La Cuenca explota contra las plantas de biometano y dice basta

La España rural vive un creciente malestar ante la proliferación de plantas de biometano en zonas con escasa densidad poblacional. En la provincia de Cuenca, el municipio de Campos del Paraíso —compuesto por cinco pequeñas localidades: Carrascosa del Campo, Loranca del Campo, Olmedilla del Campo, Valparaíso de Arriba y Valparaíso de Abajo— se ha convertido en el epicentro de una movilización vecinal contra tres proyectos de instalaciones para tratar residuos orgánicos mediante digestión anaeróbica. Con apenas 600 habitantes, la comarca teme verse transformada en un centro logístico para el tratamiento de desechos ganaderos, principalmente purines de cerdo, procedentes de otras regiones.

Uno de los proyectos en marcha prevé procesar hasta 140.000 toneladas anuales de residuos, una cifra que supera con creces la producción local. Los vecinos denuncian que estos volúmenes no responden a una lógica de economía circular, sino que implican el transporte de desechos desde zonas con ganadería intensiva, lo que incrementaría el tráfico de camiones —hasta 90 diarios— por carreteras secundarias y caminos rurales. Además, temen por los impactos ambientales: olores, contaminación de acuíferos y degradación de la calidad de vida en pueblos ya afectados por la despoblación. Dos de las plantas cuentan con informes urbanísticos favorables emitidos por la Diputación de Cuenca, mientras que la tercera se encuentra en fase de evaluación ambiental.

Un modelo energético en entredicho

La instalación más avanzada, promovida por ENCE —empresa conocida en el sector de la celulosa y ahora presente en el negocio de la biomasa—, pretende gestionar 90.000 toneladas de purines al año, una cantidad 28 veces superior a la que se genera en el propio municipio. “Aquí no tenemos ni ganadería intensiva ni extensiva”, asegura Carlos Muñoz, portavoz de la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural. Esta disparidad alimenta la sospecha de que los proyectos no responden a una necesidad local, sino a intereses industriales ajenos al territorio.

Otro de los puntos de conflicto es el digestato, el subproducto resultante del proceso de producción de biogás. Las empresas lo comercializan como biofertilizante, pero muchos agricultores locales desconfían de su utilidad. “Nos dicen que es un fertilizante, pero para muchos sigue siendo un residuo. Si fuera tan bueno, pagaríamos por él. Yo no lo pondría en mis tierras”, afirma Agustín Valencia, agricultor de 50 años. El profesor Máximo Florín, experto en Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, advierte del riesgo de que el digestato se extienda en suelos que drenan hacia el embalse que abastece la tubería de la Llanura Manchega, una infraestructura clave para el suministro de agua a numerosas localidades.

Rechazo social y movilización ciudadana

• Los vecinos organizan una manifestación bajo el lema “Ni en tu pueblo ni en el mío. Un territorio, un mismo no”.
• La movilización viene precedida de asambleas informativas y una campaña de firmas en Change.org que supera las 4.000 firmas.
• Plataformas como Stop Ganadería Industrial y Pueblos Vivos Cuenca respaldan la protesta.
• La Asociación Vecinal exige que se respete la “licencia social” y que las decisiones consideren el impacto territorial y comunitario.

Sara Mitrica, estudiante y vecina de la zona, critica que “este tipo de instalaciones apenas generan empleo local, y sin embargo, los jóvenes asumimos todos los impactos sin beneficiarnos de oportunidades laborales reales”. La preocupación también incluye el futuro inmobiliario y económico del territorio. Florín insiste en que los municipios que acogen estas plantas deberían recibir compensaciones por la pérdida de valor de sus propiedades y por el riesgo sobre figuras de calidad agroalimentaria.

El papel de las instituciones

La Junta de Castilla-La Mancha prepara un decreto para regular el emplazamiento de estas plantas, el tránsito de camiones y el uso del digestato. Aunque la autorización final corresponde a la comunidad autónoma, los ayuntamientos tienen un papel clave al emitir informes de compatibilidad urbanística. Si el planeamiento municipal excluye este tipo de instalaciones, el informe será negativo y la comunidad no podrá aprobar el proyecto.

El Ayuntamiento de Campos del Paraíso ha aprobado por unanimidad una moción en contra de las plantas. Su alcalde, Francisco Javier del Saz (PP), afirma que buscarán “poner todas las trabas posibles”, como la elaboración de una ordenanza de vertidos o la dilatación de plazos para justificar fondos europeos de descarbonización. “Legalmente no podemos negar la licencia, pero estamos al cien por cien con los vecinos”, subraya, y denuncia la falta de apoyo real al medio rural: “Hablan de despoblación, pero luego nos complican la vida con proyectos que no queremos”.

Desde la plataforma vecinal reiteran que no se oponen a la transición energética ni al desarrollo industrial en el campo, pero sí a un modelo que concentra múltiples instalaciones en un territorio pequeño, sin planificación ni participación ciudadana. “Queremos que se nos escuche. Aunque seamos pocos, tenemos derecho a decir que estos proyectos no cuentan con nuestro respaldo”, concluye Muñoz. La movilización en Carrascosa del Campo busca convertirse en un punto de inflexión para otras comunidades rurales que enfrentan realidades similares.