Trabajo en negro y sin papeles la cruda realidad que nadie cuenta

Blimiro, un joven de 26 años natural de La Guajira, una región fronteriza entre Colombia y Venezuela marcada por la violencia de grupos armados, llegó a España a finales de 2024 con un título en Administración de Empresas, unos 2.000 euros ahorrados y un sueño claro: trabajar para reunir capital y abrir su propia concesionaria. Sin embargo, sin un contrato previo que le permitiera obtener un permiso de trabajo, intentó solicitar asilo, trámite que no prosperó. Tras cinco meses sin empleo, su única opción para permanecer en el país fue aceptar un trabajo no declarado en una empresa de la construcción en Málaga.

“Me tocaba aceptar todas las condiciones”, confiesa Blimiro, que prefiere mantener su apellido en reserva debido a su situación irregular. Entre esos términos, destaca una jornada de 10 horas diarias y un salario inferior a seis euros por hora, un 20% por debajo del convenio colectivo. Pero lo más grave, según su testimonio, fue que el pago era irregular: cobraba solo cuando al empleador “le daba por pagar” y estuvo trabajando sin recibir salario desde diciembre hasta que abandonó el puesto en febrero.

La economía sumergida, una realidad creciente

El trabajo no declarado, consecuencia directa de la irregularidad administrativa, es la realidad de cerca de medio millón de inmigrantes extracomunitarios en España. Esta cifra ha sido utilizada por el Gobierno para justificar un nuevo proceso de regularización previsto para abril. Según un estudio de febrero de 2025 de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el número de trabajadores extranjeros sin papeles se ha duplicado desde 2021, superando las 440.000 personas a finales de 2024. Esta cifra se deduce de la diferencia entre los extranjeros afiliados a la Seguridad Social (3,1 millones) y los ocupados registrados en la Encuesta de Población Activa (EPA), que superan los 3,6 millones y no contemplan el estatus legal de los trabajadores.

El fenómeno está transformando el mercado laboral español. Tras años de descenso en la economía sumergida, la tendencia se invirtió tras la pandemia, y este repunte se explica principalmente por la llegada de inmigrantes fuera de la UE. Mientras que entre los españoles y ciudadanos europeos la cifra de empleo en negro se ha mantenido estable, los extracomunitarios han pasado de representar menos de la mitad de los casos a concentrar cerca del 80% del total.

“El número de personas que trabajan en negro suele aumentar cuando la inmigración crece con fuerza y persisten las trabas para regularizar la residencia”, señala Florentino Felgueroso, profesor de Fedea y autor del estudio. Los datos apuntan especialmente a los inmigrantes latinoamericanos, el colectivo extranjero que más crece en España: uno de cada nueve trabaja sin estar de alta. “Llegas, pero no te encuentras con el país desarrollado que esperabas”, lamenta Blimiro.

Historias paralelas: sueños truncados y recuperados

• Daniela Proaño, ecuatoriana de 37 años, llegó a Málaga en 2021 con el objetivo de destacar como pastelera. Con formación en gastronomía y experiencia gestionando restaurantes en Quito, encontró en España una barrera insalvable: sus títulos no eran válidos y su currículum no era considerado.
• Sin contrato, no pudo regularizar su estatus y terminó en la economía sumergida, primero como camarera y luego en el servicio doméstico, dos sectores con alta concentración de empleo no declarado entre extracomunitarios.
• “Llega un momento en que pierdes el foco en tus metas y acabas creyendo que solo sirves para trabajar en negro”, reconoce Proaño, quien vivió cuatro años bajo esta condición, con sueldos irregulares y la amenaza constante de ser despedida si aparecía alguien con papeles.

El cambio llegó a finales de 2025, cuando una reforma migratoria redujo el tiempo mínimo exigido para el arraigo y flexibilizó otros requisitos. Proaño logró regularizarse y, desde hace dos meses, trabaja de alta como gerente en una cadena de restaurantes asiáticos en Málaga. Además, se ha inscrito en un curso de informática, un sector en auge, para ampliar sus oportunidades laborales.

Una luz al final del túnel

Blimiro, aún en situación irregular, confía en acceder al nuevo proceso de regularización que entrará en vigor en abril. Será el noveno desde la democracia, impulsado tanto por gobiernos del PSOE como del PP. Para optar a la medida, es necesario acreditar haber estado en España de forma irregular o haber solicitado asilo antes del 31 de diciembre de 2025. La permanencia puede demostrarse con documentos como citas médicas, certificados sociales, contratos de alquiler, comprobantes de envío de dinero o billetes de transporte.

“Ya tengo preparada toda la documentación”, asegura Blimiro. Con la regularización, su plan es seguir formándose: un amigo le recomendó un curso de instalación de paneles solares. “Hay uno que enseña a colocarlos y montarlos, y otro en mantenimiento”, explica con entusiasmo. Aunque su camino aún está por recorrer, ya visualiza un futuro distinto, donde el trabajo no sea sinónimo de explotación, sino de progreso.