Agricultura descarta de momento ayudas directas a las explotaciones afectadas por la peste porcina

El ministro de Agricultura, Luis Planas, se reunió este viernes con representantes de las cooperativas agrarias para abordar la crisis provocada por la peste porcina africana (PPA). Durante el encuentro, el titular del Ministerio mostró disposición a estudiar la activación de líneas públicas de crédito destinadas a los ganaderos, pero se mostró tibio respecto a la solicitud de las asociaciones para frenar la proliferación de la fauna silvestre y, por el momento, descartó la concesión de ayudas directas a las explotaciones ubicadas en la zona afectada.

Horas antes de la reunión, el Ministerio anunció la creación de un comité científico que hará seguimiento de la evolución de la enfermedad —hasta ahora, 13 jabalíes silvestres han dado positivo, sin que se haya registrado contagio en granjas— y propondrá medidas para controlar y erradicar el virus. Una semana después de los primeros casos confirmados en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), surgió una nueva hipótesis que apunta a un laboratorio que investiga una vacuna como posible origen del brote.

Creación del comité científico y nuevas hipótesis

“Un jabalí puede arruinar todo el sector porcino de España”, advertía Jaume Bernis, ganadero y responsable del sector porcino en la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganeros (Coag). Bernis y otras organizaciones han exigido al Gobierno la puesta en marcha de un plan nacional de gestión cinegética para la zona silvestre, sin obtener respuesta concreta.

Pere Roqué, presidente de Asaja Cataluña, denunció la falta de contundencia del Ministerio. “El ministro reconoce el problema que supone la superpoblación de jabalíes para los ganaderos, pero lamenta que no haya ofrecido una solución, salvo comprometerse a llevar el tema al comité de caza que se reunirá el próximo 10 de diciembre”.

Las cooperativas también plantearon la necesidad de vaciar preventivamente las granjas de la zona cero del brote —un radio de 20 kilómetros alrededor del epicentro—, trasladando los animales al matadero antes de tiempo. Insisten en que esta medida preventiva es esencial para garantizar la seguridad de las explotaciones y solicitan una compensación económica para los ganaderos afectados. “Nos respondieron que no pueden agilizar la ayuda para indemnizar a estas granjas y estamos decepcionados, porque era muy importante”, añadió Bernis. Según Rossend Saltiveri, responsable estatal del sector porcino en la Unión de Uniones de Agricultores y Ganeros, se trata de alrededor de 40 000 animales, lo que implicaría una ayuda de cuatro o cinco millones de euros, mientras que el sector arriesga casi 9.000 millones en exportaciones.

España ha gozado de 30 años de ausencia de PPA, una enfermedad que no representa riesgo para los humanos pero que es extremadamente mortal para los cerdos y amenaza a un sector clave de la economía nacional. En 2024, el país exportó cerca de 8.800 millones de euros en productos porcinos. La aparición del virus podría provocar el cierre de unos 20 mercados extracomunitarios que no aceptan productos procedentes de zonas afectadas, generando una caída inédita en el precio de referencia del cerdo vivo en España.

La Unión Europea y China, principales destinos de las exportaciones españolas, han adoptado la medida de regionalización, vetando únicamente el cerdo proveniente de la zona del brote. El Reino Unido y Corea del Sur mantendrán sus compras bajo el mismo esquema, aunque persisten dudas sobre la aplicación de la regionalización por parte de otros países terceros que cuentan con protocolos similares.

El encuentro del viernes fue convocado después de que las cooperativas enviaran una carta de protesta al Ministerio por la falta de respuesta a una situación que mantiene en vilo a todo el sector. “Valoramos positivamente la reunión”, declaró José Ramón Rodríguez, secretario de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), y lanzó un mensaje de tranquilidad, recordando que la PPA no supone riesgo para la salud humana.

El Ministerio sí se mostró abierto a estudiar la activación de líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para apoyar al sector, en línea con los recursos ya disponibles en la comunidad autónoma donde se detectó el brote, Cataluña. El Instituto Catalán de Finanzas cuenta con 50 millones de euros destinados a emergencias “climáticas y sanitarias”, y la Generalitat ha anunciado la aprobación de una línea de 10 millones de euros, ampliable en otros 10 millones para los sectores económicos afectados por la PPA.

El nuevo comité científico, presidido por la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez Castaño, permanecerá operativo mientras continúe el brote. Integrará a expertos del ámbito veterinario y ganadero, y podrá invitar a especialistas y representantes sectoriales según sea necesario. Entre sus funciones están la elaboración de un informe sobre la enfermedad, su evolución y las medidas a adoptar para contenerla, así como la publicación de un informe final de conclusiones una vez se erradique el virus.