Juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | Una de las mujeres vinculadas al exministro: En ningún momento Ábalos me dijo: Oye, te he enchufado

La segunda jornada del juicio contra el exministro socialista José Luis Ábaló se centró en la presunta contratación irregular de dos mujeres vinculadas al político –Jessica Rodríguez, su expareja, y Claudia Montes– en empresas públicas adscritas al Ministerio de Transportes. El fiscal acusó a Ábaló de ejercer “presión moral” para que se les concedieran puestos en la entidad pública, mientras la defensa intentó desvirtuar la versión de los testigos.

Testimonios clave

El día comenzó con la declaración de Óscar Gómez Barbero, jubilado y antiguo director de Operaciones y Negocios de Renfe y consejero‑director de Logirail, filial de Renfe donde fue contratada Claudia Montes. Gómez Barbero admitió que, al incorporarse a la empresa, sabía que el puesto asignado a Montes no era “el ecuo”, pero sostuvo que la razón de su falta de actividad era que el puesto no estaba adecuadamente definido, no que la trabajadora se negara a desempeñar sus funciones.

Posteriormente, Miguel Fernández Infante, responsable de otra entidad pública, confirmó que Ábaló había intervenido para la contratación de Jessica Rodríguez en esa organización, aunque no precisó si existía alguna irregularidad en el proceso de selección.

Amparo Monterrey, secretaria general de Ineco, empresa pública donde Rodríguez recibió 34.477,84 euros entre marzo de 2019 y diciembre de 2021, declaró que, según los registros internos, la expareja de Ábaló figuraba como “prestadora de servicios”. Señaló que la trabajadora cumplía con la cumplimentación de partes de trabajo a través de su usuario y DNI, y que se mantenían intercambios de correos electrónicos con sus superiores. No obstante, Monterrey admitió desconocer las tareas concretas que desempeñaba Rodríguez, aludiendo a que, en proyectos externos, el personal de Ineco no siempre tiene visibilidad de las actividades realizadas por los empleados en la oficina del cliente.

Claudia Montes, ex miss Asturias y presunta “enchufada” en Logirail, sostuvo que nunca recibió de Ábaló la frase “te he enchufado”. Aseguró que avisó al exministro de que sufría acoso laboral y que fue despedida mediante burofax mientras se encontraba de baja por dicha causa. Montes también afirmó haber acumulado hasta 80 horas extra, equivalentes a más de 21 días compensatorios, durante su relación laboral con la empresa pública.

En su relato, Montes describió el puesto que se le asignó como “un sitio sin ordenador, de cara a la pared, sin escritorio”, lo que la obligó a pasar gran parte del tiempo leyendo en la biblioteca de Oviedo. Declaró que su jefe directo era Koldo García, a quien dirigió sus quejas y que, según ella, “en todo momento fue mi superior”.

La audiencia también incluyó la intervención de Angélica Martínez Ortega, ex secretaria general técnica del Ministerio de Transportes durante la pandemia. Ortega explicó que redactó las dos órdenes ministeriales que habilitaron la compra de mascarillas a Puertos del Esto e If, por un total de 13 millones de euros. Indicó que su papel se limitó a garantizar el encaje normativo y que las decisiones sobre proveedores y cantidades provenían del subsecretario Jesús Manuel Gómez García, añadiendo que “las órdenes me venían dadas”.

El tribunal, tras el testimonio de Monterrey, suspendió la sesión hasta las 15.30 para escuchar a Isaías Táboas Suárez, expresidente de Renfe, y retomó posteriormente el interrogatorio de varios testigos, entre ellos el exdirector gerente de Logirail, José Ángel Menéndez. Menéndez afirmó que, aunque inicialmente se informó de que Montes no trabajaría, se abrió un expediente disciplinario que finalmente no se formalizó; también descartó cualquier presión ejercida por Koldo García para favorecer la contratación.

Finalmente, el juzgador, presidente del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta, limitó el tiempo dedicado a la cuestión de la compra de mascarillas, indicando que la segunda jornada estaba destinada a esclarecer las contrataciones de Rodríguez y Montes, aunque permitió que el interrogatorio a Martínez Ortega continuara para evitar incomodidades a la testigo.