El ataque a dos soldados en Washington aviva el debate sobre la inmigración y el despliegue de la Guardia Nacional

Un tiroteo perpetrado el pasado miércoles por un refugiado afgano dejó gravemente heridos a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental mientras patrullaban la zona de la estación de metro Farragut West, cercana a la Casa Blanca y a pocos días de la festividad de Acción de Gracias.

Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, abrió fuego alrededor de las dos de la tarde contra los guardias Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24. Beckstrom falleció esa misma noche tras recibir dos disparos, uno en el pecho y otro en la cabeza; Wolfe se encuentra en estado crítico tras una intervención quirúrgica de emergencia. El agresor fue detenido en el lugar tras un intercambio de disparos en el que también resultó herido.

Reacciones políticas y medidas migratorias

Lakanwal llegó a Estados Unidos el 8 de septiembre de 2021 como parte del programa de reubicación de afganos que colaboraron con el ejército y la CIA durante la guerra contra los talibanes. El llamado “Programa de Vuelos de Evacuación” –aprobado durante la administración de Joe Biden– logró trasladar a aproximadamente 76 000 afganos a territorio estadounidense, garantizando una revisión de seguridad exhaustiva antes de concederles estatus temporal de dos años. De esos beneficiarios, más del 40 % obtuvo visas especiales de inmigrante (SIV) por los riesgos asumidos en sus funciones.

Tras el tiroteo, el presidente Donald Trump y sus colaboradores acusaron a la administración Biden de haber permitido la entrada de Lakanwal y de “poner en riesgo la seguridad nacional”. Trump anunció la suspensión de la revisión de los casos de inmigración afgana y ordenó una re‑evaluación de los permisos de residencia otorgados bajo el mandato anterior. En respuesta, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) indicó que pausará el procesamiento de nuevas solicitudes de afganos mientras se revisan los protocolos de seguridad.

Organizaciones defensoras del proceso de reubicación advirtieron que la tragedia podría ser instrumentalizada con fines políticos. Shawn VanDiver, presidente de la ONG #AfghanEvac, declaró: “No queremos que el comportamiento de un individuo sirva para estigmatizar a toda una comunidad que arriesgó su vida por los Estados Unidos”.

El presidente también aprovechó el suceso para intensificar su agenda migratoria. Entre las medidas anunciadas se encuentran:

• Orden al ICE de intensificar la detención y deportación de inmigrantes en situación irregular.
• Revisión de los casos de 200 000 refugiados admitidos durante la administración Biden.
• Eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de varios países, entre ellos Venezuela, Sudán del Sur, Siria y Afganistán.
• Reexamen exhaustivo de las tarjetas de residencia (Green Card) otorgadas a personas provenientes de países considerados “de riesgo”.

En paralelo, la presencia de la Guardia Nacional en áreas urbanas sigue generando controversia. El presidente había autorizado en agosto el despliegue de 2 600 efectivos en Washington D.C., describiendo la medida como una respuesta a una “emergencia criminal”. Sin embargo, funcionarios locales y grupos de derechos civiles han cuestionado la constitucionalidad y la necesidad de dicha presencia, llegando a presentar demandas que buscan la retirada de las tropas. Un juez federal concedió un plazo hasta el 11 de diciembre para que el gobierno cumpla con la orden de retirar a los guardias.

A pesar de la oposición, tras el ataque de Lakanwal el presidente anunció la incorporación de 500 efectivos adicionales de la Guardia Nacional a la capital, una decisión que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, calificó de “inadecuada” y pidió que los soldados regresen a sus hogares en Virginia Occidental.

El episodio ha reavivado el debate sobre la seguridad interior, la política migratoria y el papel de las fuerzas estatales en la vida cotidiana de las ciudades estadounidenses, mientras la nación espera el desenlace de los procesos judiciales y administrativos que seguirán al tiroteo.