El consejo de Ribera Salud ordenó rápidas ganancias en el hospital de Torrejón

Vivalto Santé, el tercer grupo hospitalario francés, tiene previsto vender sus acciones en España en 2026, según fuentes empresariales citadas por EL PAÍS. Con esa estrategia, la matriz francesa habría indicado a su filial española, Ribera Salud, que identifique oportunidades de “ganancias rápidas” en varios hospitales del país, entre ellos el de Torrejón de Ardoz, pero también en Murcia y Vigo.

El 25 de septiembre, el director general de Ribera Salud para España, Pablo Gallart, se reunió con los altos mandos del grupo y con los responsables del Hospital de Torrejón. En esa sesión, según la grabación obtenida por el diario, Gallart ordenó “rechazar pacientes” para mejorar los resultados financieros, una directiva que indignó a los profesionales sanitarios presentes.

Instrucciones centradas en el EBITDA

Durante la reunión, Gallart declaró: “En Torrejón, en los años 2022 y 2023, hicimos un esfuerzo para reducir la lista de espera. Ahora pido que desandemos ese camino. No sólo hablamos de listas de espera; identifiquen los procesos que no contribuyen al EBITDA y elimínenlos, y centrémonos en los que sí lo hacen”. El hospital, gestionado por Ribera Salud bajo contrato con la Comunidad de Madrid, recibe un canon fijo anual por atender a la población pública; al recortar la actividad asistencial, la empresa puede reducir costes sin que disminuya ese ingreso.

Ribera Salud pretende “sanear” las cuentas de los hospitales españoles porque Vivalto necesita presentar unas finanzas atractivas a potenciales compradores antes de 2026, año que la compañía considera clave. Los accionistas de Vivalto, entre los que figuran Vivalto Partners, IK Partners, Arkea Capital y el fondo soberano emiratí Mubadala, temen que las elecciones francesas de 2027 introduzcan incertidumbre fiscal y reduzcan el gasto público sanitario.

El grupo opera una red de unos 100 establecimientos en seis países (Francia, Suiza, Portugal, España, República Checa y Eslovaquia) con un modelo mixto de propiedad: el 68 % del capital está en manos de fondos de inversión y el 32 % pertenece a médicos y empleados.

En la reunión de julio del mismo año, el consejo de la filial española de Ribera Salud definió una lista de centros en los que debía “incrementarse sustancialmente la rentabilidad en 2026”. Además de Torrejón, la lista incluía el hospital Povisa en Vigo, que atraviesa una grave crisis por la fuga de pacientes y personal, y varios establecimientos en Murcia, como la clínica CES de Badajoz, el hospital de Almendralejo o las clínicas cardiacas Cardiosalus. También se barajó la reducción de plantilla y del gasto en medios y asesores a nivel nacional.

Gallart, descrito por dos personas cercanas como un “hombre de Excel”, es el histórico director financiero de Ribera Salud y asumió el cargo de consejero delegado en mayo, junto al nuevo presidente francés Emmanuel de Geuser. Según Antonio Burgueño, presidente de Ribera Salud y defensor del modelo de cooperación público‑privada, el anterior presidente, Alberto de Rosa, chocó con la estrategia francesa porque “el enfermo es lo primero”. Burgueño añade que “el margen debía ser razonable, mientras que Gallart es un financiero que está en salud para hacer números”.

Tras la publicación de la información, Ribera Salud ha anunciado que Gallart se ha apartado de la gestión directa del Hospital de Torrejón, aunque mantiene su posición en la compañía. La empresa también ha despedido a cuatro directivos que denunciaron, a través del canal ético interno, vulneraciones de derechos de los pacientes.

La Comunidad de Madrid, a cargo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha convocado una reunión de urgencia con la alta dirección de Ribera Salud y ha enviado un equipo multidisciplinario al hospital para “constatar in situ la calidad de la prestación del servicio”. La Consejería de Sanidad ha indicado que solicitará de inmediato un nuevo encuentro con el máximo responsable de la compañía.

El Hospital de Torrejón, inaugurado en 2011 por la entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, es uno de los hospitales concesionados bajo el modelo de gestión privada. La empresa constructora asume la infraestructura y la gestiona, incluida la actividad clínica, durante 30 años, a cambio de un canon fijo que se ajusta a la población del área y de pagos adicionales por pacientes fuera de zona, mientras que se aplican penalizaciones si los vecinos eligen otro centro.

La oposición de izquierda en la Comunidad de Madrid ha señalado que esta noticia confirma sus sospechas de que las empresas sanitarias privadas priorizan los resultados económicos sobre la atención al paciente. La situación en Torrejón constituye, según afirman, una prueba clara de la tensión entre los objetivos mercantiles y la garantía de una salud pública de calidad.