El dilema de las autodeportaciones: perseguidos en Estados Unidos y sin saber cómo salir

El gobierno de Donald Trump ha impulsado la “autodeportación”, un eufemismo que alude al retorno voluntario de migrantes indocumentados a sus países de origen. En la práctica, la medida se ha convertido en una presión constante para que los migrantes abandonen EE. UU. antes de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión de regresar, sin embargo, no siempre resulta sencilla y, en muchos casos, termina en detención.

El caso de Mireya y la polémica aplicación CBP Home

Mireya, ciudadana mexicana que vivió 18 años en Estados Unidos, ingresó al país de manera legal en 2008, pero permaneció más allá del tiempo permitido sin regularizar su estatus. En busca de tratamiento médico, decidió regresar a México. Cuando se encontraba en el aeropuerto de Oklahoma, a punto de embarcar, la policía la detuvo y la entregó a agentes del ICE, quienes también arrestaron a su marido y a dos de sus hijos. Los cuatro fueron trasladados al centro de detención de Bluebonnet, en Texas.

Según su abogada, Wendy Rodríguez, la familia fue interceptada sin orden judicial y sin que la autoridad conociera su domicilio, lo que sugiere una coordinación previa entre la policía local y el ICE. Mireya no utilizó la aplicación CBP Home, la herramienta digital que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) promociona para facilitar la autodeportación a cambio de un “bono de salida” que comenzó en 1 000 USD y se elevó a 2 600 USD, además de un vuelo gratuito.

“Que Mireya hubiese usado la aplicación no habría garantizado que no fuera detenida”, advierte Rodríguez. “Los datos que se ingresan quedan registrados y pueden ser utilizados en contra de los migrantes”. La abogada también señala que varios usuarios del programa han denunciado no haber recibido el dinero prometido, lo que alimenta la desconfianza.

Para registrarse en CBP Home es necesario proporcionar información personal y una fotografía. A cambio, el DHS asegura una “prioridad temporal” para evitar la detención por ICE y la posibilidad de acceder a beneficios de cumplimiento antes de la salida. Sin embargo, la incertidumbre persiste: al suministrar sus datos, los migrantes podrían facilitar su identificación y posterior detención, mientras que al no usar la herramienta corren el riesgo de ser interceptados en el aeropuerto, como le ocurrió a Mireya.

Los abogados de inmigración no tienen una postura unánime. Mary Armiste, especialista que capacita a profesionales del derecho migratorio, reconoce la “fiabilidad cuestionable” del programa y aconseja a sus clientes consultar a un abogado antes de decidir si utilizan la aplicación. Según ella, el mayor problema es que muchas personas intentan acceder a los beneficios sin cumplir los requisitos de elegibilidad.

En la práctica, solo una minoría de migrantes es elegible para el programa: quienes han tenido contacto previo con la Patrulla Fronteriza o quienes ingresaron bajo un programa de parole específico, como los destinados a ucranianos, afganos, cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. La mayoría de los que buscan regresar de forma voluntaria lo hicieron de manera clandestina y no aparecen en los registros oficiales, lo que convierte la entrega de sus datos en una exposición a posibles medidas coercitivas, incluida la detención o la expulsión.

Otro punto controversial es la información que el ICE brinda a los detenidos en los centros de retención. Los abogados denuncian que los agentes a menudo ofrecen datos incompletos o engañosos, lo que dificulta que los migrantes comprendan sus derechos y opciones.

El DHS también promociona que, al usar CBP Home, los migrantes no tendrán que esperar de cinco a diez años para volver a ingresar legalmente a EE. UU., como ocurre con los residentes expulsados. No obstante, es necesario que los procesos de deportación se cierren antes de abandonar el país; de lo contrario, al salir sin cumplir con una citación judicial se activa una prohibición de diez años para regresar.

En diciembre, la entonces portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, declaró que la administración Trump estaba batiendo récords históricos, con más de 2,5 millones de extranjeros indocumentados que habían abandonado EE. UU., de los cuales 605 000 fueron deportados y 1,9 millones se habrían “autodeportado”. Expertos independientes cuestionan esas cifras. Edward Kissam, del Werner‑Kohnstamm Family Fund, sostuvo que la estimación de 1,6 millones de autodeportaciones para septiembre era una “fantasía interesada”, y advirtió que la imposibilidad de registrar a los que no usan la aplicación dificulta la veracidad de los datos oficiales.

La detención de migrantes justo antes de su salida, como el caso de Mireya, genera dudas sobre los verdaderos objetivos de una política que, bajo la apariencia de fomentar el regreso voluntario, podría estar destinada a penalizar a quienes permanecen en el país sin autorización y a mantener a los detenidos en los centros de retención el mayor tiempo posible.

Ante la constante evolución del marco legal desde la llegada de Trump, los abogados siguen sin encontrar una alternativa clara. “La realidad es que ahora no existe una mejor opción”, concluye Wendy Rodríguez.