Durante un mes, los geriatras aplicaron el triaje según esas directrices.

Tras cinco años de escaso avance judicial, en 2025 las familias de los fallecidos han conseguido avances significativos. Peromingo es uno de los cuatro exresponsables autonómicos imputados en distintos juzgados de la región. Este martes fue el primero en declarar ante el juzgado de instrucción 23 de Madrid.

En la audiencia del miércoles, en el juzgado 2 de Collado Villalba, Peromingo volvió a señalar que Mur firmó y difundió los primeros protocolos sin contar con la autorización de los geriatras. Además, negó que se hubiera producido una “medicalización” o refuerzo sanitario de las residencias bajo su responsabilidad, afirmando que en su zona no constan derivaciones a médicos. El triaje se aplicó a 47 residencias adscritas al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, en el sur de la comunidad.

El caso de Collado Villalba, que se tramita en el número 2 de instrucción de dicha localidad de la sierra madrileña, investiga la muerte sin hospitalización de Luis Yanci, de 72 años, en la residencia Sanitas Torrelodones. Su hija, Bárbara, volvió a declarar este miércoles y esperó bajo la lluvia, acompañada por una veintena de manifestantes.

También estuvo presente Yolanda Sanz, cuyo padre falleció a los 62 años en otra residencia de la zona. Sanz, que aún no ha podido personarse en este procedimiento, ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional. Al ver salir a Peromingo, lo confrontó con palabras de ira: “¡62 años y vas tan tranquilo paseando! ¿Me estás escuchando? ¡No tienes vergüenza! ¡Cinco años y ocho meses!”. Peromingo se mantuvo en silencio, se subió a su coche y se marchó.