Las bibliotecas se convierten en el último refugio de las personas sin hogar de Washington

Laquisha Spencer, originaria de Texas, vive en una carpa verde frente a la Biblioteca Pública Martin Luther King Jr., la más grande de Washington, D.C. Cada tarde barre la acera que da a la biblioteca y gran parte del día emplea los ordenadores del recinto para atender sus casos legales, que van desde la custodia de sus hijos hasta demandas contra la policía local y otras agencias. “Uso la biblioteca todo el tiempo, voy a desayunar allí y me dan mantas; después de los eventos nos regalan comida”, comenta. Su objetivo es terminar la carrera de Derecho una vez que consiga una vivienda estable.

La carpa de Spencer ya lleva un aviso de desalojo y, en los próximos días, la Policía Metropolitana la destruirá, arrojando a la basura todo lo que haya dentro. La mujer asegura que, en los cuatro meses que lleva viviendo en los alrededores de la biblioteca, le han quitado la carpa en tres ocasiones y que civiles la han pateado, mientras agentes de policía la han amenazado con spray de pimienta por “ser una persona sin hogar”.

El contexto de la expulsión de campamentos en Washington

Desde que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para “embellecer” el Distrito de Columbia, cientos de personas sin techo han sido desalojadas de sus campamentos en parques y espacios públicos. La medida ordenó la “remoción inmediata y limpieza de todos los campamentos de personas sin hogar o vagabundos”. La orden coincidió con el despliegue de cientos de tropas de la Guardia Nacional en la capital, que en muchas ocasiones han llevado a cabo la “limpieza”. Solo en agosto, la Casa Blanca informó que 50 campamentos fueron destruidos.

Tras un ataque que dejó a dos guardias nacionales gravemente heridos este miércoles, el presidente Trump y el Departamento de Defensa anunciaron el envío de otros 500 soldados de la Guardia Nacional a Washington D.C. Dada la limitada capacidad legal de los militares para ejercer funciones policiales, se prevé que este refuerzo intensifique la presión sobre la población sin vivienda.

La inflación, los altos costos de vida y alquiler, salarios estancados, la escasez de vivienda asequible, el creciente desempleo y los recortes a programas sociales y alimentarios son factores que empujan a muchos a la falta de techo. Según datos recientes, el 69 % de los estadounidenses vive mes a mes sin lograr ahorrar y está expuesto a la bancarrota ante cualquier imprevisto; alrededor de 8,9 millones de ciudadanos tienen dos trabajos para subsistir.

En Washington, una ciudad de poco más de 702 000 habitantes, se registran 5 138 personas en situación de calle, según el informe anual del Consejo de Gobiernos del Área Metropolitana. El 81 % de esta población se identifica como negra. Estas cifras son conservadoras porque no incluyen a estudiantes, familias o personas que viven en sus automóviles. Las carpas son la opción preferida de muchos sin techo frente a los albergues, cuyas limitaciones de espacio, horarios y condiciones de seguridad resultan poco atractivas.

Brian Holsten, quien vivió recientemente en un campamento del parque de la avenida Massachusetts, explica: “Una buena carpa te aísla del frío, puedes llenarla de mantas y almacenar tus cosas. Vives con tu propio horario”. Actualmente duerme a la intemperie bajo el techo que ofrece la fachada de la biblioteca Martin Luther King, pues prefiere la calle a los albergues para no tener que llegar antes de su cierre, ya que trabaja hasta tarde en un supermercado de Fairfax, Virginia.

Los albergues de la capital varían en tipo, horarios y restricciones de acceso. Existen tres albergues diurnos que atienden a cerca de 300 personas al día y, junto a la alcaldía y organizaciones sin ánimo de lucro, 20 albergues nocturnos que, aunque están abiertos 24 horas, tienen capacidad limitada por el número de camas disponibles. Para evitar muertes por hipotermia, la ciudad ha abierto albergues de paso y planea ofrecer 1 177 camas para hombres y 507 para mujeres en el pico del invierno, una cifra inferior a la del año anterior.

“Las personas se matan por las camas. Fui agredida varias veces en un albergue, especialmente por hombres. Muchos hombres no respetan a las mujeres y los guardias de seguridad no hacen nada. Prefiero quedarme aquí afuera”, afirma Laquisha Spencer, quien espera obtener una vivienda subsidiada en los próximos meses, en parte gracias a la alcaldía.

Bibliotecas como refugio y centro de apoyo

Antes de la destrucción de los campamentos ordenada por la administración Trump, las bibliotecas ya servían como refugio informal para personas sin hogar; hoy su papel se vuelve aún más esencial. “Dado que los albergues diurnos solo pueden atender menos del 5 % de la población sin techo, las bibliotecas se convierten en el único espacio público bajo techo al que pueden acceder sin ser expulsados durante el día”, explica Francesca Emanuele, doctoranda en antropología en American University e investigadora urbana.

En las 26 bibliotecas públicas de la ciudad, las personas sin hogar utilizan los ordenadores para buscar empleo, comunicarse, entretenerse, capacitarse y acceder a recursos que les ayuden a salir de la indigencia. El sistema bibliotecario ofrece el programa “We Care”, que brinda apoyo emocional, referencias para encontrar vivienda, tramitación de documentos de identificación y donaciones de ropa, entre otros servicios.

El aumento del uso de las bibliotecas por parte de personas sin hogar ha llevado a muchos bibliotecarios a asumir tareas propias del trabajo social. “El Gobierno los utiliza como si fueran personal de servicio social, intentando ocultar bajo la mesa los problemas estructurales de la ciudad, como los altos costos de alquiler, la escasez de viviendas públicas e inflación”, señala Emanuele.

Varios bibliotecarios, que prefirieron permanecer en el anonimato, relatan que “hay tantas peleas, sobredosis y conductas inusuales dentro de las bibliotecas” que deben recurrir a la DC Library Police, la policía especializada en bibliotecas, para manejar estas situaciones. “Hay veces más sobredosis de opioides en las instalaciones y hemos recibido invitaciones para capacitarnos en el uso de Narcan”, comenta una bibliotecaria. “No veo impedimento en ser capacitada, pero no estoy segura de que la biblioteca se convierta en un lugar seguro para el consumo de drogas”.

El equipamiento de bibliotecas con kits de naloxona no es una novedad en Estados Unidos. En octubre, un distrito de Nueva York aprobó una ley para colocar kits de rescate de naloxona en sus bibliotecas. “Las bibliotecas son más que depósitos de libros: son centros comunitarios, aulas, espacios para personas mayores, lugares para jóvenes, sitios de formación laboral y ahora, puntos de acceso que salvan vidas”, afirmó el senador estatal Steve Rhos, autor de la legislación.

Reginald Black, quien vivió en la calle y hoy trabaja como enlace de vivienda en la organización sin ánimo de lucro Serve Your City/Ward 6 Mutual Aid, señala que “nuestro Departamento de Salud lleva tiempo proporcionando Narcan. Además, a través de la biblioteca contamos con especialistas que trabajan específicamente con personas sin hogar”.

El Departamento de Servicios Humanos de Washington indica que en las bibliotecas públicas opera un programa de pares: profesionales certificados y capacitados por el Departamento de Salud Mental que conectan a las personas sin techo y a otros ciudadanos con los servicios disponibles en el distrito.

Para Emanuele, los nuevos roles que asumen los bibliotecarios son síntomas de un problema económico estructural que, de no ser abordado mediante una oferta real de vivienda digna, seguirá empujando a más personas a la calle y condenará a los escasos espacios públicos —incluidas las bibliotecas— a convertirse en refugios diurnos de última instancia.